Las reformas progresistas evitarían una crisis colosal

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Los contenidos de las reformas, incluida la tributaria, están relacionadas con la inaplazable reindustrialización que debe iniciar Colombia.


Por: Jaime Acosta Puertas


Es irracional considerar las reformas que impulsa el gobierno del presidente Petro, un asunto ideológico con el cual se “atenta” contra un modelo de mercado amparado por la Constitución de 1991.

Las reformas son inaplazables para un estado que rápidamente necesita transformarse con nuevas teorías,  visiones y políticas de desarrollo. Ninguna de las reformas representa una amenaza para una sociedad capitalista. Por definición, los países que avanzan son progresistas. Las reformas son urgentes y servirán si comportan un cambio real. Reformas superficiales como las que proponen los multi partidos de la decadencia contrarreformista, alargarán la agonía de un modelo que no crea valor, equidad y sostenibilidad.

Colombia no crea valor

Las exportaciones de Colombia son dos veces menores que las de Argentina, 2.5 veces inferiores a las de Chile, una séptima parte de las de Brasil. Con la actual canasta exportadora es imposible elevar la productividad, la competitividad y la capacidad de innovación.

El desastre exportador y el auge de las importaciones se refleja en una gigantesca informalidad que alcanza al 60% de la economía, mostrando que la flexibilidad laboral ha sido un fracaso asociado a una producción rezagada anti exportadora.

La gente perdió condiciones y nuevos espacios de oportunidades, y el empresariado jamás cumplió con generar más empleo, diversificar y sofisticar la producción y las exportaciones, a cambio de condiciones laborales y tributarias más ventajosas para ellos. Ganaron, pero no la población, la economía y el Estado. Por esto y más, la productividad de Colombia es la peor en el mundo de la OCDE, y el salario mínimo es el más alto porque el promedio del salario es muy bajo. En otros países, incluidos los de la OCDE, ese promedio es más alto puesto que la productividad es más alta, en consecuencia, el salario mínimo es relativamente más bajo.

Asimismo, solo el 25% de la población mayor logra pensionarse, dado que la economía formal asociada a la flexibilidad laboral no ha generado condiciones laborales estables en torno a una transformación sostenida de la producción que conduzca al surgimiento de una nueva generación de empresas de alta tecnología: industriales y de nuevos servicios inteligentes.

Adicionalmente, el comercio en su mayoría es una actividad de baja calificación donde la innovación llega sin esfuerzos nacionales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), ya que la innovación la hacen otros países puesto que Colombia se asume como una simple economía importadora. Las carreteras son para las importaciones, los puertos y aeropuertos también. Los colombianos pagamos impuestos para generarle condiciones a los países más competitivos, es decir, indirectamente le aportamos a su productividad, considerando que la mayoría de las exportaciones de Colombia van por un tubo (petróleo) o por tren (carbón).

Un abrumador déficit estructural de su comercio internacional, es la constatación de un modelo económico estructuralmente contrario al desarrollo, al bienestar, al empleo, a la creatividad y a la innovación para desarrollar nuevas actividades complejas e innovadoras, y en ellas encontrar los nichos desde los cuales, a mediano y largo plazo, se pueda construir densas aglomeraciones productivas con empresas de alta tecnología en los distintos eslabones de las cadenas, con el fin de generar nuevos empleos, más calificados y estables así su desplazamiento de unas empresas a otras llegue a ser más alta por las características del cambio tecnológico asociado al acelerado cambio productivo.

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En el contexto de un modelo de crecimiento adverso a una idea positiva y duradera de desarrollo, el sistema de salud se convirtió en la gran fuente de turbia acumulación porque tiene como mercado a toda la población. De eso se jactan quienes lo diseñaron, pero es un indicador vacío, que no dice mucho. No hay otro sector – ante la incapacidad de los privados y del estado para impulsar sectores productivos potentes, avanzados y complejos -, que genere tantas opciones de negocios, ingresos y rentabilidades con alta dosis de corrupción para capturar dineros públicos en torno a la vida.

Las EPS tienen derecho a tener una rentabilidad para que sean estables. Lo que no tienen es derecho a apropiarse de dineros públicos con los cuales se elevaría aún más la calidad de los servicios para todos, la cobertura territorial, aumentaría la calidad de los profesionales y de la investigación, y se desarrollarían industrias de salud. Ha sido un sistema que presta buenos servicios a una parte de la población, que son los que más protestan con la reforma porque son los dueños del negocio, y no quieren que les sellen los agujeros por los cuales capturan rentas adicionales. Sin embargo, en la medida que la contribución baja, baja la calidad.

Esta discusión es espantosa, pero es la salud como un negocio con limitados aportes a la diversificación, emprendimiento y crecimiento de la economía, porque las gigantescas prestadoras de salud y los gobiernos nunca vieron en la investigación, en el desarrollo y en la innovación, el centro del factor de acumulación, expansión y calidad, desarrollando industrias de alta complejidad para servicios de mayor complejidad para todos y para exportar. En ultimas, el sistema de salud está relacionado con las políticas de reindustrialización, ciencia y tecnología y educación.

Incluso, con el enfoque de la reforma del gobierno, tendría problemas más adelante si no hay nexos sostenidos entre el sistema de salud, y los sistemas productivos, de investigación y de educación porque son el núcleo del mejor sistema de salud preventiva y de alta complejidad.

Contrarreforma a la salud

Coinciden los partidos Liberal, de la U, Conservador y Cambio Radical, en conservar las EPS, y que basta con cambiarles el nombre para preservar su condición de intermediarias en la distribución de los recursos del Estado. Como acto de “generosidad”, pues nos creen idiotas, proponen que la ADRES se dedique a pagar los medicamentos a las farmacéuticas, mientras ellas hacen negocios con las facturas por atender a los pacientes. Para ello piden que se incremente el valor de la UPC. Así conservan el margen que han dedicado a malgastar y/o hurtar, en algunos casos.

Los contrarreformadores no proponen cómo desarrollar un sistema productivo y de servicios preventivos para la vida, sino en defender sus negocios para succionar más plata del estado.

Contrarreforma pensional

La discusión se limita a dos temas: uno, los fondos privados quieren continuar captando los aportes de quienes devengan más de un salario mínimo, mientras la reforma lo pide a partir de cuatro salarios mínimos y con ello el fondo público construye una capacidad de ahorro propia que no dependa exclusivamente del presupuesto nacional; y dos, los fondos privados quieren que coexistan dos sistemas: el contributivo y del ahorro obligatorio, y la reforma del gobierno pide que sea uno solo donde pueden coexistir Colpensiones y los fondos privados como fondos de pensiones y no de ahorro. Vuelve y juega, como los fondos privados capturan recursos de la gente para invertir en otros sectores, y no como un retorno al sistema de pensiones para ampliar la cobertura pensional, defienden el sistema que los beneficia, pero no el que beneficia a la sociedad.

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Contrarreforma laboral

La reforma quiere una especie de régimen laboral perfecto, justo, para una economía correcta. Antes de la reforma laboral de Uribe, se estaba cerca de una política laboral para una economía en transformación permanente, que en teoría se caracteriza por: más formalidad menos informalidad, más innovación menos ineficiencia, más exportaciones menos importaciones, más producción y desarrollo de energías limpias menos minero-energéticos, más producción y desarrollo de industrias de salud menos dependencia de importaciones, más desarrollo del sistema de movilidad incluidas industrias de movilidad y desarrollo de nuevos productos y menos dependencia de importaciones, más agricultura con agroindustria e industrias de insumos y tecnología y menos dependencia de tecnologías agro-industriales, más producción y desarrollo de industrias de materiales, electrónica, industrias 4.0, naval y aeroespacial para un mejor aprendizaje de las tecnologías importadas más avanzadas y de ahí derivar en fortalecer y crear potentes empresas nacionales en servicios inteligentes articulados con industrias superiores que esparcirían innovación, emprendimiento y nuevos empleos calificados en todo el sistema productivo.

Este salto es el escenario ideal de una economía formal que necesitará de una reforma laboral para una mayor productividad, equidad y sostenibilidad duradera. La formalización sobre condiciones más justas y difundidas en la sociedad, solo es posible de la mano de una potente y sostenida política de reindustrialización, que le cambie el cerebro a las empresas, a la sociedad y al estado. El sistema laboral vigente es injusto, se hizo para un país que renunció a la productividad, al cambio estructural y tecnológico endógeno, a la equidad y es resistente a la paz.

Las reformas y la reindustrialización

Los contenidos de las reformas, incluida la tributaria, están relacionadas con la inaplazable reindustrialización que debe iniciar Colombia. Una relativa autonomía tecnológica y productiva en salud, una mayor cobertura pensional, y una reforma laboral para aumentar la formalización, tendrían en la política de reindustrialización el mejor aliado técnico-político para discutir con los contrarreformadores. Sin embargo ¿por qué la política de reindustrialización aún está encapsulada cuando es la que neutralizaría a los opositores? Si el gobierno cree que la puede mejorar con los gremios, está equivocado, es con ellos, pero no solo con ellos. El neoliberalismo colombiano volvió al estado esclavo del mercado, lo cual, teórica y políticamente, es incorrecto, inaceptable e intolerable.

Dado este contexto, donde hay tantas necesidades de inversión pública con retornos seguros, no tiene sentido ser radicales con el cumplimiento de la regla fiscal. Es hora de invertir para iniciar grandes cambios si se quiere evitar un colapso general porque hay una falla crónica en el sistema económico y político.

P.D. El presidente se equivocó en nombrar a Alejandro Gaviria teniendo a Aurora Vergara.

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