El presidente Gustavo Petro ha demostrado repetidamente que, a medida que avanza su gobierno y se acerca el final de su periodo presidencial, parece perder con mayor facilidad la capacidad de tolerancia, prudencia y ese espíritu unificador y colectivo con el que inició su mandato. En otras palabras, parece querer gobernar únicamente con quienes siguen estrictamente sus directrices, más allá de compartir o no sus ideales.
No se trata solo de tener afinidad ideológica con el presidente, sino de entender que el Estado colombiano tiene dinámicas, atributos y comportamientos inherentes a su naturaleza neutral y autónoma. Ese ADN institucional no puede ser moldeado según la voluntad del presidente de turno, y aquí radica uno de los principales desafíos de Petro: parece no comprender que sus funcionarios no necesariamente son desleales o desobedientes, sino que, una vez en el cargo, aquellos con sentido patriótico y responsabilidad entienden que lo correcto y necesario no siempre coincide con los deseos del mandatario.
Le pasó al efímero ministro de Hacienda, Diego Guevara, que, si bien muchos —nos incluimos— teníamos reservas por sus posiciones del pasado, no se trata de una persona de ideología neoliberal, capitalista o de derecha; nunca ha sido sospechoso de serlo. Tuvo la gallardía y la nobleza de, al llegar al ministerio y encontrarse con una situación fiscal de suma gravedad, evidenciar que no era posible llevar a cabo todo lo que se dice en los micrófonos. El exministro Guevara dejó claro que se requerían una serie de ajustes presupuestales que eran inexorablemente ineludibles y comprendió que, si el gobierno hacía caso omiso de esto y se oponía a la realidad, las consecuencias serían nefastas en materia macroeconómica.
Fue claro al expresar en varias ocasiones la necesidad de hacer aplazamientos y recortes presupuestales, especialmente después de las advertencias y calificaciones recientes de entidades calificadoras. Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por el presidente Petro, quien considera que el Estado no puede dejar de gastar ni un solo peso, incluso si esto implica operar con déficit. El presidente parece asociar la búsqueda de finanzas sanas con simpatizar con quienes no comparten su visión o alinearse con sus antagonistas, lo cual dista mucho de la realidad.
Creemos que este enfoque envía un mal mensaje, no solo para los mercados —que, siendo francos, nunca han sido una prioridad para el presidente Petro—, sino también para la estabilidad económica del país. Aunque los mercados han aprendido a distinguir entre la economía y el gobierno, las decisiones del presidente siguen generando reacciones inmediatas, como se evidenció el pasado martes con el movimiento del dólar.
Nuestra mayor preocupación, en conclusión, es que llegue una persona débil al Ministerio de Hacienda, alguien servil y obediente que simplemente diga «sí» a todo lo que el presidente Petro propone, ignorando la evidencia y sin una ideología sólida. Esto podría tener consecuencias económicas graves para un país cuya economía ya está frágil. Paradójicamente, estas decisiones perjudicarían al propio gobierno y llevarían a la ciudadanía a rechazar el manejo económico del presidente Gustavo Petro.
¡Ñapa! Es irónico que el Estado, siendo el mayor empleador del país, no haya sido capaz de formalizar a los miles de contratistas bajo la figura de prestación de servicios, y esto no solo en los gobiernos anteriores, sino especialmente en estos tres años de administración. A ello se suman los vejámenes, chantajes y presiones a los que se ven sometidos estos trabajadores. El presidente Petro debería comenzar dando ejemplo en casa y corregir lo que él mismo ha llamado «esclavitud laboral».
