Confidenciales 360.
Podríamos acusar una actitud de insensibilidad, desinterés, apatía e indolencia, además de un gran sentido de irresponsabilidad con el país en general. Las cárceles se han creado a través de la historia con un único fin, y es proteger a la gente de bien de las personas de mal, que cometen delitos y que no cumplen con los estándares que se requieren para vivir en una sociedad. También, es claro que son personas que tienen que responder ante las autoridades por esas actitudes.
Ahora, hay diferentes formas de aplicar las normas y de corregir a las personas. Esto es algo que está claro, y de ahí devienen las distintas fuerzas políticas. Unos creen que las cárceles tienen que ser para resocializar, mientras otros consideran que las cárceles deben ser simplemente para que las personas purguen sus delitos.
Lo que hoy vive Colombia no es más que un riesgo inminente sin capacidad de discernir sus consecuencias, y es que fácilmente las cárceles en el país son una bomba de tiempo que están a punto de explotar porque sencillamente no cabe un preso más en los centros penitenciarios de Colombia.
Hay una cifra muy importante y es que entre el 2008 y el 2015 se le imputaron cargos a más de 853 mil personas en Colombia. El actual fiscal Néstor Humberto Martínez ha sido un crítico de la situación de las cárceles y del sistema judicial que se presentan ahora. En tal sentido, no se entiende por qué hace más de siete años no se construye una sola cárcel, pues la última fue la de El Pedregal, la cual fue inaugurada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en Antioquia.
Según Martínez, el número de audiencias que se atrasaron en mayo eran de 112.461, lo que demuestra ineludiblemente que la justicia va sufriendo un letargo mes a mes y que esto genera un acumulado que termina transformándose en impunidad. El fiscal ha advertido que definitivamente no se puede postergar más la búsqueda de soluciones, que si no se hace, este sistema colapsará, y con mayor severidad en la medida en que se avanza en este proceso la Fiscalía podrá actuar de la mejor manera, pero si no será un círculo vicioso en el que ninguna entidad podrá funcionar de manera adecuada.
Hoy se sigue debatiendo entre el sistema penal acusatorio en Colombia. Recordemos que uno de los defensores es el exfiscal Montealegre, uno de los detractores es Alfonso Gómez Méndez, y hay algo que preocupa: los efectos de este fenómeno en Colombia.
En primer lugar, los policías están capturando a delincuentes como cabecillas de bandas criminales constantemente, pero esas personas quedan en libertad por varias opciones: o porque hubo error en el procedimiento, o debido a que no hay cupo en las cárceles o porque el delito es excarcelable. Esto está generando una completa garantía para los ilegales y por algo ellos van a la fija. Como no caben más presos, el Inpec no recibe un reo más, la justicia no se actualiza ni modifica las penas y en general toda su configuración sistemática que posee, y así no se van a lograr soluciones.
Acá lo que queda es construir más cárceles porque en Colombia hay exceso de bandidos, hay que entenderlo. Fuera de eso, es necesario reformar el sistema judicial para que las personas se abstengan de cometer delitos y tengan temor ante la justicia, no como lo que está pasando hoy que existe completa garantía para cometer delitos en Colombia.
Anteriormente mencionábamos que entre 2008 y 2015 se le imputaron cargos a más de 853.031 personas en Colombia por toda clase de delitos. De esa cifra, solo fueron condenadas 462.737. La rama judicial hoy está en incapacidades más que probadas; cuando van a paro ni se siente, cosa que ya demuestra la inoperancia de la justicia de nuestro país. En los juzgados parece más un recreo de niños que algo de carácter serio y esa ley de pequeñas causas que comienza a regir, en donde la justicia debería ser más eficiente en los casos de delitos menores. Las audiencias pasarán de siete a dos y se espera que en total los tiempos se reduzcan de tres años a cinco o seis meses.
El fiscal Martínez ha sido claro: los delincuentes deben entender que por encima de sus garantías están las de la sociedad y ha señalado que la sola instalación de un juicio oral toma más de un año, algo que termina favoreciendo a los criminales.