sábado, enero 28, 2023
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    Listas las reformas a la justicia que quiere implementar el Centro Democrático

    El Espectador conoció el acto legislativo que organizó el Centro Democrático con los cambios que quieren proponer cuando se posesione el nuevo Congreso este 20 de julio. Básicamente, se acabarían las cortes y el presidente podría elegir fiscal directamente.


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    Por: Redacción 360 Radio

    Tal y como se dijo previamente, a través de estas modificaciones que la colectividad política quiere implementar se eliminarían las cortes, pues la iniciativa del Centro Democrático propone la creación del Tribunal Constitucional Supremo.

    «Un solo órgano de cierre que concentre las jurisdicciones que hoy están en cabeza de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado».

    La Corte Constitucional y la Corte Suprema pasarían a ser, como ellos las denominan, «salas especializadas», incluidas en el gran tribunal.

    Además, el Consejo Superior de la Judicatura también llegaría a su fin y sería reemplazado por la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial y sería integrada por la Junta Directiva de Administración de la Rama Judicial y la Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.

    Por su parte, el Consejo de Estado no se eliminaría del todo, pues conservaría su esencia de carácter de orden consultivo, siendo una segunda instancia para los aforados constitucionales, exceptuando al presidente y al fiscal general.

    Otro de los cambios significativos es que el presidente podría elegir al fiscal general, cambiando lo modalidad actual.

    Actualmente, el presidente de la República propone una terna y la Corte Suprema de Justicia se encarga de elegir entre esos nombres, sin embargo, el Centro Democrático propone que sea el presidente quien elija al fiscal para que luego ratificado por el Senado.

    El tercero de estos cambios a la justicia es que los magistrados no tengan funciones electorales.

    «El papel determinante que desempeñan las altas cortes frente a la elección de fiscal general de la Nación, procurador general y contralor ha supuesto un desequilibrio considerable que afecta la independencia de los organismos de control», indica la propuesta.

    Estos cargos serían elegidos de la siguiente manera: el Consejo de Estado propondría una la terna para procurador. El contralor sería elegido por el Congreso en su totalidad y el Consejo Nacional Electoral se encargaría de nombrar al registrador.

    Tampoco iría más la Comisión de Acusación, pues se propone un nuevo organismo que se ocupe de investigaciones, acusaciones y quejas contra los miembros del Tribunal Constitucional Supremo, del Tribunal Disciplinario y del fiscal general.

    El nuevo tribunal que se propone en este nuevo punto estaría divido en dos salas: una de ellas sería para la acusación e investigación, mientras que la otra sería de juzgamiento.

    Para finalizar, este proyecto de ley promovido por la colectividad que es liderada por Álvaro Uribe, buscaría quitarle funciones a la Fiscalía, todo con el fin de volver más ligera la Rama Judicial.

    Para esto ellos proponen dos cosas: la primera es que el gobierno cree un órgano investigativo que organice toda la investigación criminal, responsabilidad que ahora recae sobre la Fiscalía. Mientras que la segunda propuesta en este sentido es que sea la Policía la encargada de conocer y tramitar todos los delitos menores.

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    Tal y como se dijo previamente, a través de estas modificaciones que la colectividad política quiere implementar se eliminarían las cortes, pues la iniciativa del Centro Democrático propone la creación del Tribunal Constitucional Supremo.

    «Un solo órgano de cierre que concentre las jurisdicciones que hoy están en cabeza de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado».

    La Corte Constitucional y la Corte Suprema pasarían a ser, como ellos las denominan, «salas especializadas», incluidas en el gran tribunal.

    Además, el Consejo Superior de la Judicatura también llegaría a su fin y sería reemplazado por la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial y sería integrada por la Junta Directiva de Administración de la Rama Judicial y la Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.

    Por su parte, el Consejo de Estado no se eliminaría del todo, pues conservaría su esencia de carácter de orden consultivo, siendo una segunda instancia para los aforados constitucionales, exceptuando al presidente y al fiscal general.

    Otro de los cambios significativos es que el presidente podría elegir al fiscal general, cambiando lo modalidad actual.

    Actualmente, el presidente de la República propone una terna y la Corte Suprema de Justicia se encarga de elegir entre esos nombres, sin embargo, el Centro Democrático propone que sea el presidente quien elija al fiscal para que luego ratificado por el Senado.

    El tercero de estos cambios a la justicia es que los magistrados no tengan funciones electorales.

    «El papel determinante que desempeñan las altas cortes frente a la elección de fiscal general de la Nación, procurador general y contralor ha supuesto un desequilibrio considerable que afecta la independencia de los organismos de control», indica la propuesta.

    Estos cargos serían elegidos de la siguiente manera: el Consejo de Estado propondría una la terna para procurador. El contralor sería elegido por el Congreso en su totalidad y el Consejo Nacional Electoral se encargaría de nombrar al registrador.

    Tampoco iría más la Comisión de Acusación, pues se propone un nuevo organismo que se ocupe de investigaciones, acusaciones y quejas contra los miembros del Tribunal Constitucional Supremo, del Tribunal Disciplinario y del fiscal general.

    El nuevo tribunal que se propone en este nuevo punto estaría divido en dos salas: una de ellas sería para la acusación e investigación, mientras que la otra sería de juzgamiento.

    Para finalizar, este proyecto de ley promovido por la colectividad que es liderada por Álvaro Uribe, buscaría quitarle funciones a la Fiscalía, todo con el fin de volver más ligera la Rama Judicial.

    Para esto ellos proponen dos cosas: la primera es que el gobierno cree un órgano investigativo que organice toda la investigación criminal, responsabilidad que ahora recae sobre la Fiscalía. Mientras que la segunda propuesta en este sentido es que sea la Policía la encargada de conocer y tramitar todos los delitos menores.

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