La construcción de la nueva cárcel metropolitana de Medellín, que se levanta en el corregimiento de San Cristóbal, dio un paso decisivo esta semana tras asegurar los recursos necesarios para su desarrollo. El proyecto alcanzó su cierre financiero con una financiación de 215.000 millones de pesos, lo que garantiza su continuidad y consolida el cronograma previsto para su entrega en el primer trimestre de 2027.
Panorama general: El anuncio fue hecho por el Grupo Aval, conglomerado bancario que respaldará la iniciativa a través de un esquema de Asociación Público-Privada (APP). De acuerdo con la información oficial, la financiación estará a cargo exclusivamente del Banco de Occidente y el Banco de Bogotá, con la asesoría financiera de Aval Banca de Inversión.
La entidad explicó que el alcance del proyecto no se limita a la construcción de la infraestructura, sino que también incluye su mantenimiento y operación, una característica que lo convierte en una experiencia poco común en el país. Desde el Grupo Aval destacaron que este modelo permitirá integrar la eficiencia del sector privado en la gestión de servicios de apoyo, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional del Estado y mejorar la prestación de servicios públicos esenciales.
“El cierre financiero de esta APP marca un precedente al crear un modelo de gestión pública más digno y eficiente, con un alto impacto social”, señaló el conglomerado en un comunicado, al subrayar la relevancia del proyecto más allá de su componente económico.
Proyecto de la nueva cárcel metropolitana de Medellín garantiza recursos y cronograma hasta 2027
La cárcel metropolitana es resultado del trabajo conjunto entre el Distrito de Medellín y el sector privado. La ejecución está en manos de la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana SA (Prodemex), que se adjudicó la licitación en 2023. La obra busca dar respuesta a la crítica situación del sistema penitenciario y carcelario de Medellín y el Área Metropolitana, donde el hacinamiento alcanza niveles alarmantes de entre el 200 % y el 250 %, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
Por qué es importante: Además de atender esta problemática estructural, el proyecto responde a órdenes judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia. En las sentencias STP-14283 de 2019 y SU-122 de 2022, el alto tribunal reiteró la obligación del Estado de garantizar condiciones físicas y materiales dignos para la población sindicada, una de las más afectadas por el hacinamiento en estaciones de Policía y centros transitorios.
La nueva infraestructura tendrá un costo total estimado de 674.999 millones de pesos y contará con capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad. A comienzos de septiembre de 2025, la Alcaldía de Medellín informó que las obras ya habían comenzado y que el avance general del proyecto se ubicaba en un 3 %, con la meta de culminar los trabajos en el primer trimestre de 2027.
Finalmente, el Grupo Aval recordó que esta no es su primera participación en proyectos estratégicos para la ciudad. El conglomerado también ha actuado como estructurador financiero en iniciativas de gran envergadura, como la segunda etapa del Túnel de Oriente, que conecta el Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño, entre otros desarrollos de infraestructura.
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