miércoles, febrero 1, 2023
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    ¿Me pongo los tenis?


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    Por: Mauricio Cuesta

    Luego de 8 horas de debate de moción de censura a la ministra Irene Vélez, o más bien, de reclamos y ataques entre los partidos citantes y la coalición de gobierno, la cabeza de la cartera de minas y energía planteó la visión del cambio en el sector minero-energético que trae el gobierno del presidente Petro. No hay asomo de duda de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia sobre la descarbonización y su contribución al cambio climático, específicamente, con una reducción del 51% de las emisiones de gases efecto invernadero al año 2030. Tampoco existe debate sobre los impactos del cambio climático en la población más vulnerable, como nos ha dejado en los últimos meses el fenómeno de La Niña con más de 3 mil eventos de emergencia en 864 municipios, más de 600 mil personas afectadas, y 500 mil viviendas destruidas. 

    El clima sí ha generado estragos a lo largo y ancho del país, y no se anticipa que esos eventos vayan a amainar, con un saldo aterrador, que, en palabras de la ministra, es contundente: “el cambio climático, mata, desplaza, y le arrebata los medios de vida a los más necesitados”.  

    Los costos del cambio climático asociados a estos daños y la riqueza que se deja de percibir pueden conllevar a que el PIB mundial caiga en un 18% al 2050; en Colombia las estimaciones del Gobierno prevén una pérdida del 16% del PIB. Pero, además, las decisiones multilaterales que apuntan a la reducción de la financiación a los desarrollos de combustibles fósiles, así como a su dependencia con acciones concretas como la prohibición de la venta de vehículos de gasolina en menos de diez años en algunos países de Europa, implicarán necesariamente una disminución en la demanda de hidrocarburos. En este escenario, los productores de mayores costos se verán obligados a un abandono temprano del mercado, como sería el caso de Colombia, que, según cifras aportadas por el Gobierno, produce un barril de petróleo con un costo que ronda los U$35, mientras que en los países productores de oriente el costo está por los U$10. 

    Ante esta realidad dramática que enseñan las cifras, el Gobierno está comprometido con la necesidad de adelantar acciones contundentes no solo para acompañar las metas de descarbonización, sino para amortiguar un impacto económico que se ve inevitable. Aquí está la génesis del cambio que pregona el Gobierno en cabeza de la ministra. Esta ruta del cambio, o más bien de su profundización, está en la diversificación de la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, en la descarbonización e industrialización de la economía, de forma segura y gradual. 

    En este proceso, el Gobierno decidió concretar su plan de aumentar los recursos de petróleo y gas a partir de los 381 contratos vigentes, de los cuales 118 se encuentran exploración, y 35 en fase preliminar que recibirán apoyo para una gestión adecuada de los recursos, con responsabilidad social y ambiental. Pero, además, existen otros 35 contratos suspendidos, de los cuales 32 tienen una oportunidad exploratoria que serán revisados individualmente para su viabilidad, y su garantía jurídica.

    DEL MISMO AUTOR: La transición energética justa debe ser progresiva y cooperativa

    En cuanto a nuevos contratos de exploración, la ministra anida su planteamiento en su limitado éxito si se tiene en cuenta que en promedio se toman 8,6 años para tener resultados concretos, y que para dicho momento el mundo ya habrá avanzado en la transición hacia energías renovables; así, el interés del Gobierno es trabajar en lo que se tiene hoy, apalancándose en la tecnología, para aprovechar la coyuntura actual de precios y permitir que los contratos existentes reporten mayores beneficios. El plan consiste en adicionar reservas a través de lo que se denomina el recobro mejorado, incrementando su factor de niveles actuales del 15% hasta un 30%. Con esto, se ampliarían los recursos recuperables hasta en un 15%, con un impacto positivo a las finanzas del Estado con las proyecciones de precio que se tienen. 

    En cuanto a gas, el plan del Gobierno es que se sumen a las reservas de 11,4 años, los recursos contingentes de proyectos informados a la ANH, entre ellos, Uchuva, Gorgón 2 y el bloque Sinú 9, con lo cual el país aseguraría autosuficiencia hasta el año 2042. Para esto, se trabajará con el sector privado en definir los modelos adecuados de transporte de gas, de descarbonización del parque automotor hacia uso de gas, así como en la ampliación de las cadenas productivas con la producción de fertilizantes para contribuir a la reforma rural integral. En cuanto a la confiabilidad y seguridad energética del país, de los 7 proyectos estratégicos para el sector, el plan del Gobierno resaltará 3, la bidireccionalidad del gasoducto Ballenas-Barrancabermeja, la bidireccionalidad del gasoducto Ballenas-Barranquilla, y la regasificadora del Pacífico. 

    En este proceso, el Gobierno ratificó su intención de que Ecopetrol debe ser la vanguardia de la transición energética, a partir de los avances que ha venido gestando en este frente, y sus compromisos que apuntan a que al 2050 será carbono-neutral, que al 2040 producirá 1 millón de toneladas de hidrógeno al año, y que al 2030 incorporará para autoconsumo 1000 MW de fuentes de energía renovable. Ecopetrol debe ser una empresa de energías, que lleve al país a gestionar la crisis climática a partir de su capacidad técnica. 

    El cambio, entonces, no es desconocer lo hecho, sino construir a partir de lo hecho, pero con una aproximación participativa sí distinta, en donde el Ministerio de Minas y Energía se piense más allá de lo técnico, porque es precisamente con una visión holística que el país puede consolidar la transición hacia energías justas. Esto implica que el programa de Gobierno de énfasis a las comunidades energéticas para la democratización del sistema de energía eléctrica, que traerá beneficios en las tarifas como ya se vio en estos primeros 100 días, donde se logró una disminución del 10% con respecto al costo unitario proyectado, es decir, una reducción de $80 por kilovatio hora. La participación vinculante como eje de la transición energética no se discute. 

    Solo una mención menor a los planes del Gobierno con respecto a los minerales estratégicos para la transición energética, donde se realizará su prospectiva a partir de ciencia, tecnología e innovación. Aquí hay un gran tema en el que las claridades aún faltan. 

    La política que indicará la ruta de la transición energética anunciada y que genera gran expectativa, se construye con nuevos horizontes y metas de reducción de gases de efecto invernadero, considerando las experiencias de otros países y de la mano con las comunidades. Este, a juicio de la ministra, es el cambio, ese que requiere poner a las comunidades y a los usuarios en el centro, con justicia. 

    Entonces, ponerse los tenis no es para salir a correr desmedidamente 100 metros planos, sino para tener mejor pisada en una carrera que es larga, una maratón donde todo cuenta para llegar a la meta.

    @MCEColombia

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    Luego de 8 horas de debate de moción de censura a la ministra Irene Vélez, o más bien, de reclamos y ataques entre los partidos citantes y la coalición de gobierno, la cabeza de la cartera de minas y energía planteó la visión del cambio en el sector minero-energético que trae el gobierno del presidente Petro. No hay asomo de duda de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia sobre la descarbonización y su contribución al cambio climático, específicamente, con una reducción del 51% de las emisiones de gases efecto invernadero al año 2030. Tampoco existe debate sobre los impactos del cambio climático en la población más vulnerable, como nos ha dejado en los últimos meses el fenómeno de La Niña con más de 3 mil eventos de emergencia en 864 municipios, más de 600 mil personas afectadas, y 500 mil viviendas destruidas. 

    El clima sí ha generado estragos a lo largo y ancho del país, y no se anticipa que esos eventos vayan a amainar, con un saldo aterrador, que, en palabras de la ministra, es contundente: “el cambio climático, mata, desplaza, y le arrebata los medios de vida a los más necesitados”.  

    Los costos del cambio climático asociados a estos daños y la riqueza que se deja de percibir pueden conllevar a que el PIB mundial caiga en un 18% al 2050; en Colombia las estimaciones del Gobierno prevén una pérdida del 16% del PIB. Pero, además, las decisiones multilaterales que apuntan a la reducción de la financiación a los desarrollos de combustibles fósiles, así como a su dependencia con acciones concretas como la prohibición de la venta de vehículos de gasolina en menos de diez años en algunos países de Europa, implicarán necesariamente una disminución en la demanda de hidrocarburos. En este escenario, los productores de mayores costos se verán obligados a un abandono temprano del mercado, como sería el caso de Colombia, que, según cifras aportadas por el Gobierno, produce un barril de petróleo con un costo que ronda los U$35, mientras que en los países productores de oriente el costo está por los U$10. 

    Ante esta realidad dramática que enseñan las cifras, el Gobierno está comprometido con la necesidad de adelantar acciones contundentes no solo para acompañar las metas de descarbonización, sino para amortiguar un impacto económico que se ve inevitable. Aquí está la génesis del cambio que pregona el Gobierno en cabeza de la ministra. Esta ruta del cambio, o más bien de su profundización, está en la diversificación de la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, en la descarbonización e industrialización de la economía, de forma segura y gradual. 

    En este proceso, el Gobierno decidió concretar su plan de aumentar los recursos de petróleo y gas a partir de los 381 contratos vigentes, de los cuales 118 se encuentran exploración, y 35 en fase preliminar que recibirán apoyo para una gestión adecuada de los recursos, con responsabilidad social y ambiental. Pero, además, existen otros 35 contratos suspendidos, de los cuales 32 tienen una oportunidad exploratoria que serán revisados individualmente para su viabilidad, y su garantía jurídica.

    DEL MISMO AUTOR: La transición energética justa debe ser progresiva y cooperativa

    En cuanto a nuevos contratos de exploración, la ministra anida su planteamiento en su limitado éxito si se tiene en cuenta que en promedio se toman 8,6 años para tener resultados concretos, y que para dicho momento el mundo ya habrá avanzado en la transición hacia energías renovables; así, el interés del Gobierno es trabajar en lo que se tiene hoy, apalancándose en la tecnología, para aprovechar la coyuntura actual de precios y permitir que los contratos existentes reporten mayores beneficios. El plan consiste en adicionar reservas a través de lo que se denomina el recobro mejorado, incrementando su factor de niveles actuales del 15% hasta un 30%. Con esto, se ampliarían los recursos recuperables hasta en un 15%, con un impacto positivo a las finanzas del Estado con las proyecciones de precio que se tienen. 

    En cuanto a gas, el plan del Gobierno es que se sumen a las reservas de 11,4 años, los recursos contingentes de proyectos informados a la ANH, entre ellos, Uchuva, Gorgón 2 y el bloque Sinú 9, con lo cual el país aseguraría autosuficiencia hasta el año 2042. Para esto, se trabajará con el sector privado en definir los modelos adecuados de transporte de gas, de descarbonización del parque automotor hacia uso de gas, así como en la ampliación de las cadenas productivas con la producción de fertilizantes para contribuir a la reforma rural integral. En cuanto a la confiabilidad y seguridad energética del país, de los 7 proyectos estratégicos para el sector, el plan del Gobierno resaltará 3, la bidireccionalidad del gasoducto Ballenas-Barrancabermeja, la bidireccionalidad del gasoducto Ballenas-Barranquilla, y la regasificadora del Pacífico. 

    En este proceso, el Gobierno ratificó su intención de que Ecopetrol debe ser la vanguardia de la transición energética, a partir de los avances que ha venido gestando en este frente, y sus compromisos que apuntan a que al 2050 será carbono-neutral, que al 2040 producirá 1 millón de toneladas de hidrógeno al año, y que al 2030 incorporará para autoconsumo 1000 MW de fuentes de energía renovable. Ecopetrol debe ser una empresa de energías, que lleve al país a gestionar la crisis climática a partir de su capacidad técnica. 

    El cambio, entonces, no es desconocer lo hecho, sino construir a partir de lo hecho, pero con una aproximación participativa sí distinta, en donde el Ministerio de Minas y Energía se piense más allá de lo técnico, porque es precisamente con una visión holística que el país puede consolidar la transición hacia energías justas. Esto implica que el programa de Gobierno de énfasis a las comunidades energéticas para la democratización del sistema de energía eléctrica, que traerá beneficios en las tarifas como ya se vio en estos primeros 100 días, donde se logró una disminución del 10% con respecto al costo unitario proyectado, es decir, una reducción de $80 por kilovatio hora. La participación vinculante como eje de la transición energética no se discute. 

    Solo una mención menor a los planes del Gobierno con respecto a los minerales estratégicos para la transición energética, donde se realizará su prospectiva a partir de ciencia, tecnología e innovación. Aquí hay un gran tema en el que las claridades aún faltan. 

    La política que indicará la ruta de la transición energética anunciada y que genera gran expectativa, se construye con nuevos horizontes y metas de reducción de gases de efecto invernadero, considerando las experiencias de otros países y de la mano con las comunidades. Este, a juicio de la ministra, es el cambio, ese que requiere poner a las comunidades y a los usuarios en el centro, con justicia. 

    Entonces, ponerse los tenis no es para salir a correr desmedidamente 100 metros planos, sino para tener mejor pisada en una carrera que es larga, una maratón donde todo cuenta para llegar a la meta.

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