El incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Nacional a finales de diciembre, volvió a poner sobre la mesa una discusión sensible para la economía colombiana: el equilibrio entre mejorar el ingreso de los trabajadores y la capacidad real de las empresas para sostener ese aumento sin afectar el empleo ni los precios.
Para este año, el salario mínimo quedó fijado en $1.750.905, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095, lo que eleva el ingreso mensual de quienes devengan el mínimo a cerca de $2 millones, dependiendo de la región. Aunque el ajuste busca proteger el poder adquisitivo, su impacto va mucho más allá del ingreso individual.
Salario mínimo 2026: más ingreso para los trabajadores, más presión para la economía
Desde la perspectiva empresarial, el salario mínimo no se limita al valor consignado en la nómina. A este se suman aportes obligatorios a salud, pensión, riesgos laborales y prestaciones sociales. En la práctica, un trabajador que gana el mínimo en 2026 puede representar un costo mensual de entre $2,85 y $3,06 millones, según el nivel de riesgo de la actividad.
Este incremento en los costos laborales no siempre viene acompañado de mayores niveles de productividad, ventas o rentabilidad, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y en pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con Andrés Cardona, vicepresidente de Transacciones y Consultoría de CBRE Colombia, «con el Gobierno decretando un aumento del salario mínimo cercano al 23 % para 2026, se crea automáticamente un desfase técnico entre inflación y salario mínimo, lo que genera distorsiones e impactos en cascada para distintos sectores de la economía».
El salario mínimo en Colombia funciona como un referente para múltiples precios y tarifas. Su aumento impacta directamente multas de tránsito, trámites notariales, topes de vivienda de interés social, matrículas educativas privadas, servicios domésticos y arriendos comerciales, entre otros.
Por esta razón, el ajuste no solo presiona los costos empresariales, sino que también incide en el costo de vida, incluso para quienes no reciben el aumento salarial.
El aumento llega en un contexto laboral complejo. De acuerdo con cifras del DANE, la informalidad laboral se ubicó en 57,2% durante el primer trimestre de 2025. Además, de los 977.000 empleos creados en octubre del año pasado, 732.000 fueron informales, lo que refleja la dificultad de generar trabajo formal sostenible.
Expertos advierten que un mayor costo del empleo formal puede cerrar aún más la puerta a la formalización, especialmente en pymes y sectores con baja productividad.
El Banco de la República ha señalado que cada punto adicional de aumento en el salario mínimo podría sumar cerca de 0,20% a la inflación. Con un ajuste de esta magnitud, el efecto sobre los precios deja de ser marginal.
A esto se suma un entorno empresarial retador. Entre 2024 y 2025, la Superintendencia de Sociedades registró más de 3.000 procesos de insolvencia, principalmente en comercio, servicios y manufactura. Además, las mil empresas más grandes del país reportaron una caída cercana al 7% en ingresos consolidados, lo que anticipa mayores presiones para el tejido empresarial.
Analistas coinciden en que el aumento salarial podría traducirse en reducción de horas extra, reorganización de turnos, automatización de procesos y, en algunos casos, despidos, especialmente donde los márgenes son más estrechos.
El consenso es claro: el desafío no es pagar mejores salarios, sino hacerlo en un entorno donde las empresas logren ser más productivas, eficientes y financieramente sostenibles.
En 2026, el foco estará en la capacidad de las compañías para convertir ventas en caja, eficiencia en productividad y decisiones financieras en estabilidad, en medio de un ajuste que ya se siente en toda la economía.
«En últimas, esta medida no solo incrementa los costos estructurales de la economía, sino que termina presionando al alza los precios de arrendamiento, bienes y servicios, neutralizando el supuesto beneficio del aumento salarial y profundizando las distorsiones que afectan el empleo formal, la inversión y la competitividad del país». Destacó Andrés Cardona.
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