Mientras el país todavía contaba a sus muertos por el terremoto, el Gobierno colombiano tomó una decisión de política exterior que va a marcar los próximos años de sus relaciones internacionales. Reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, el territorio sirio que Israel ocupa desde 1967 y que Naciones Unidas nunca ha dejado de considerar territorio ocupado, y anunció que la embajada colombiana en Israel se trasladará de Tel Aviv a Jerusalén. La respuesta no se hizo esperar. La Liga Árabe, con sus veintidós países miembros, rechazó la medida junto con Arabia Saudita y Egipto. La Organización de Cooperación Islámica, que agrupa a cincuenta y siete países de mayoría musulmana, también expresó su rechazo. Israel, en cambio, celebró la decisión y agradeció a Colombia convertirse en el segundo país del continente, después de Estados Unidos, en reconocer esa soberanía.
Para entender el peso de este giro hay que recordar de dónde viene. En 2024, el entonces presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en rechazo a la ofensiva militar en Gaza, un conflicto que dejó decenas de miles de muertos palestinos según cifras de las autoridades de salud de ese territorio. Colombia también presentó una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella no solamente restablece relaciones, sino que además contempla retirar esa demanda, fortalecer la cooperación en seguridad e inteligencia con Israel, y retomar las exportaciones de carbón que se habían suspendido. Es, sin exagerar, uno de los giros más completos que ha dado la política exterior colombiana en mucho tiempo.
Esta casa editorial cree que un país tiene todo el derecho soberano de recomponer sus alianzas cuando cambia de gobierno, y que la ruptura que impulsó Petro respondió más a una lectura ideológica del conflicto en Medio Oriente que a un cálculo frío de los intereses de Colombia. Volver a tener embajador en Tel Aviv, recuperar cooperación en inteligencia y seguridad, y reactivar el comercio del carbón son decisiones que se pueden defender con argumentos serios de conveniencia nacional. Colombia enfrenta amenazas de grupos armados que usan tecnología cada vez más sofisticada, y la experiencia israelí en inteligencia y defensa es, guste o no, una de las más avanzadas del mundo. Ese argumento, solo, ya justificaría buena parte del acercamiento.
Pero hay una diferencia importante entre recomponer una relación estratégica y sumarse, sin matices, a la posición más extrema de uno de los bandos de un conflicto que sigue costando vidas civiles todos los días. Reconocer la soberanía israelí sobre un territorio que la comunidad internacional entera, incluidos los aliados históricos de Colombia en Europa, sigue considerando ocupado, no es un gesto sin costo. Es una decisión que aísla a Colombia de cincuenta y siete países musulmanes y de la Liga Árabe completa, justo cuando el país más necesita apoyo internacional para su reconstrucción tras el terremoto. El momento elegido para anunciarlo, en plena tragedia nacional, tampoco ayudó a que la medida se leyera como una decisión meditada de largo plazo y no como un golpe de timón apresurado.
El punto que esta casa quiere dejar planteado no es si Colombia debe o no recomponer su relación con Israel. Ya lo está haciendo, y hay argumentos legítimos para respaldarlo. El punto es que esa recomposición debe explicarse y defenderse con el lenguaje del interés nacional, no con el lenguaje de la revancha contra el gobierno anterior. Un giro de política exterior que se entienda simplemente como lo contrario de lo que hizo Petro, en lugar de como una estrategia propia y pensada para los próximos años, corre el riesgo de ser tan ideológico como aquello que dice estar corrigiendo. Colombia necesita una política exterior que sobreviva a los cambios de gobierno, basada en intereses permanentes como el comercio, la seguridad y la cooperación tecnológica, y no un péndulo que se mueva de un extremo a otro cada cuatro años según quién gane las elecciones.
Retirar la demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, en particular, merece una explicación pública mucho más detallada que la que se ha dado hasta ahora. No basta con decir que se hace por afinidad con el nuevo aliado. El Gobierno le debe al país los argumentos jurídicos y diplomáticos concretos detrás de esa decisión, porque no es un trámite menor, es la posición oficial de Colombia frente a uno de los conflictos más graves y más observados del mundo.
Colombia puede, y probablemente debe, tener una relación más cercana con Israel de la que tuvo en los últimos años. Pero la solidez de una política exterior no se mide por lo rápido que se anuncia ni por lo distinta que resulta frente al gobierno anterior. Se mide por si, dentro de diez años, esa decisión sigue defendiéndose con los mismos argumentos de hoy. Esa es la prueba que debería superar cada giro diplomático de este gobierno, empezando por este.
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