Lo que nos cuesta no hablar de la edad de pensión

La idea de igualar la edad de retiro de hombres y mujeres reabrió un debate que Colombia lleva décadas evitando. Con una población que envejece, más de la mitad de los trabajadores en la informalidad y faltantes billonarios en Colpensiones, aplazarlo solo encarece la decisión que tarde o temprano habrá que tomar.

Lo que nos cuesta no hablar de la edad de pensión
Foto: Redes sociales

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, puso sobre la mesa en un foro en Cúcuta, y luego en Blu Radio, la posibilidad de que las mujeres se pensionen a la misma edad que los hombres. Bastaron unas horas para que el expresidente Gustavo Petro lo tachara de más explotación a la gente que trabaja, para que el vicepresidente José Manuel Restrepo dijera que el Gobierno no ha hablado nada del tema y para que la misma Corte saliera a aclarar que no hay ningún proyecto en ese sentido.

Esa reacción en cadena dice mucho de cómo se manejan en Colombia los temas incómodos. Cada vez que alguien menciona la edad de pensión, los políticos corren a cuidar su capital de popularidad, el Congreso prefiere mirar para otro lado y el Gobierno de turno toma distancia. Sin embargo, en 360 creemos que este melón hay que abrirlo, porque buena parte de lo que hoy nos pasa como país se explica justamente por haber aplazado durante décadas los debates que nadie quería dar.

Las cosas son como son y no se pueden maquillar. Por eso Colombia necesita discutir, con evidencia actuarial, demográfica y fiscal, cuál debe ser la edad de pensión y cómo hacer una transición que reconozca las desigualdades laborales y, sobre todo, proteja a las mujeres.

Para pensionarse en Colombia hay dos requisitos. Uno es la edad, que hoy es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, y el otro son las semanas cotizadas. En Colpensiones se exigían 1.300 semanas para todos, pero la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-197 de 2023, ordenó una reducción progresiva para las mujeres. En 2026 el requisito es de 1.250 semanas y disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 en 2036.

A su vez, la reforma pensional tiene previsto que las disposiciones declaradas exequibles entren en vigor el 1.º de abril de 2027, mientras que otros apartes quedaron sujetos al trámite de subsanación ordenado por la Corte Constitucional. La reforma contempla además una compensación de hasta 50 semanas por cada hijo, con un máximo de tres hijos, como mecanismo de reconocimiento de las interrupciones laborales asociadas a la maternidad, aunque ese artículo está precisamente entre los que volvieron al Congreso.

Aun así, la edad sigue siendo el coco de la discusión, y lo que planteó Lenis merece una respuesta seria. Retirarse cinco años antes implica, para quienes mantienen trayectorias laborales similares, menos años potenciales de cotización y un período potencialmente más largo durante el cual el sistema debe pagar la pensión. De hecho, un estudio de 2024 sobre la protección económica de las mujeres en la vejez, del que es coautor el profesor Óscar Becerra de la Universidad de los Andes, encontró que apenas el 13,2 % de las mujeres cumple los requisitos para pensionarse, frente al 24,9 % de los hombres.

Además, el país cambió. Según el DANE, una persona que nace hoy en Colombia puede vivir en promedio 77,2 años, 74,5 si es hombre y 80,1 si es mujer, cuando en 1953 esa expectativa era de 48 y 52 años. Así que las mujeres viven en promedio casi seis años más que los hombres y se pensionan cinco años antes, lo que alarga el tiempo durante el cual el sistema les paga la mesada.

Al mismo tiempo, cada vez nacen menos colombianos. En 2025 hubo 433.678 nacimientos, un 4,5 % menos que en 2024, y la tasa de fecundidad bajó a un hijo por mujer, muy por debajo de los 2,1 que se necesitan para reemplazar una generación. Como el régimen de Colpensiones funciona con los aportes de quienes trabajan hoy para pagarles a quienes ya se retiraron, esa tendencia significa que, con el tiempo, habrá proporcionalmente menos personas en edad de trabajar para sostener a más adultos mayores.

Lo ideal sería que cada persona se pensionara con su propio ahorro, pero eso choca con otra realidad que tampoco se puede esconder. Según el DANE, entre mayo y julio de este año el 54,6 % de los trabajadores del país estaba en la informalidad, y en las zonas rurales la cifra llegaba al 83,2 %. Son millones de personas cuya trayectoria de cotización es irregular o que están fuera de los mecanismos formales de seguridad social, y muchas de ellas van a llegar a la vejez sin las semanas ni el ahorro para pensionarse, tengan 57 o 62 años.

Por eso subir la edad, por sí solo, no arregla el problema. Sirve para aliviar las cuentas del sistema y puede mejorar la mesada de quien cotiza de manera estable, pero no le cambia nada a quien nunca tuvo un empleo formal. El propio Lenis lo reconoció en Cúcuta, una ciudad donde, según el DANE, cerca del 63 % de los ocupados trabaja en la informalidad, cuando advirtió que el sistema ya no se va a poder financiar solo con los aportes de los trabajadores.

Mientras tanto, Colpensiones va a la deriva. La Contraloría alertó el 21 de septiembre que a la entidad le faltan más de $4,2 billones para pagar las mesadas de este año, porque el presupuesto se hizo con un aumento del salario mínimo de 7,5 % y al final fue de 23 %. Pocos días después, la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que existían $5,4 billones incorporados en el presupuesto pero sin situación de fondos y que se enfrentaba una dificultad cercana a $5 billones para garantizar Mientras tanto, Colpensiones va a la deriva. La Contraloría alertó el 21 de septiembre que a la entidad le faltan más de $4,2 billones para pagar las mesadas de este año, porque el presupuesto se hizo con un aumento del salario mínimo de 7,5 % y al final fue de 23 %. Pocos días después, la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que existían $5,4 billones incorporados en el presupuesto pero sin situación de fondos y que se enfrentaba una dificultad cercana a $5 billones para garantizar

Ese hueco lo terminamos pagando todos. De los $72,8 billones que Colpensiones tiene presupuestados en 2026 para pagar pensiones, el 44,6 % depende de aportes de la Nación, es decir, sale de los impuestos y no de las cotizaciones. Además, el proyecto de Presupuesto General para 2027 trae $6,5 billones para pensiones que todavía no tienen con qué financiarse. Año tras año, las pensiones se llevan una tajada más grande de un presupuesto que ya está ahogado por la deuda, y cada peso que se va en mesadas deja de ir a salud, a educación o a los adultos mayores que nunca pudieron cotizar.

Por eso hay que mirar el cuadro completo, porque Colombia enfrenta al mismo tiempo presiones fiscales en deuda, salud y pensiones. La deuda pública llegará este año al 61 % del PIB, el nivel más alto de su historia según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y el servicio de la deuda crece 54,7 % en el proyecto de Presupuesto de 2027. En salud, las EPS deben $40,35 billones y 15 de las 23 que reportan cifras están en números rojos, según Así Vamos en Salud. Todas esas presiones se pagan del mismo bolsillo, el de una economía que mantiene a más de la mitad de sus trabajadores en la informalidad, y por eso ninguna se puede resolver por separado.

Nadie está diciendo que haya que subir la edad de un día para otro ni quitarles a las mujeres lo que ya ganaron por el lado de las semanas. Lo que proponemos desde 360 es que el Gobierno y el Congreso dejen de huirle al tema y abran una discusión técnica, con estudios actuariales, demográficos y fiscales, sobre cuál debe ser la edad de pensión en Colombia. Si esa evidencia muestra que hay que ajustarla, la transición tendrá que ser gradual, anunciada con años de anticipación y diseñada para reconocer las desigualdades laborales que viven las mujeres, sin tocar los mecanismos que compensan la maternidad y el cuidado. Y todo eso tiene que ir de la mano con una apuesta seria por formalizar el empleo y ordenar las finanzas de Colpensiones.

Colombia vive más, tiene menos hijos y trabaja en su mayoría en la informalidad, y nada de eso va a cambiar porque el tema sea impopular. Si seguimos aplazando esta discusión, cuando por fin llegue la va a imponer una crisis fiscal y no una decisión tomada con tiempo y con evidencia, y la van a pagar precisamente las mujeres a las que hoy todos dicen proteger. Por eso el melón hay que abrirlo ahora.

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