En los últimos 14 años, el país y las regiones han experimentado diferentes contrastes. Con el paso del tiempo, las personas han tomado cada vez más conciencia de que los recursos públicos son importantes, sagrados, no crecen en las ramas de los árboles ni se generan por arte de magia. Estos recursos solo son posibles si los ciudadanos y las empresas pagan sus impuestos.
Este no es el dinero del gobierno, sino el dinero de los contribuyentes que, en su gran mayoría, trabajan incansablemente con mucho esfuerzo y dedicación. Lo hacen no solo para obtener ingresos que les permitan vivir, crecer y formarse, sino también para ser económicamente independientes, tener solvencia y, por supuesto, las empresas que deben soportar la mayor carga tributaria. Muchas de estas empresas se han visto asfixiadas cada vez más, algunas consideradas pequeñas en cualquier economía del mundo. Muy pocas podrían ser consideradas grandes compañías, todo dentro de un ecosistema de economía muy informal, raquítica, arcaica, poco innovadora, politizada y muy intervenida por el Estado, con el mayor agravante.
Solo hasta hace muy poco tiempo, ciertos gobernantes, no todos, han sido conscientes de la demanda, el deber y la obligación ética, moral y casi administrativa de cuidar los recursos públicos. Para muchos gobernantes, una vez que ocupan sus puestos de poder, asumen las chequeras estatales como personales. Y, por supuesto, las primeras soluciones van dirigidas a sus necesidades, sus círculos, sus amigos, sus contribuyentes y sus negocios. Colombia padeció esto durante más de 20 años, donde existía poco control social, cero control político, mucha corrupción, grandes posibilidades de evasión, falta de rendición de cuentas y ejercicio de contratación directa. Todo esto configuraba un gran desfalco al erario público nacional.
Hoy observamos detenidamente cómo surgen líderes políticos que hablan de la austeridad en el gasto. Algunos lo hacen con coherencia y consecuencia, cumpliendo y honrando sus promesas, mientras que otros solo lo expresan de manera dicharachera, para la galería, sin llevarlo a la realidad. Otro de los grandes peligros y venenos de la democracia moderna.
De esta manera, queremos saludar los esfuerzos recientes de gobernantes como Andrés Julián Rendón en Antioquia. Para muchos, recortar viajes internacionales y cancelar planes de celular pueden parecer gastos insignificantes o realizar ciertos ajustes en temas de transporte. Pero para un verdadero apego a la responsabilidad fiscal y a la responsabilidad con los ciudadanos, el Estado debe gastar lo mínimo en su funcionamiento y lo máximo en lo que beneficia a la sociedad. Estas medidas, junto con la decisión de haber nombrado solo el 60% del gobierno, son pasos que se complementarán con otros y permitirán a una Gobernación como la de Antioquia, la más importante del país, lograr ahorros significativos mes a mes, que con el tiempo se convertirán en miles de millones destinados a las verdaderas necesidades del pueblo antioqueño.
Otro de los problemas evidentes es la creación excesiva de puestos, secretarías, gerencias, direcciones y ministerios. A nivel nacional, vemos ejemplos como el Ministerio del Deporte, creado en el gobierno de Iván Duque, que no ha entregado resultados positivos al país, pero sí ha gastado miles de millones en burocracia y clientelismo. Lo mismo sucede con el Ministerio de Ciencia, también creado en ese gobierno. Dos ministerios, Ciencia y Deportes, ya existían en el gobierno de Juan Santos. Cambiar el nombre del cargo parece ser la fijación de los políticos, como el cambio de Coldeportes a MinDeportes. Sin embargo, los resultados de estos ministerios son desastrosos, no hay nada.
Hay ejemplos de secretarías en ciertos gobiernos regionales, como la Secretaría de la No Violencia, la Secretaría de la Inclusión, la Secretaría de la Participación, de las Negritudes, de las Etnias, de las Mujeres, la Secretaría de la Diversidad y la Secretaría de los Asuntos de Importancia. Esto es como si quisieran darle una secretaría a un amigo o familiar desocupado de inmediato.
Esta situación ha ocurrido en Medellín durante el gobierno pasado. Con todo respeto, creemos que la capacidad institucional se puede enfocar y ocupar con programas, direcciones y proyectos para mujeres, negritudes, hombres, niños y adultos, sin necesidad de crear esquemas burocráticos que, de entrada, cuesten 50 carros, oficinas nuevas y 1000 funcionarios de planta. Esto no tiene sentido ni sostenibilidad.
A Colombia le ha faltado disciplina para mejorar la economía. Recientemente, nos despertamos con una investigación de un medio de comunicación que confirma que Verónica Alcocer, la Primera Dama de la Nación, un cargo inútil que no aporta al país, tiene maquillador, fotógrafo, amiga personal, amigo personal, asistente personal y una gran planta de amiguitos en sus cargos que cuestan más de 1000 millones, cargados al bolsillo de los colombianos que pagan impuestos. Esto no tiene sentido ni lógica.
¿Cómo se permite esto? Queremos hacer un llamado a la ciudadanía para exigir control y rigor en cómo se gasta el fisco público y cómo se cuida el aporte del ciudadano. Los políticos no deben abusar, no deben ser descarados y deben tener la responsabilidad de gobernar cada vez mejor y con sentido de austeridad en sus gobiernos.
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