Mientras Colombia se enreda esta semana en una discusión constitucional sobre si una congresista del Pacto Histórico tiene o no la facultad de suspender al presidente de su propio partido, el Global Peace Index 2026 entrega un dato que debería paralizarnos: la violencia le cuesta al país el equivalente al 15,2% del Producto Interno Bruto. No es una metáfora. Es una cifra calculada en dólares, en hospitales no construidos, en carreteras sin pavimentar, en empleos que nunca llegaron a las regiones donde un grupo armado llegó primero.
Colombia ocupa hoy el puesto 141 entre 163 países en el índice de paz global. Es el país menos pacífico de Sudamérica. Y no estamos hablando de un indicador nuevo que sorprende: es una tendencia que se ha profundizado consistentemente durante el gobierno de Gustavo Petro, justo el gobierno que llegó al poder prometiendo la «Paz Total».
Los números son brutales en su precisión. En los primeros dos meses de 2026, los homicidios alcanzaron su nivel más alto para ese periodo desde 2015. Las masacres crecieron un 13%, tanto en número de eventos como en víctimas. El secuestro aumentó un 12%. Los grupos armados ilegales pasaron a tener 27.000 combatientes activos —un crecimiento del 23% en apenas un año. El índice cayó un 4,7% respecto a 2025. Cada uno de esos puntos porcentuales representa vidas rotas y riqueza destruida.
El costo que nadie quiere ver
Hagamos el ejercicio que los políticos evitan. El PIB de Colombia ronda los 400.000 millones de dólares. El 15,2% de esa cifra equivale a cerca de 60.000 millones de dólares anuales que el país pierde o deja de producir por culpa de la violencia. Para ponerlo en perspectiva: eso es más de lo que Colombia invierte en educación y salud sumadas. Es el presupuesto de varios años de obras de infraestructura. Es, en términos concretos, la diferencia entre un país que avanza y uno que corre en reversa.
Ese dinero no desaparece en abstracto. Se concreta en el campesino del Catatumbo que no puede cultivar porque el ELN controla las carreteras. En el empresario del Caribe que paga vacunas al Clan del Golfo y las descuenta como «costo operativo». En el turista extranjero que no llega a regiones de enorme potencial porque los índices de riesgo lo disuaden. En la multinacional que analiza invertir en Colombia y elige un vecino porque los costos de seguridad privada hacen inviable el proyecto. La violencia no solo mata personas: mata oportunidades.
La Paz Total: un fracaso que las cifras certifican
Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia en agosto de 2022, su propuesta estrella fue la «Paz Total»: negociar simultáneamente con todos los grupos armados, apostar por el diálogo frente a la acción militar, transformar las condiciones sociales que —según su diagnóstico— alimentan la violencia. Era una apuesta ambiciosa que muchos colombianos respetaron, incluso quienes no compartían la ideología del mandatario.
Cuatro años después, el Índice Global de Paz 2026 certifica el fracaso de esa apuesta. No como opinión, sino como medición externa e independiente. La «Paz Total» no produjo paz. Produjo expansión territorial de los grupos armados, que aprovecharon las treguas y los diálogos para rearmarse, reclutar y consolidar economías ilegales. Produjo un ELN más fuerte, un Clan del Golfo con mayor presencia urbana, y disidencias de las FARC que hoy controlan territorios que el Estado abandonó en nombre de la negociación.
La lección no es nueva, pero Colombia parece incapaz de aprenderla: la seguridad no se negocia como si fuera un contrato comercial. Se ejerce. El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza no como capricho, sino como condición para que todo lo demás funcione: la economía, la justicia, la democracia, la vida digna. Cuando ese monopolio se cede —parcialmente, temporalmente, con buenas intenciones— el vacío lo llena quien tiene las armas.
Lo que los candidatos deben explicar
A diez días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el debate electoral ha sido secuestrado por el escándalo de la semana. Pero hay una pregunta que los colombianos merecen que tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda respondan con claridad y con cifras: ¿cómo van a recuperar los 60.000 millones de dólares que la violencia le roba al país cada año?
No basta con decir «seguridad» o «diálogo». El país necesita saber qué pasará con los grupos armados que no cumplan los acuerdos, quién financiará el fortalecimiento de la Fuerza Pública en las regiones olvidadas, cómo se blindará la inversión privada en zonas de conflicto, y qué señales concretas se enviarán a los mercados internacionales de que Colombia está recuperando el control de su territorio.
La seguridad no es un tema más en la agenda. Es el prerequisito de todos los demás. Sin ella, la promesa de crecimiento económico es una ilusión. Sin ella, la equidad social es un horizonte que siempre retrocede. Sin ella, la libertad —esa palabra que los políticos invocan tanto y practican tan poco— no existe para el colombiano que vive bajo la sombra de un fusil ajeno.
El país que podríamos ser
Colombia tiene costas en dos océanos, biodiversidad sin par, una población joven y emprendedora, recursos naturales, vocación agrícola y un empresariado que ha demostrado resiliencia ante adversidades que habrían quebrado a economías más frágiles. Las condiciones para ser un país próspero están. Lo que falta —lo que ha faltado durante décadas y lo que el gobierno que termina agravó— es el orden mínimo que permite que esas condiciones se conviertan en bienestar.
Ese 15,2% del PIB no es una condena permanente. Es el costo de no haber tomado las decisiones correctas. Y es, también, la oportunidad más grande que tiene el próximo gobierno: si Colombia logra recuperar la seguridad, no como obsesión punitiva sino como condición para la libertad y el desarrollo, el crecimiento puede ser extraordinario.
Mientras tanto, el país seguirá pagando la factura más cara y más injusta de todas: la de una violencia que nos roba el futuro en silencio, mientras la clase política discute quién tiene el poder de suspender a quién.
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