La exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro aseguró que su actuación como primera vicepresidenta del Senado estuvo ajustada a sus funciones y rechazó los señalamientos que buscan relacionarla con las irregularidades investigadas durante el trámite de la reforma pensional.
Pizarro rechazó cualquier relación con las actuaciones que llevaron al Consejo de Estado a decretar, en primera instancia, la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name. A través de un comunicado, la dirigente del Pacto Histórico aseguró que no tuvo participación ni conocimiento de los hechos investigados y cuestionó los intentos de vincularla con el caso.
“No tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name. No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno”, afirmó Pizarro, quien defendió su desempeño durante el periodo en que integró la Mesa Directiva del Congreso.
¿Por qué estaría vinculada María José Pizarro con Iván Name?
El pronunciamiento se produjo después de que el Consejo de Estado decretara, el pasado 25 de septiembre, la pérdida de investidura de Name por tráfico de influencias, tras examinar su actuación durante el trámite de la reforma pensional. La decisión judicial menciona a Pizarro en 85 ocasiones debido a su participación en las sesiones que presidió durante las ausencias del entonces presidente del Senado.
Pizarro explicó que fue elegida primera vicepresidenta del Senado el 20 de julio de 2023 y que, conforme al artículo 45 de la Ley 5.ª de 1992, le correspondía reemplazar al presidente de la corporación cuando este se encontraba ausente o imposibilitado para ejercer sus funciones.
“Mi desempeño en la Mesa Directiva fue institucional y está documentado en las actas y los registros audiovisuales oficiales del Senado”, manifestó la excongresista, quien insistió en que las referencias a las sesiones que presidió no implican que se le atribuya responsabilidad por las conductas sancionadas a Name.
La dirigente del Pacto Histórico sostuvo que su actuación durante el trámite de la reforma pensional respondió a sus responsabilidades institucionales y a sus convicciones políticas, orientadas a impulsar las reformas sociales promovidas durante su paso por el Congreso.
Asimismo, señaló que cualquier cuestionamiento sobre su conducta debe sustentarse en las pruebas documentales y audiovisuales disponibles, y no en interpretaciones que excedan lo establecido en la decisión judicial.
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