Lamentamos que pocos hayamos sido los que advertimos desde hace más de seis años lo que sucedía y podía ocurrir con esta compañía, en la cual la ciudadanía de Medellín tiene una participación significativa. Ahora tiene el riesgo de ser contaminada por el criterio político.
Editorial
Una de las razones por las cuales la sociedad colombiana no es prospera y no logra grandes avances y desarrollos y ni siquiera intentar ponerse a nivel del primer mundo, es que sus visiones terminan siendo muy cortas a la hora de analizar las situaciones que tienen en las manos, y lo peor de todo es que les terminan metiendo política.
Y cuando la política se inmiscuye en las oficinas en donde se tienen que tomar decisiones con base en números, indicadores, resultados, rendimientos y temas técnicos, se terminan tomando decisiones irracionales, y sobre todo, que finalizan en generando prejuicios y no beneficios.
El ciudadano promedio de Medellín no tiene la más remota idea de la cantidad de empresas en las que la ciudad se tiene participación, y menos sabe lo que acontece con ellas: si son rentables, si generan un valor en su operación o si son empresas que están beneficiando a privados. Una de ellas es, por ejemplo, las fotos multas, que ya la hemos analizado en una gran cantidad de editoriales.
En el caso de Tigo-Une, ha sido un recorrido de los últimos siete años donde la compañía ha tenido innumerables eventos que han merecido el control ciudadano, del concejo y las entidades competentes abonando para que los recursos públicos sean bien invertidos. No habría que mirarlos con un sesgo, pue ahí ya entraríamos a observarlo con política.
El negocio de las telecomunicaciones históricamente ha sido altanamente desfavorable para los Gobiernos en el mundo, y con base en eso, distintas agencias y consultorías han mencionado en varias oportunidades que los Estados no tienen que estar haciendo nada en este sector, pues es campo altamente competitivo que demanda mucho capital e inversiones y las entidades gubernamentales no pueden descuidar las necesidades ciudadanas para entrar a competir con empresas privadas.
Esto por ejemplo lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ese club al que Colombia hace parte y por una razón misteriosa no lo han sacado. Podríamos mirar el ejemplo de Coctel, el cual el Estado colombiano tiene el 33,5% de esa empresa donde son socios los españoles de Telefónica. Los mismos que fueron vetados por el Gobierno de Perú por actos de corrupción.
Y en el caso de Colombia, es bueno mirar cuánto dinero le ha entregado esa sociedad al Gobierno colombiano: una cifra $0. Todo lo contrato, en el caso de Coctel han hecho reformas tributarias. La última de ellas la más notoria, la del Gobierno de Juan Manuel Santos en donde millones de dólares de los impuestos de los colombianos se fueron para financiar Telecomunicaciones, que ha vendido torres, infraestructura y luego con esas empresas contrata arrendamientos y envían todo su capital para España.
Vale la pena preguntarse, y lo decía el alcalde Quintero en este medio, Tigo cuántos recursos le ha entregado a Medellín, pues si es una empresa en la que la ciudad tiene participación lo más normal es que esa compañía le entregue un beneficio económico.
A finales de los años 18 y 19 distintas consultorías le dijeron a EPM, en medio de la contingencia de Hidroituango, que vendieran pero el Concejo de esa época y la administración de Federico Gutiérrez hicieron caso omiso y permitieron dejar que lo de Tigo siguiera.
Hoy lo que la ciudad tiene que hacer en medio del debate político es rodear la institucionalidad y no a Daniel Quintero, pues entendemos que la polarización es tan fuerte en Medellín que concejales que sabían tenían que vender votaron que no, y lo admitieron públicamente.
Tiene que ser la ciudad la que haga frente a esta situación, la Alcaldía de Quintero termina en escasas 16 semanas e intentar hacer el mejor negocio posible, pero que no terminemos perdiendo dinero. Estamos hablando que pasamos de poder cobrar hasta 3 billones de pesos a salir con un 2% y cerrando la puerta del edificio de manera penosa.
Que bueno sería que por primera vez en muchos años, la ciudad vuelva a conectar los intereses colectivos por encima de los políticos y de los odios, e hicieran un acto de conciencia para recuperar el patrimonio público.
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