Tras 30 años, Colombia volvió a ser descertificada por Estados Unidos en su lucha contra las drogas. Así lo dio a conocer el presidente Gustavo Petro en medio de un consejo de ministros, lo que representa un duro golpe diplomático y agrava las relaciones bilaterales. Sin embargo, pese a la decisión, aún existe una ventana para que el gobierno colombiano revierta la medida y logre asegurar nuevamente la certificación en esta materia.
Uno de los personajes que se manifestó fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien desde Israel responsabilizó directamente al mandatario colombiano de la descertificación.
Colombia busca recuperar certificación antidrogas tras decisión de Estados Unidos y presión a Petro
“Además de ser errático, no ha sido un buen socio en la lucha contra los cárteles de la droga con Estados Unidos”, señaló Rubio, al advertir que el liderazgo de Gustavo Petro no cumple con los estándares de Washington.
De acuerdo con expertos, Estados Unidos evalúa periódicamente los avances de cada país en la lucha contra las drogas, un flagelo que afecta directamente la salud y la seguridad de las naciones. No obstante, Colombia no tiene el camino cerrado para recuperar la certificación: cuenta con un periodo en el que debe mostrar resultados concretos en frentes clave como la erradicación de cultivos ilícitos, la reducción de la producción de cocaína, la cooperación judicial en materia de extradiciones y el fortalecimiento de las operaciones de las fuerzas de seguridad.
En este contexto, desde Washington se insiste en que el país “todavía tiene un camino de regreso a la certificación”. Para lograrlo, el gobierno colombiano deberá alinearse con los estándares estadounidenses en la lucha antidrogas, mostrar mayor compromiso político y fortalecer la cooperación directa con las agencias norteamericanas. Además, tanto el Congreso como la Casa Blanca harán un seguimiento cercano en los próximos meses para evaluar si la administración Petro corrige el rumbo en materia antidrogas.
Por su parte, el presidente Petro ha señalado que la descertificación desconoce los sacrificios que Colombia ha hecho en medio de la guerra contra las drogas, donde decenas de miles de personas han perdido la vida.
“Todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano. Incluso se afecta al pueblo colombiano, inocentes o no. Lo que ocurre es que se busca impedir que la sociedad norteamericana se embadurne más las narices de cocaína”, expresó el mandatario.
Aunque la descertificación supone un golpe político y simbólico, no significa la suspensión inmediata de la ayuda estadounidense, gracias a una excepción especial por “intereses nacionales vitales”. Sin embargo, de no cumplirse los criterios exigidos por Washington, Colombia se expone a sanciones más severas, restricciones en la cooperación, mayor aislamiento diplomático y la suspensión de programas que hoy cuentan con financiamiento internacional.
Ayudas a programas más allá de lo militar
Colombia ha recibido históricamente alrededor de 440 millones de dólares anuales en asistencia de Estados Unidos, recursos que han permitido desarrollar más de 80 programas en materia de desarrollo, paz, derechos humanos y fortalecimiento institucional.
Para este año, el país estimaba recibir cerca de 380 millones de dólares en cooperación que incluía la lucha antidrogas, seguridad nacional y fortalecimiento militar. Sin embargo, esta cifra representó una reducción frente a 2024, cuando el monto alcanzó los 410 millones de dólares.
Según la Cámara Colombo–Americana (AmCham), una descertificación podría implicar la suspensión de al menos 40,4 millones de dólares en ayuda militar, lo que pondría en riesgo capacidades estratégicas de las fuerzas armadas y limitaría la ejecución de operaciones conjuntas.
Por ahora, el reloj corre. El Ejecutivo colombiano deberá demostrar resultados verificables en el corto plazo si quiere evitar que la descertificación se convierta en un obstáculo permanente para la relación estratégica con su principal aliado internacional. De lo contrario, el país podría ver afectada de manera directa su capacidad para enfrentar el narcotráfico, un fenómeno que lejos de disminuir se ha incrementado en los últimos 12 meses y que sigue siendo uno de los principales desafíos de seguridad nacional.
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