La noche del 31 de octubre, lo que debería ser una celebración de disfraces y encuentros familiares, se ha transformado en muchas ciudades de Colombia en un ritual de miedo e intimidación. Miles de motocicletas recorren los corredores urbanos tapando o alterando placas, sin luces ni espejos, con acompañantes disfrazados y, en numerosos casos, con la intención de cometer hurtos, fleteos y agresiones.
Estas caravanas de la muerte de Halloween, que algunos presentan como simples “rodadas” o “desfiles”, se han convertido en un escenario de anonimato y descontrol.
Los alcaldes que han intervenido lo han hecho con medidas concretas. Bogotá, por ejemplo, emitió restricciones temporales que prohíben la circulación con parrillero y limitan el tránsito nocturno de motos en corredores estratégicos, apoyadas por un despliegue policial y controles de tránsito.
La decisión generó rechazo de algunos sectores de motociclistas, pero respondió a un objetivo claro: preservar el orden público y reducir el riesgo de delitos en fechas de mayor aglomeración.
No se trata de estigmatizar a los motociclistas, que son millones y cumplen un rol vital en la movilidad y la economía, sino de enfrentar una práctica concreta a los organizadores de caravanas que promueven la impunidad colectiva.
En varias ciudades, las autoridades locales han optado por medidas similares: desde la prohibición de caravanas hasta la restricción del acompañante o la limitación horaria para la circulación de motos.
El argumento de quienes se oponen a que las medidas afecten a quienes usan la moto para trabajar o moverse legítimamente es válido, pero no puede ser excusa para la inacción. Las autoridades tienen herramientas proporcionales y específicas: decretos temporales, cierre de vías en horarios puntuales, puntos de control, inmovilización de vehículos irregulares, identificación y sanción de organizadores, y campañas de comunicación que distingan entre usuarios legítimos y quienes instrumentalizan la fecha para delinquir.
Además, es imprescindible coordinar la medida con la Policía Nacional y las secretarías de movilidad para evitar arbitrariedades y proteger derechos.
La tolerancia frente a estas caravanas tiene costos humanos y sociales: hay registros de riñas, homicidios y hurtos relacionados con rodadas masivas en años recientes; familias que pasan miedo; usuarios del transporte público y peatones que se convierten en blanco por el solo hecho de estar en la calle a la hora equivocada.
Permitir que una noche al año se convierta en “la noche de la purga” equivale a conceder una franja de impunidad que erosiona la convivencia.
Por eso, la petición es sencilla y responsable: los alcaldes de las principales ciudades del país deben prohibir las caravanas de motocicletas que no cuenten con autorización expresa y, en los periodos críticos, restringir la circulación de parrilleros y la movilidad nocturna en corredores vulnerables.
Quienes infrinjan las normas deben responder con las sanciones previstas como multas, inmovilización de vehículos y bloqueo de registros, sin descuidar el debido proceso ni el respeto a los derechos ciudadanos.
También es necesario acompañar la represión jurídica y administrativa con políticas preventivas: campañas educativas sobre movilidad segura, incentivos para eventos culturales autorizados que ocupen el espacio público de manera controlada, y alternativas para que los jóvenes celebren sin exponerse ni exponer a terceros.
La intervención urbana iluminación, cámaras, presencia policial focalizada, transporte público reforzado reduce los riesgos y desincentiva la formación de caravanas. No todo es prohibición; la prevención activa salva vidas.
Finalmente, las autoridades no deben temer tomar decisiones impopulares cuando están fundamentadas en evidencia y en la protección de la ciudadanía. La noche de Halloween no puede convertirse en la coartada anual para la delincuencia.
Prohibir las caravanas masivas, regular la circulación de motos en horarios críticos y sancionar a quienes usen la celebración como pantalla para delinquir son medidas proporcionales, necesarias y urgentes. Los alcaldes tienen la obligación y la responsabilidad: es hora de actuar con firmeza y con justicia.
