Hace apenas una semana, desde este mismo espacio, dijimos lo que muchos no querían oír: Colombia necesitaba volver a sentarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo dijimos después de que el ministro de Hacienda descartara ese camino en la Convención Bancaria, una decisión que nos pareció un error. El domingo en la noche, en alocución nacional, el presidente Abelardo de la Espriella corrigió el rumbo: «Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo». Y ordenó abrir conversaciones con el Fondo.
No se trata de tener razón. Se trata de que el país gane tiempo. Pero sí hay que decirlo: teníamos razón.
Como dirían los españoles, es lo que hay.
Un acuerdo con el FMI significa financiamiento a tasas más bajas que las del mercado, el respaldo de Estados Unidos y, sobre todo, la obligación de hacer las reformas estructurales necesarias que ningún gobierno ha tenido el valor de hacer por cuenta propia. No es un camino cómodo. Pero no es una quimioterapia tan dura como la alternativa: seguir navegando a ciegas por aguas turbias hasta encallar.
Primero, hay que agradecerle al presidente dos cosas. La sinceridad, porque reconocer en cadena nacional que la caja está vacía no es popular. Y el coraje de haber recibido semejante bomba de relojería. El gobierno anterior bien puede pasar a la historia como el peor en muchos frentes, pero en el manejo económico no pudo haber sido más desastroso, más irresponsable y, en no pocos momentos, más ignorante.
Las cifras hablan solas
El déficit saltó del 4,2 por ciento del PIB en 2023 al 6,7 por ciento en 2024. Si nada cambia, en 2027 llegaría al 9,4 por ciento, más del doble del 4,5 por ciento que prometía el Marco Fiscal. La deuda neta treparía al 66,2 por ciento del PIB, cuando hace poco se proyectaba en 58,9. Según el Ministerio de Hacienda, el Estado gasta cerca de 40 billones de pesos al mes y recauda 29.
Del presupuesto de 634,9 billones que hoy discute el Congreso, 155 billones, el 24,5 por ciento, se irán en servicio de la deuda; 94,4 billones serán solo intereses. Las necesidades de emisión de deuda casi se duplican: de 125,6 a 238,6 billones. Uno de cada cuatro pesos del Estado no construirá una vía ni pagará un maestro: se irá a los acreedores.
Y hay un episodio que merece quedar escrito. En abril de 2024 Colombia tenía aprobada una Línea de Crédito Flexible con el Fondo por 6.133,5 millones de derechos especiales de giro. Un seguro contra tormentas, nunca desembolsado, que el gobierno anterior canceló en octubre de 2025. Tiró el paraguas justo cuando empezaba a llover. Hoy lo pagamos todos.
Aquí va una reflexión como sociedad
Durante años nos convencieron de que la economía es un tema de ricos, que las cifras fiscales son cosa de tecnócratas y que la política es asunto de políticos. Muchos se declararon apolíticos, como si eso fuera una virtud. Increíble. La economía es lo más importante que tiene un país: es el precio del mercado, el empleo del hijo, la cuota del crédito y la pensión del abuelo. Cuando la sociedad no le para bolas a esto, pasa lo que hoy estamos viviendo.
El Fondo puede ser un aliado, pero no hará el trabajo por nosotros. Desde 360 proponemos cuatro frentes.
Primero, un dólar bajito, un dólar asequible. Colombia importa buena parte de lo que consume, desde alimentos e insumos agrícolas hasta maquinaria y medicamentos. Un dólar caro es inflación, que en julio seguía en 6,03 por ciento, y es deuda externa más costosa. Hoy la tasa representativa abrió en 3.306,86 pesos, con una baja de 22,75 frente al viernes. Esa es la dirección: la confianza fiscal fortalece el peso, y un peso fuerte alivia al consumidor y a las cuentas públicas.
Segundo, el Estado tiene que vender activos, y muchos. Se habla de un colchón cercano a 47 billones de pesos en participaciones como las de Ecopetrol e ISA. El Estado no necesita ser dueño de todo; necesita ser solvente. Cada peso que hoy duerme en una empresa estatal podría estar reduciendo una deuda que nos cuesta 94 billones al año en intereses.
Tercero, un recorte generoso de la burocracia. El recorte de 21,9 billones para 2026 y la reducción de 18 a 13 ministerios, con un ahorro estimado cercano al 2 por ciento del PIB, van en la dirección correcta. El ajuste completo que plantea Hacienda, de unos 45 billones, bajaría el déficit de 9,4 a 7,2 por ciento del PIB. Eso exige cerrar entidades duplicadas, podar nóminas infladas y acabar con contratos que nadie evalúa. Y exige al Congreso no convertir las 650 proposiciones al presupuesto, que debe aprobarse a más tardar el 20 de octubre, en una colcha de retazos electorales.
Cuarto, hechos contundentes, no solo mensajes, para bancos, calificadoras, mercados e inversionistas. La economía creció 3,5 por ciento anual en el segundo trimestre y el desempleo bajó a 8,1 por ciento en julio. Hay con qué. Pero la credibilidad no se decreta: se demuestra con decisiones medibles y cumplidas a tiempo.
Colombia ya ha recorrido este camino. En 1999, en medio de la peor crisis del siglo, el gobierno de Andrés Pastrana firmó con el Fondo un acuerdo por unos 2.700 millones de dólares, y luego vinieron los de 2003 y 2005. De esa disciplina salió una de las etapas de mayor confianza inversionista en la historia reciente del país.
El presidente dijo que el saldo está en rojo. Tiene razón. Ahora le corresponde devolverlo al negro. El Fondo aporta la tasa, el respaldo y la vigilancia. La voluntad, la austeridad y el respeto por el dinero de los colombianos tienen que ponerlos el Gobierno y el Congreso.
Lo dijimos hace una semana y lo repetimos hoy: este es el camino. Ojalá esta vez no se pierda por el orgullo.
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