La crisis de abastecimiento de medicamentos en el país ha tomado un nuevo matiz político tras las recientes declaraciones de Daniel Quintero. El exalcalde de Medellín ha puesto sobre la mesa una propuesta que ha levantado tantas cejas como críticas: entregar dinero directamente a los ciudadanos para que estos adquieran por su cuenta los fármacos que el sistema de salud no les está suministrando.
Sin embargo, para los expertos del sector, esta medida no es más que un «paño de agua tibia» que no ataca la raíz del problema y que, por el contrario, podría agravar la incertidumbre de los pacientes más vulnerables. El núcleo de la crítica radica en una premisa simple: la falta de medicamentos no siempre es un problema de falta de dinero en el bolsillo del usuario, sino de una ruptura en la cadena de suministros y en la sostenibilidad financiera del sistema.
Daniel Quintero bajo la lupa: ¿Solución real o populismo en el sistema de salud?
Si un medicamento está agotado a nivel nacional por falta de materia prima o problemas de importación, el paciente no podrá comprarlo aunque tenga el efectivo en la mano.
El dinero no fabrica moléculas. El sistema de salud compra a gran escala, lo que permite negociar precios regulados. Si se envía al paciente a la farmacia comercial, este terminará pagando precios minoristas mucho más elevados, haciendo que el subsidio rinda mucho menos de lo previsto. Existe el riesgo de que, ante la desesperación y con dinero en mano, los ciudadanos recurran a mercados negros o medicamentos falsificados si no los encuentran en los canales legales.
La actual escasez que atraviesa el país responde a una combinación de factores que van desde el retraso en los giros de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) hasta la falta de actualización de los precios de referencia por parte del Gobierno Nacional.
Además, existe una preocupación logística. El sistema actual está diseñado para que la entrega de medicamentos sea parte de un proceso clínico supervisado. Al atomizar la compra, se pierde la trazabilidad del tratamiento, lo que podría derivar en problemas de salud pública por automedicación o interrupción de esquemas terapéuticos complejos. Otro punto crítico es el origen de los recursos. En un sistema que ya reporta un déficit millonario, extraer capital para entregarlo de forma directa sin los controles de auditoría que hoy tienen las EPS y las IPS podría ser el último clavo en el ataúd de las finanzas sanitarias.
Los detractores de la idea de Quintero sostienen que el enfoque debería ser la agilización de los trámites ante el INVIMA y el cumplimiento estricto de los presupuestos máximos. Solo así se garantizaría que los laboratorios sigan despachando y que las farmacias vuelvan a tener las cajas de medicamentos listas para el paciente.
En definitiva, aunque la idea de recibir dinero directo puede sonar atractiva para un paciente frustrado frente a una ventanilla vacía, la realidad técnica es distinta. La solución a la crisis de medicamentos requiere de cirugía mayor en la cadena de pagos y logística, y no de una distribución de efectivo que, en el largo plazo, dejaría al paciente con billetes en la billetera pero sin el remedio en el estante. La propuesta de Quintero, aunque busca conectar con el descontento popular, parece chocar de frente con la compleja arquitectura del sistema de salud colombiano.
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