Hoy diez de los empresarios más poderosos de Colombia aterrizan en Quibdó junto al presidente Abelardo de la Espriella: Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, los Gilinski, David Vélez, Juan Carlos Mora, Fuad Char y otros grandes capitales del país llegan con cerca de dos billones de pesos ya comprometidos, un mes después de que un terremoto de magnitud 7,4 dejara 331 muertos, 152 desaparecidos, medio millón de damnificados y más de 13.000 millones de dólares en pérdidas.
Es una imagen que merece celebrarse
Pero merece, sobre todo, entenderse a fondo, porque lo que está en juego en Chocó no se resuelve con una cumbre ni con dos billones de pesos: se resuelve, o se sigue sin resolver, dependiendo de qué tan honestas sean las instituciones que administren ese dinero.
La tragedia de Chocó no es culpa de un solo actor
Conviene ser justos con el diagnóstico. No es solo culpa del Estado central, que históricamente le ha dado la espalda al departamento. No es solo culpa de una clase política departamental que, con contadas excepciones, ha convertido las regalías y las transferencias en botín. Y no es solo culpa de unos ciudadanos que, elección tras elección, han terminado premiando con el voto a quienes los saquean.
Es la suma de las tres cosas, potenciada por algo más profundo: la pobreza extrema y el subdesarrollo estructural que, en Chocó, no son un matiz sino la norma. Colombia entera sigue siendo, con todos sus avances, un país en desarrollo; el índice de pobreza multidimensional nacional bajó el año pasado a su mínimo histórico, 9,9 por ciento, pero en el campo colombiano ese indicador todavía triplica el de las ciudades. En Chocó, según décadas de estudios académicos, la pobreza ha superado el 60 por ciento de la población. Si Colombia arrastra el rezago propio de una economía emergente, Chocó lo arrastra multiplicado varias veces. Ese es el punto de partida real, no el titular de un solo día.
Y ahí aparece la paradoja que la literatura económica conoce bien: Chocó es, al mismo tiempo, uno de los territorios más ricos y más pobres del planeta. Es el primer productor de oro y platino de Colombia, y hace parte del corredor Chocó-Darién, uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo: apenas el 1,4 por ciento de la superficie del planeta concentra allí el 60 por ciento de sus especies terrestres. Esa combinación de riqueza natural y miseria humana tiene nombre en la economía del desarrollo: se llama «maldición de los recursos», y el mundo tiene dos ejemplos de manual para entenderla.
En los años sesenta, Botsuana y Sierra Leona partían de condiciones parecidas: territorios pobres, recién salidos del colonialismo, sentados sobre yacimientos de diamantes. Sierra Leona, de hecho, tenía entonces mejores indicadores. Sesenta años después, Botsuana es la economía menos corrupta de África subsahariana, con un fondo soberano que blindó su riqueza mineral de la politiquería, y Sierra Leona vivió una guerra civil financiada precisamente por esos mismos diamantes. Noruega hizo con su petróleo lo mismo que Botsuana con sus diamantes: convirtió un recurso natural en ahorro institucional de largo plazo. La diferencia entre esos destinos no fue el tamaño del yacimiento. Fue la calidad de las instituciones que lo administraron.
Ese es exactamente el examen que hoy empieza para Chocó, solo que en lugar de diamantes o petróleo, el recurso que llega es capital privado y solidaridad empresarial. El mundo también tiene un espejo reciente y esperanzador: la reconstrucción de Aceh, en Indonesia, después del tsunami de 2004. Allí, un fondo multidonante de 655 millones de dólares, coordinado con rigor entre gobierno, cooperación internacional y sector privado —desde grandes navieras hasta compañías como Coca-Cola—, permitió reconstruir en pocos años más de 20.000 viviendas, 3.850 kilómetros de vías y 677 escuelas.
Aceh se convirtió en referencia mundial de reconstrucción post-desastre, no porque el dinero fuera ilimitado, sino porque hubo metas claras, plazos verificables y control sobre cada contrato. Japón, tras el terremoto de Kobe en 1995, mostró la otra cara de la misma moneda: el sector privado —cadenas como Seven-Eleven, operadores como NTT y Motorola— reaccionó con una agilidad que el Estado nunca habría tenido, pero la reconstrucción completa de la ciudad tomó más de dos décadas de inversión pública sostenida. La lección de ambos casos es la misma: el capital privado puede encender la chispa, pero solo la disciplina institucional, año tras año, sostiene el fuego.
Dicho esto, hay que decir también lo que el sentido común exige: ojalá a Chocó no llegaran diez empresarios, sino doscientos, o quinientos. Ojalá Colombia fuera un país lo bastante próspero como para que esa cifra fuera apenas una gota más en un océano de inversión privada nacional. Pero Colombia, comparada con las economías que sí resolvieron su maldición de recursos, sigue siendo un país de riqueza concentrada y limitada, y por eso cada peso privado que llega a un territorio olvidado vale doblemente.
Sospechar de la riqueza, en lugar de exigirle resultados y transparencia, no ha construido jamás una sola escuela en el Chocó. Y hay que reconocer también, sin triunfalismo, el gesto político: este Gobierno decidió llevar esa inversión a un departamento donde no ganó una sola elección, donde la izquierda ha gobernado el discurso durante décadas sin traducirlo en agua potable ni en carreteras. Poner al país por encima de la geografía electoral es, exactamente, lo que se le debería exigir a cualquier gobierno, sin importar su color.
Pero la advertencia de Botsuana y Sierra Leona no se puede archivar en la euforia del anuncio. Cada contrato de esta reconstrucción debe quedar trazado, auditado y expuesto públicamente, con la Contraloría y la Procuraduría vigilando en tiempo real, no un año después. Y la dignidad básica que Chocó necesita —vivienda segura, agua potable, hospitales que funcionen, títulos formales de propiedad y de minería que le devuelvan a la gente el dueño legítimo de su propia riqueza— no puede depender solo de la generosidad de diez apellidos.
Depende, igual que en Botsuana, de una ciudadanía que participe, vigile y deje de premiar con su voto a quien la ha traicionado durante generaciones. El renacimiento de Chocó no lo va a decidir la cumbre de hoy en Quibdó. Lo va a decidir lo que pase con ese dinero, y con esas instituciones, durante los próximos diez años.
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