La Procuraduría General informó que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo le dio la razón en el proceso, luego de advertir que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en fallas al valorar el expediente de la masacre perpetrada por las extintas Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá el 28 de noviembre de 1996 en el municipio de El Santuario, Oriente de Antioquia.
Según el Ministerio Público, el tribunal desconoció testimonios y versiones libres de exjefes paramilitares que señalaban vínculos y apoyos de terceros a esos grupos armados, además de omitir otros elementos probatorios de relevancia.
Consejo de Estado ordena al Tribunal Administrativo de Antioquia revisar fallo por desconocer pruebas en la masacre de El Santuario
En su concepto, el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado sostuvo que la decisión del tribunal antioqueño ignoró los estándares mínimos de flexibilidad probatoria, exigidos en procesos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.
“El Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció los estándares mínimos de flexibilidad probatoria, y que en el expediente obraban medios de prueba que no fueron debidamente valorados, como las versiones libres y declaraciones de testigos, entre ellos exjefes paramilitares, que relataron los vínculos y apoyo de terceros a grupos de justicia privada en la región”, dijo la entidad en un comunicado.
El Consejo de Estado coincidió con esa postura y advirtió que la instancia judicial regional incurrió en un defecto sustantivo, pues no aplicó las obligaciones internacionales del Estado colombiano en la materia, incluidas la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana y los Convenios de Ginebra.
Como consecuencia del fallo de tutela a favor de los familiares de las víctimas, la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia emitir una nueva sentencia en un plazo máximo de 20 días. Esta deberá tener en cuenta los criterios de flexibilización probatoria en casos de violaciones graves a los derechos humanos y reparar los errores cometidos en la valoración de las pruebas.
La decisión constituye un respaldo para los familiares de las víctimas, quienes llevan casi tres décadas buscando justicia por la masacre en la que fueron asesinadas cinco personas. El pronunciamiento del Consejo de Estado también marca un precedente sobre la necesidad de aplicar estándares internacionales en investigaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad en Colombia.
