¿Cuál es el contexto?: Una profunda controversia sacude las esferas del poder en Colombia tras conocerse las versiones encontradas entre el exdirector de la Policía Nacional, el general retirado Henry Sanabria, y la actual embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia. El núcleo de la disputa gira en torno a la autonomía de la Fuerza Pública y la supuesta interferencia de la Presidencia en misiones operativas críticas durante el despliegue de las políticas de orden público del Gobierno.
El duro golpe de Laura Sarabia tras acusaciones del exdirector de la Policía
El cruce de declaraciones escaló con rapidez luego de que el general en retiro asegurara que, en su momento, recibió comunicaciones telefónicas directas de Sarabia quien ejercía como jefa de despacho en la Casa de Nariño con reclamos y cuestionamientos sobre el uso legítimo de la fuerza. Según los señalamientos de Sanabria, los mensajes sugerían frenar o modificar ciertos procedimientos policiales bajo el argumento de no entorpecer los avances de los diálogos de paz. Sin embargo, el oficial retirado aclaró que nunca interrumpió ninguna misión que estuviera blindada por el marco constitucional.
Frente a estas acusaciones, la diplomática rechazó de manera tajante la narrativa planteada por el uniformado. En entrevistas con medios radiales, Sarabia aclaró que las interacciones mencionadas tuvieron un propósito estrictamente informativo y fueron ejecutadas bajo directriz presidencial para evaluar el despliegue del antiguo Esmad (hoy Undemo) durante manifestaciones sociales específicas, como una protesta conformada por mujeres.
«Jamás el presidente de la República, por conducto mío, pidió suspender una operación contra ningún grupo al margen de la ley», enfatizó la funcionaria, defendiendo la legalidad institucional de su gestión.
Adicionalmente, Sarabia argumentó que el rol administrativo que desempeñaba carecía de competencias legales para emitir órdenes operativas directas a los mandos militares o policiales. Aseguró que resulta llamativo que estos reproches salgan a la luz años después de que el general dejara la jefatura de la institución.
El diferendo ya superó el debate en medios y se trasladará a los estrados judiciales. La diplomática confirmó la radicación formal de una denuncia por los delitos de injuria y calumnia en contra del general (r) Sanabria, con el fin de proteger su derecho al buen nombre. En sus canales digitales, puntualizó que la memoria de ciertos actores «parece funcionar por encargo» y reiteró que no permitirá que se intente limpiar el historial de otros a costa de su reputación.
Por su parte, al ser cuestionado sobre las pruebas documentales o soportes técnicos que respalden sus afirmaciones, el general (r) Henry Sanabria reconoció públicamente que no dispone de los registros de telefonía de dicho periodo, argumentando que la situación se reduce, por ahora, a un escenario de contradicción de testimonios entre las partes. El caso reactiva el debate político en el país respecto a los mecanismos de toma de decisiones en materia de seguridad nacional y la transparencia en los canales de comunicación entre el palacio presidencial y los comandantes en el terreno de operaciones.
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