EDITORIAL
No se puede seguir sintiendo en el ambiente que se le están protegiendo los malos procedimientos a los contratistas, como tampoco que hay intereses ligeramente políticos y de figuración.
Algunas personas se han equivocado en su vida entrando al escenario público para ocupar distintos cargos de elección popular y otros que llegan por nombramiento pero estos creen que llegan y son dueños de las cosas, hablando como dueños de lo público; se toman atribuciones que no les corresponden, el poder se les sube a la cabeza y en muchos casos terminan trabajando para actores privados y protegiendo todos sus intereses.
Para pesar de muchos y de cierto sector económico en Antioquia, Empresas Públicas de Medellín sigue siendo, precisamente, pública con una penetración jamás antes vista a través de la junta directiva y a través de la contratación. No se entiende por qué a veces solo se puede trabajar con tres o cuatro contratistas de un mismo grupo, o por qué en la junta directiva siempre tiene que haber representación de ese grupo empresarial.
Según Luis Pérez, los ocho errores constructivos que expuso este lunes en la Asamblea de Antioquia al parecer fueron extraídos de documentos de estudio dejan muy mal parado a Empresas Públicas de Medellín y a la Alcaldía de Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y en parte a la actual Administración. Aquí todos tienen responsabilidades compartidas, y si miramos desde la actual Administración de Epm hay una clara negligencia desde que se toma la obra como nueva gerencia de Empresas Públicas, hasta cómo se atiende la crisis, pues el mismo gobernador ha dado a entender lo que todos vimos pero que ahora niegan: que Epm decía en un comienzo que no era un problema mayor, que solamente bastaba con explotar unos túneles y que todo volvería a la normalidad; después dijeron que sí era medianamente grave, y Epm siempre trató de llevar las cosas como no eran y así quedó demostrado.
También, esta actual administración comete un error en no haber advertido las alertas que se habían registrado en las actas de interventoría pasadas desde el año 2013 en adelante, pues esta administración ya era la responsable de esta obra y más aún porque la iba a poner en marcha.
Obviamente, la gran responsabilidad la tiene la pasada junta directiva de Empresas Públicas y que hay buena parte de ellos en la actual como también la que estaba en la Alcaldía de Alonso Salazar y la misma gerencia de ese entonces encabezada por Federico Restrepo. Hay una serie de actos que no tienen coherencia y que carecen de una lógica de la contratación pública en cuanto al procedimiento correcto a la hora de sacar adelante el megaproyecto hidroeléctrico más importante del país; tienen que explicar por qué fueron tan laxos con los contratistas, por qué los protegieron tanto, por qué no pusieron por encima el interés del patrimonio público, pues esta es una realidad que no la pueden negar y que ya está demostrada, por lo que insistimos: es una responsabilidad compartida de tres administraciones.
Epm tiene que desmentir, si es el caso, punto por punto los ocho errores que fueron presentados por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, pues de lo contrario se va a entender que las denuncias penales en contra de él y de la concejal de Medellín Luz María Múnera no son más que una cortina de humo. Se tiene que explicar el carrusel de puestos que se ha dado entre el sector privado y personas que estaban en Empresas Públicas, quienes cuando se encontraban en dicha empresa contrataron con las empresas privadas que ahora son sus empleadores y que eso, evidentemente, no es más que una puerta giratoria y un evidente pago de favores.
Sería necesario que el fiscal Néstor Humberto Martínez agilice las investigaciones que adelanta sobre Hidroituango, como también que se pongan en contexto y en comparación las dificultades económicas y los hallazgos reportados por la Contraloría General de la Reública, pues lo que tenemos son tres frentes de guerra abiertos: el de la Contraloría, Fiscalía y el del daño de la obra, y lo que falta, que para algunos es lo peor como para otros puede ser una tabla de salvación.
Respecto a la actuación de la clase política, hay una parte de ella muy apegada a cuidar sus intereses y sus buenas relaciones con el sector privado, otros con la Alcaldía, y otros con la Gobernación, no es más que una repartición de cargas. Están dejando de lado el interés público antioqueño, que tiene que ver con saber cómo se va a recuperar Hidroituango; cómo se va a estabilizar Empresas Públicas; en cuanto a esto, se puede afirmar que hay un consenso en que la junta directiva tiene que ser renovada en un cien por ciento por responsabilidad y costo político, no tanto así que renuncie el actual gerente pero sí la junta directiva, y más allá de eso, que entre el gobernador Pérez y el alcalde Gutiérrez exista un buen flujo de información sin afectación e intoxicación de empresas privadas, y con el acompañamiento de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Asamblea de Antioquia y del Concejo de Medellín; tiene que existir una mesa conjunta que se reúna por lo menos cada diez días para tomar decisiones y que tengan estas mismas un carácter vinculante y de imperante ejecución, todo para salvaguardar el interés público.
Sobre las denuncias penales, hay que decir que Epm está en todo su derecho de hacerlas. Realmente dudamos desde esta tribuna que el gobernador Pérez haga semejante tamaño de denuncia de listas negras y estas no existan, es un imposible; no creemos que el gobernador se atreva tanto, y por lo menos a lo que este medio de comunicación respecta sí tenemos que decir que el trato desde la Alcaldía de Medellín ha sido deferente, abierto y amable, no tanto de Empresas Públicas, que sí tenemos nuestras reservas y dudas sobre que existan o no quizá no listas negras, pero sí unos círculos con los cuales ellos no quieran congeniar o conversar porque saben que no están alienados cien por ciento a lo que ellos quieren que hagan todas las personas.