El reciente anuncio de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas —aunque manteniendo la ayuda bajo un “waiver” o exención— dejó en evidencia las tensiones entre Washington y Bogotá frente a los cultivos ilícitos, el narcotráfico y los resultados de las políticas de erradicación.
La decisión fue explicada por Jhon McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, en entrevista con Blu Radio. Allí detalló que, pese a reconocer los esfuerzos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el aparato judicial colombiano, la administración estadounidense no pudo ignorar el crecimiento de la coca en el país.
¿Por qué los cultivos ilícitos pesaron más que las incautaciones?
Según McNamara, el gobierno de Joe Biden —al igual que ocurrió en su momento con Donald Trump— consideró que los “niveles récord” de cultivos ilícitos y la producción de cocaína superaron los avances en materia de incautaciones, interdicción o extradiciones.
“La realidad es que las cifras son las cifras. Hay más coca que nunca, más madura y más productiva, mientras la erradicación sigue siendo muy baja”, sostuvo el diplomático en la entrevista. Esa combinación llevó a Washington a determinar que Colombia no cumplió “de manera demostrable” con sus compromisos internacionales.
En otras palabras, la lógica fue aritmética: aunque se decomise más droga, si la base de producción sigue creciendo, el esfuerzo parece insuficiente.
Lo que evita un choque mayor es que la descertificación vino acompañada de un waiver. Este mecanismo, explicó McNamara, significa que, a pesar del desacuerdo con las políticas del gobierno colombiano, Estados Unidos mantendrá el apoyo económico, militar y humanitario al cien por ciento.
“La lucha común es más importante que cualquier cosa. Seguiremos unidos en esto”, aseguró. No obstante, dejó claro que el mensaje político es fuerte: Washington no está conforme con la estrategia de Bogotá frente a los cultivos ilícitos.
Críticas a la política y reconocimiento a las instituciones
Un punto llamativo del comunicado oficial, resaltado por McNamara, es la diferenciación entre el gobierno y las instituciones. Mientras la Casa Blanca cuestionó al presidente Gustavo Petro por su enfoque en la lucha antidrogas, reconoció el trabajo de las Fuerzas Militares, la Policía y autoridades locales.
Esto marca una línea de evaluación particular: Estados Unidos ve en las instituciones un socio confiable, pero considera que desde la Casa de Nariño la dirección política no ha dado resultados concretos en la reducción de los cultivos ilícitos.
«Nada cambia con esta decisión», dijo McNamara. Aunque no habrá sanciones inmediatas ni suspensión de ayuda, la descertificación representa un golpe simbólico y diplomático. Se trata de una advertencia clara: si la tendencia de los cultivos ilícitos sigue en aumento, Washington podría endurecer sus medidas.
Además, revive un debate de décadas: ¿es realmente eficaz la política de erradicación forzosa y la persecución militarizada, o debería Colombia insistir en un enfoque más social, basado en sustitución voluntaria y desarrollo rural?
Un desafío que trasciende gobiernos
McNamara fue tajante al recordar que la lucha contra el narcotráfico es “súper complicada, casi un chicharrón”. A su juicio, ningún país puede librarla en solitario y, pese a los roces, Estados Unidos seguirá comprometido con Colombia por razones estratégicas: seguridad regional, estabilidad democrática y control del crimen organizado.
Mientras tanto, el país queda en el centro de una encrucijada. De un lado, la presión internacional que exige resultados inmediatos en la reducción de los cultivos ilícitos; del otro, las promesas de cambio de modelo que el presidente Petro ha defendido, apelando a enfoques alternativos.
La descertificación, en todo caso, pone de nuevo a Colombia bajo el reflector global. Y recuerda que, en la ecuación del narcotráfico, no basta con incautar más cargamentos: lo que realmente pesa es cuánto se siembra, cuánta coca madura en las regiones y qué tanto se logra reducir esa base productiva.
