Colombia tiene una deuda histórica con su niñez. Los recientes informes de Naciones Unidas y UNICEF lo confirman: la violencia contra los niños no solo persiste, sino que se agrava. Mientras el país se enreda en debates políticos de corto plazo, los datos revelan una crisis humanitaria silenciosa que amenaza nuestro presente y compromete el futuro.
El Informe del secretario general de Naciones Unidas de 2025 es una radiografía dolorosa. En 2024 se verificaron 646 violaciones graves contra la niñez, un aumento del 42% en un solo año. Detrás de cada número hay una historia de horror: un niño asesinado, una niña víctima de violencia sexual, un adolescente secuestrado o reclutado. La guerra, una vez más, se ensaña con los más vulnerables.
El reclutamiento de menores por parte de grupos armados aumentó un 64%, con 450 casos registrados. Este drama golpea con más fuerza a las comunidades indígenas, afrodescendientes y a quienes viven en zonas fronterizas, donde la presencia del Estado es casi inexistente. Las niñas y adolescentes, en particular, son víctimas de formas atroces de violencia y esclavitud, muchas veces invisibilizadas por el miedo y el estigma.
Incluso las escuelas se han convertido en frentes de batalla. Los ataques a estas infraestructuras pasaron de 25 en 2023 a 42 en 2024. Además, se documentaron más de 7.000 casos de uso de escuelas con fines militares. Un salón de clases no debe ser una trinchera; debe ser un lugar de esperanza, un refugio donde los niños puedan aprender sin miedo.
Aunque la situación es alarmante, no es nueva. El informe “Una guerra sin edad”, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y UNICEF, identificó más de 16.000 casos históricos de reclutamiento infantil. Y aunque hay avances, como las imputaciones de la JEP a excomandantes de las FARC, los esfuerzos siguen siendo insuficientes.
No podemos normalizar que cientos de niños sean arrancados de sus familias para la guerra. Nuestra indignación debe transformarse en acción, y esa acción debe basarse en tres pilares: inversión, vigilancia y educación.
Inversión para que los programas de protección no dependan únicamente de la cooperación internacional. Vigilancia para exigir rendición de cuentas a las instituciones. Y educación, no solo como acceso a la escuela, sino como un proyecto integral que forme a los niños en ciudadanía, resiliencia y cultura de paz.
En las negociaciones de paz con el ELN y otros grupos, la niñez debe estar en el centro. No puede haber un acuerdo creíble si no garantiza la protección de los menores como víctimas históricas y sujetos de derechos. Si los niños no son una prioridad, estamos condenados a repetir los errores del pasado.
Las cifras son devastadoras, pero lo que realmente está en juego es nuestra esencia como sociedad. Un país que no protege a sus niños renuncia a su propio futuro. La niñez no puede seguir siendo el capítulo olvidado de los informes. Es necesario preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para saldar esta deuda histórica con la infancia?