Con la premisa de que «vale más una guerra» que la firma de la paz, el gobierno y muchos ciudadanos han defendido el actual proceso de paz con las FARC.
Si bien todos los Colombianos quieren la paz, por un acto de simple razonamiento lógico, hay puntos especiales en los cuales existe la posibilidad de discernir y de ahí estar en acuerdo o desacuerdo.
La paz se está mezclando con la economía del país y esto resulta algo peligroso, pues si los ciudadanos sienten que su bolsillo y calidad de vida están siendo atacadas por las eventualidades del proceso, terminaría con una gran resistencia frente a la votación del plebiscito.
El «hueco fiscal» del gobierno cada vez es más grande, si nos vamos a mirar otras cifras como la deuda externa, el precio del petróleo, dólar, inflación entre otros, no quedaríamos muy contentos con el panorama.
Hace un mes se filtró una parte del documento que la comisión de expertos económicos contratada por el gobierno entregó como borrador, pues aún no hay una presentación final. La función del comité es entregar una serie de recomendaciones al gobierno para la reforma tributaria de este año, lo cual preocupó a muchos en final y comienzo de año.
Hay varios precedentes que incomodan lo que sucede con la comisión y la reforma tributaria; las recomendaciones de la OCDE, el proceso de paz con las FARC y la difícil situación de la economía colombiana.
Es cierto que en Colombia se paga relativamente poco impuesto, pero también es entendible la gran desconfianza y apatía de los ciudadanos cuando le hablan de recursos públicos y más cuando se anuncia que se incrementaran estos mismos, se crearán algunos y los indicadores externos son negativos.
Quizá si existiera mayor confianza ciudadanos-gobierno en materia económica, el pago de impuestos y el razonamiento al crear unos nuevos, no fuera tan complejo.
Lo anterior se gana con altos indices de transparencia en el gasto público, la eficiencia, impacto de obras y sobretodo la estabilidad financiera que merece un ciudadano.
Todos sabemos que la firma de la «paz» traerá costos, pues implica emplear una cantidad de ilegales considerable, pensionar a sus cabezas principales e incluso reparar lo que ellos mismos destruyeron durante más de 50 años.
Acá uno de los «sapos» más grandes del proceso. ¿Como hacer que los Colombianos acepten reparar, emplear, indultar, pensionar y pagar para que no delincan, a personas que han sembrado de sangre, dolor y lágrimas al país por 50 años?
Hoy existen en el país personas de bien, legales, que no tienen empleo. Han sido rechazados por discapacidad, edad e incluso por simple discriminación.
Ahora, este editorial no puede ser más extenso por simple respeto al lector, pero podríamos seguir. Lo haremos a través de más editoriales y artículos.
Una simple conclusión; El gobierno no puede poner a pagar a los ciudadanos de bien los costos de la firma de un acuerdo con las FARC y mucho menos con más impuestos y aumentando los que están, como lo piensan hacer con el IVA, pasando del 16% al 19%.
Que las FARC dejen de mentir diciendo que no tienen dinero. Está bien, que él gobierno se los legalice, pero que de ahí reparen a sus victimas y se paguen a los guerrilleros que se van a desmovilizar.