Esta madrugada, mientras buena parte del país todavía dormía, las Fuerzas Militares bombardearon un campamento narcoterrorista en la selva del Guaviare. Horas después, el propio presidente Abelardo de la Espriella confirmó los resultados: ocho combatientes de estructuras criminales dados de baja, tres capturados y dos menores rescatados de las filas de un grupo armado que los había reclutado a la fuerza.
La Operación Azarías, desplegada en la vereda Lagos del Dorado, en Miraflores, dejó además un arsenal completo fuera de circulación, con fusiles, ametralladoras, un mortero, minas antipersona y más de 29.000 municiones que ya no estarán disponibles para sembrar terror en esa región.
No es un hecho aislado, sino la continuación lógica de una decisión que este gobierno tomó apenas unos días antes y que merece un respaldo claro. El viernes pasado, mediante nueve resoluciones, el presidente puso fin a los diálogos de paz con tres estructuras armadas heredadas del gobierno anterior: las disidencias de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
No hay más «paz total» ni diálogo
Ya lo había anunciado desde su discurso de posesión, el 7 de agosto, cuando dijo ante la Fuerza Pública que la opción del diálogo estaba completamente agotada. Ese día, muchos lo tomaron como una frase de campaña. Hoy, con las resoluciones firmadas y con las botas ya en el terreno, queda claro que era una promesa de gobierno cumplida.
Conviene recordar porqué esta decisión es acertada, porque en Colombia la palabra paz se ha usado durante años con demasiada liviandad. La llamada paz total partía de una idea que, en principio, no era descabellada: que el país no puede resolver todos sus conflictos armados únicamente a bala. Sin embargo, se ejecutó sin la condición mínima que hace posible cualquier negociación seria, que es la verificación.
Durante cuatro años, el Estado se sentó a hablar con grupos que jamás detuvieron el reclutamiento forzado de menores, que siguieron extorsionando a comerciantes y transportadores, y que ampliaron su presencia territorial mientras firmaban protocolos de buena voluntad. Hoy esas estructuras tienen influencia en más de quinientos municipios del país, y esa cifra, más que cualquier discurso, resume el fracaso real de la estrategia anterior.
Por eso, cuando un gobierno decide cerrar esa puerta y decirle al país, con hechos y no solo con palabras, que el Estado no negocia su autoridad con quien nunca mostró voluntad real de desarme, ese gobierno merece el respaldo de los ciudadanos que durante años vieron cómo sus territorios quedaban a merced de estas organizaciones. Y cuando ese cierre viene acompañado, apenas unos días después, de operaciones militares concretas, con resultados verificables y con menores rescatados del reclutamiento forzado, el respaldo debe ser todavía más contundente.
Aquí hay que decirlo sin rodeos
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia merecen el reconocimiento de este país. Llevan décadas enfrentando, con recursos limitados y bajo presión política constante, a estructuras criminales que no respetan ni la vida ni la ley. La nueva cúpula militar, encabezada por el general Erick Rodríguez, y el regreso al servicio activo de oficiales que habían sido retirados durante el gobierno anterior, son señales de que el país vuelve a confiar en su institución castrense como el pilar que siempre debió ser. Cuando un soldado o un policía sale a operar en el Guaviare, en Miraflores o en cualquier rincón golpeado por la violencia, no está defendiendo una bandera política, sino la posibilidad de que un campesino, un comerciante o un niño puedan vivir sin miedo. Eso merece gratitud, no sospecha.
Ahora bien, respaldar esta decisión no significa cerrar los ojos ante los retos que vienen. Cerrar una mesa de diálogo es apenas el primer paso, y lo que sigue, que es donde está la verdadera prueba de este gobierno, es sostener la presión en el tiempo: con una Fiscalía capaz de judicializar con pruebas sólidas, con inteligencia militar bien financiada y con una presencia estatal integral que llegue también con escuelas, vías y títulos de propiedad, no solamente con fusiles.
La seguridad sin desarrollo institucional es, en el mejor de los casos, una victoria temporal. Y conviene decirlo con la misma claridad con la que se respalda al gobierno: toda operación militar debe ejercerse dentro de la ley, con respeto al debido proceso y a los derechos humanos, porque un Estado fuerte no es un Estado sin límites, sino uno que hace cumplir la ley empezando por sí mismo. Todo indica, hasta ahora, que así se está haciendo.
Lo que el país necesitaba no era otro ciclo de negociaciones sin condiciones ni tampoco un discurso vacío de mano dura. Necesitaba, sencillamente, autoridad legítima, ejercida con reglas claras y respaldada por resultados verificables en el terreno. Esta semana, entre resoluciones firmadas y operaciones militares exitosas, el gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a entregar exactamente eso.
Los colombianos que durante años vivieron bajo la sombra de estos grupos armados no necesitaban símbolos. Necesitaban que la autoridad del Estado se sintiera todos los días, en cada vereda. Y esta semana, por fin, empezó a sentirse.
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