La entrada en vigencia del nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado abrió una nueva etapa para los grandes prestadores del país. La metodología, establecida mediante la Resolución CRA 1032 de 2026, busca fortalecer la calidad, promover una operación eficiente y lograr que las tarifas respondan a los costos reconocidos por la regulación.
Desde el Grupo EPM señalaron que la actualización representa un avance para el sector, aunque también identificaron varios elementos que consideran necesario revisar durante su implementación. La preocupación principal está relacionada con el equilibrio entre la protección de los usuarios, la prestación eficiente y la capacidad financiera necesaria para mantener y ampliar la infraestructura.
Uno de los cambios centrales de la metodología está en la manera como se reconocen las inversiones. A diferencia del esquema anterior, que contemplaba inversiones proyectadas, el nuevo modelo establece que estas sean reconocidas una vez ejecutadas y puestas en operación.
Esto implica que las empresas deben contar previamente con recursos suficientes para financiar obras de expansión, reposición y modernización. Para el Grupo EPM, esta condición puede representar mayores dificultades para prestadores con menor capacidad financiera y generar riesgos sobre la continuidad de proyectos necesarios para atender el crecimiento de los territorios.
Grupo EPM plantea revisar cuatro aspectos de la regulación al nuevo marco marco tarifario de acueducto
Otro punto señalado por la empresa está relacionado con el comportamiento de las tarifas durante los primeros años de aplicación. De acuerdo con su análisis, la metodología podría producir aumentos importantes inicialmente debido a la incorporación de inversiones ejecutadas que todavía no habían sido remuneradas, mientras que posteriormente podrían presentarse reducciones significativas.
El Grupo EPM también llamó la atención sobre la disminución de las tasas utilizadas para remunerar las inversiones reconocidas. Según la empresa, este elemento puede reducir la capacidad de recuperar los recursos destinados a infraestructura y generar efectos sobre la sostenibilidad financiera de largo plazo.
A esto se suman las metas relacionadas con la reducción de pérdidas de agua. La compañía considera que algunos objetivos deben analizarse teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio, debido a que factores como los asentamientos informales y determinadas dinámicas urbanísticas también inciden en los niveles de pérdidas y requieren acciones que involucran a las autoridades locales.
Ante este panorama, el Grupo EPM, junto con organizaciones gremiales y otras empresas del sector, promueve espacios de discusión técnica e institucional para evaluar la aplicación de la metodología y plantear posibles ajustes. La empresa también acompaña las acciones institucionales y jurídicas que buscan determinar los efectos de las nuevas disposiciones.
Humberto Iglesias, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM (e), señaló que el propósito es mantener los avances regulatorios en eficiencia y calidad, pero al mismo tiempo garantizar condiciones financieras que permitan a las empresas continuar operando, invirtiendo y respondiendo a las necesidades de los usuarios y de los territorios donde prestan sus servicios.
