Mañana los colombianos votan. Pasado mañana habrá un ganador. Y en algún momento de esa semana, entre las celebraciones de unos y la resignación de otros, el país tendrá que hacerse una pregunta más importante que el nombre del nuevo presidente: ¿qué necesita Colombia, con independencia de quién gobierne?
Vale la pena sentarse a responderla con calma, en este último sábado antes de la transición.
Necesitamos un Estado que cumpla su función básica
El Estado existe, en su concepción más elemental, para garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. En Colombia hoy, esas tres garantías están amenazadas de manera simultánea en amplias zonas del territorio nacional. Hay municipios donde el Estado no entra, donde la ley la impone un grupo armado, donde moverse de noche es un riesgo y tener una finca es una invitación al despojo. Eso no es un problema ideológico: es una falla estructural del Estado que ningún gobierno ha resuelto en décadas y que el próximo no puede seguir aplazando.
Los 27.000 combatientes ilegales activos que hoy operan en Colombia no son una estadística abstracta. Son la prueba de que el monopolio de la fuerza —fundamento de cualquier Estado moderno— está roto en partes significativas del país. Recuperarlo no es un capricho de derecha ni una nostalgia de otra época: es la condición mínima para que todo lo demás funcione.
Necesitamos una economía que produzca empleo, no solo cifras de crecimiento
Colombia creció 2,6% en 2025. Esa cifra no le llegó a los jóvenes de Buenaventura, ni a las madres cabeza de hogar de Soacha, ni a los agricultores del Catatumbo. El crecimiento que no se convierte en empleo formal, en ingresos reales y en movilidad social es un número en un informe, no una promesa cumplida.
El próximo gobierno hereda una inversión extranjera directa en caída libre —la peor en cinco años— y un sector privado que lleva cuatro años operando en un clima de incertidumbre regulatoria. Recuperar la confianza del empresariado no es servirle a los ricos: es la única vía realista para crear los empleos que los colombianos más vulnerables necesitan. Las empresas que no se instalan son los trabajos que no existen.
Necesitamos instituciones que funcionen sin importar quién gobierne
Uno de los daños más duraderos de los últimos años no es económico ni de seguridad: es institucional. Colombia vio cómo un presidente usó los recursos del Estado para hacer campaña. Vio cómo una congresista intentó suspender al ejecutivo mediante una medida sin competencia legal. Vio cómo el mayor escándalo de corrupción reciente se cocinó en el corazón de una entidad del Estado destinada a atender emergencias humanitarias.
Las instituciones no se destruyen de un golpe. Se desgastan, milímetro a milímetro, cada vez que alguien en el poder las dobla a su favor. Y se reconstruyen de la misma manera: con decisiones pequeñas y consistentes de funcionarios que anteponen el interés público al personal, y con ciudadanos que exigen esa conducta y la fiscalizan.
El próximo gobierno —cualquiera que sea— necesita entender que las instituciones no son un obstáculo para gobernar. Son la razón por la que gobernar tiene sentido.
Necesitamos una cultura política que tolere el desacuerdo
Colombia está polarizada. Eso es un hecho. Pero la polarización no es el problema: el desacuerdo es saludable en democracia. El problema es cuando el desacuerdo se convierte en enemistad, cuando el adversario político se vuelve un enemigo a destruir, cuando perder una elección justifica sembrar el caos o desconocer resultados.
La democracia no es el sistema donde siempre gana el que uno quiere. Es el sistema donde el que pierde acepta y vuelve a intentarlo cuatro años después. Esa norma no escrita —quizás la más importante de todas— es la que mañana estará en juego también.
El nombre del presidente importa. Pero lo que Colombia necesita trasciende ese nombre. Y eso, a diferencia de la papeleta de mañana, depende de todos.
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