Colombia llega al cambio de gobierno con una inflación que no cede. El Banco de la República proyecta que los precios seguirán subiendo a lo largo de 2026 y cerrarán el año en 6,4%, más del doble de la meta oficial. Esa meta es del 3%, el objetivo que fija el emisor para mantener la inflación baja y estable. La brecha entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir no es un tecnicismo de economistas: es dinero que les falta a los colombianos en el mercado, en la bomba de gasolina y en la plataforma donde compran un tiquete de avión.
Abelardo De La Espriella lo sabe
Y lo dijo en campaña. Durante meses, el presidente electo sostuvo que Colombia tiene un problema tributario que va más allá de los grandes impuestos corporativos. El país le ha cargado al ciudadano común una serie de gravámenes que no aparecen en los titulares, pero que se sienten todos los días.
El impuesto a los combustibles fue señalado expresamente por su equipo de campaña, indicando que cerca del 50% del valor de la gasolina corresponde a carga tributaria. A eso se suma la posible eliminación del impuesto 4×1000 y del impuesto al patrimonio, además de la reducción de la renta corporativa, dentro de una reforma tributaria que el nuevo gobierno espera presentar desde el inicio de su mandato.
Pero hay dos frentes que merecen atención urgente desde el primer día: la gasolina y los tiquetes aéreos. Son los dos productos donde la carga tributaria golpea con más fuerza la vida cotidiana de los colombianos, y donde una decisión valiente del presidente y de su vicepresidente José Manuel Restrepo tendría un efecto inmediato sobre la inflación y sobre la calidad de vida de millones de personas.
La gasolina: un precio que carga el Estado, no el mercado
Llenar el tanque en Colombia no es solo una transacción entre el conductor y la estación de servicio. Es, en buena medida, una contribución forzada al Estado. El 19% del precio final de la gasolina corresponde a impuestos, distribuidos en una arquitectura tributaria que pocos conocen en detalle pero que todos pagan: el impuesto nacional a la gasolina corriente, el impuesto al carbono y la sobretasa a la gasolina, que puede variar entre regiones.
Desde el 1 de febrero de 2026, las tarifas del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM subieron 5,10%, ajustadas con base en la inflación del año anterior. Es decir: como los precios subieron, el impuesto también subió. El mecanismo de indexación convierte al Estado en un beneficiario automático de la inflación que supuestamente debería combatir.
El efecto no es abstracto. La demanda de combustibles es inelástica: aunque el precio suba, el colombiano no deja de consumirlo, porque es un bien de primera necesidad que hace parte de la canasta familiar. Quien tiene un carro lo llena. Quien no lo tiene, paga igual: en el precio del bus, en el valor del domicilio, en el costo de los alimentos que llegaron en un camión. La gasolina cara no es un problema de conductores. Es un problema de todos.
El tiquete aéreo: el lujo que dejó de ser lujo
Durante décadas, volar en Colombia fue considerado un privilegio de estratos altos. Esa percepción quedó sepultada por los datos. El 75% de los usuarios del transporte aéreo en Colombia pertenece a estratos 2 y 3. El avión dejó de ser un capricho para convertirse en la única forma práctica que tienen millones de colombianos de conectarse con el resto del país, especialmente desde regiones donde no hay carretera confiable o donde el trayecto terrestre dura dos días.
Y sin embargo, la carga tributaria sobre los tiquetes sigue siendo tratada como si el pasajero promedio fuera un ejecutivo con gastos cubiertos.
El transporte aéreo en Colombia paga IVA de 19% y el combustible de aviación también paga IVA de 19%. El resultado es brutal: en vuelos nacionales, el 35% del valor total de un tiquete corresponde a impuestos; en vuelos internacionales, ese porcentaje asciende al 60%. Dicho de otra manera: de cada $100.000 que paga un colombiano por un tiquete doméstico, $35.000 van directamente al Estado antes de que el avión despegue.
Colombia tiene uno de los IVA más altos de la región para el transporte aéreo. En América, países como Canadá cobran 5% y Panamá 7%, mientras que Colombia aplica la tarifa general del 19%. Esa diferencia no es un dato menor: explica en parte por qué las aerolíneas de bajo costo han tenido dificultades para sostenerse en el mercado colombiano y por qué volar sigue siendo caro a pesar de la competencia.
La evidencia de que bajar ese IVA funciona ya existe. En 2022, cuando el IVA a los tiquetes aún estaba en 5%, Colombia alcanzó una cifra histórica de 48 millones de pasajeros movilizados. Cuando el impuesto volvió al 19%, la demanda se contrajo. El experimento ya fue hecho. Los resultados ya fueron medidos. Solo falta la decisión política de actuar sobre ellos.
Por qué esto también es una decisión antiinflacionaria
Reducir los impuestos al combustible y a los tiquetes no es solo una medida de alivio al consumidor. Es también política macroeconómica.
La gasolina no es un bien aislado. Está en el origen del costo de casi todo lo que se produce, se transporta y se distribuye en Colombia. La matriz de movilidad del país depende en más del 95% de combustibles fósiles, donde el diésel y la gasolina representan el 48% y el 52% del consumo respectivamente. Cuando la gasolina baja, bajan los fletes, bajan los alimentos en la plaza de mercado, bajan los precios en la ferretería del barrio. El efecto se multiplica hacia abajo en la cadena productiva.
Los tiquetes, por su parte, son un componente del costo de vida que afecta directamente a quienes tienen que moverse por trabajo, salud o familia. Bajarlos no solo les devuelve plata a los colombianos: reduce presión sobre un indicador de inflación que el propio Banco de la República proyecta seguirá alejándose de la meta durante todo 2026.
El momento es ahora
De La Espriella llega a la presidencia con una promesa de reforma tributaria desde el primer día y con un vicepresidente, José Manuel Restrepo, que conoce bien la arquitectura económica del Estado colombiano. La combinación es una oportunidad que no debería desperdiciarse en debates secundarios.
Colombia no necesita esperar una gran reforma para sentir un primer alivio. Necesita que el nuevo gobierno entienda que hay impuestos que no recaudan: empobrecen. Que hay cargas tributarias que no financian el Estado: lo deslegitiman. Y que hay decisiones concretas, técnicamente viables y políticamente posibles, que pueden devolverle a millones de colombianos algo que la inflación les ha venido quitando durante años: la capacidad de llegar a fin de mes sin que el Estado les cobre peaje por el camino.
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