Miguel Gómez Martínez, el economista que a partir del 7 de agosto tendrá en sus manos el Ministerio de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, resumió esta semana el estado de las finanzas públicas con una imagen que cualquier colombiano entiende sin necesidad de manuales de macroeconomía: «aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo».
Detrás de la metáfora hay una cifra que debería inquietar a cualquier ciudadano, independientemente de su color político: entre enero y abril de este año el Estado gastó en promedio 40 billones de pesos al mes y recibió apenas 28 billones. Doce billones mensuales de faltante, financiados con deuda nueva, mes tras mes, sin que exista hoy un plan creíble para cerrar esa brecha. El ministro designado lo dijo con una frase que merece quedar en la memoria de esta transición: «un bebé al nacer hoy en Colombia ya debe 20 millones de pesos».
Esa cifra no es retórica de campaña. Es aritmética. La deuda pública pasó de cerca de 900 billones de pesos en 2022 a alrededor de 1.300 billones hoy, según las propias cuentas del equipo de empalme, mientras el saldo bruto de la Nación —de acuerdo con el Ministerio de Hacienda— se ubicaba en mayo en 60,6% del PIB, con lecturas de otras entidades que en meses previos lo situaron por encima del 64%. El país nunca había estado tan endeudado. Y lo más preocupante no es únicamente el nivel, sino la velocidad: en apenas cuatro años Colombia saltó de un endeudamiento manejable a niveles que la Contraloría General ha calificado, en sucesivos informes, como una «disparada» de la deuda sin precedentes recientes.
Gómez Martínez fue más allá y reveló que en las últimas colocaciones el Gobierno saliente pagó tasas de interés del 15% a un año, algo que la Nación no asumía «hacía décadas». Eso no es un detalle técnico: es la prima de riesgo que el mercado le cobra a un Estado que gastó por encima de sus posibilidades y que ahora debe pagar mucho más caro cada peso que pide prestado.
Una comparación regional que no favorece la complacencia
Colombia no está sola en América Latina en materia de endeudamiento, pero tampoco está en el lugar que sus autoridades han querido pintar. Frente a Brasil, cuya deuda pública ronda el 87-90% del PIB, la cifra colombiana luce menos alarmante. Pero comparada con Perú (31-33% del PIB) o Chile (42-44%), Colombia exhibe un nivel de endeudamiento sustancialmente mayor y una trayectoria de deterioro mucho más acelerada que la de esos dos países, que han mantenido durante años una disciplina fiscal que hoy les permite financiarse a tasas más bajas y sostener calificaciones crediticias más sólidas. Frente a México (47-58% del PIB, según la fuente), Colombia se ubica en un terreno similar o incluso peor, pero sin la profundidad de mercado ni el acceso privilegiado a financiamiento que tiene la economía mexicana. La lectura conservadora de estos datos es simple: Colombia se ha ido pareciendo cada vez más, en materia fiscal, a los países de la región con peor manejo macroeconómico, y cada vez menos a los que premian la disciplina con menor costo de capital y mayor inversión privada.
El servicio de la deuda —es decir, lo que el país destina a pagar capital e intereses— rondará este año cerca de 130 billones de pesos, de los cuales unos 51 billones corresponden estrictamente a intereses, cerca del 19,5% del gasto total del Gobierno Nacional Central. Dicho de otra forma: de cada tres pesos que la DIAN logra recaudar, uno se va directamente a pagar la fiesta de deuda de los últimos años, dinero que no llega a seguridad, a la Fuerza Pública que hoy enfrenta una ofensiva creciente del ELN y las disidencias, ni a la inversión productiva que el país necesita para crecer. Esa es la verdadera «bomba fiscal» que ha denunciado el presidente electo tras conocer, según dijo, «cientos de irregularidades» en el empalme: no es solo un problema de cifras en rojo, es un problema de prioridades invertidas, donde el Estado se endeudó para gastar en burocracia y populismo electoral mientras comprometía la capacidad futura de financiar lo esencial.
La crisis de credibilidad detrás de la crisis fiscal
Tan grave como el desequilibrio mismo es la discrepancia entre lo que el Gobierno saliente ha reportado y lo que calculan los organismos técnicos independientes. Mientras el Ejecutivo proyecta un déficit primario de 2,1% del PIB para este año, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que el faltante real ronda el 3,7%, y la calificadora S&P Global Ratings ha llegado a proyectar un déficit de hasta 5,6% del PIB. Esta no es una diferencia de matices técnicos: es una brecha de casi tres puntos y medio del PIB entre lo que el Gobierno dice y lo que calculan quienes no responden a la conveniencia política del momento. El propio CARF advirtió que Colombia necesita un ajuste fiscal de entre 4 y 5 puntos del PIB durante los próximos cuatro años para evitar que la deuda entre en una trayectoria insostenible. Cuando un Gobierno maquilla sus propias cifras frente a la ciudadanía y frente a los mercados, no solo comete un error técnico: erosiona la confianza institucional que sostiene el acceso al crédito y encarece, todavía más, el costo de financiar al Estado.
El ajuste de 60 billones: la dirección correcta, con las dudas razonables sobre su alcance
Frente a este panorama, el anuncio de Gómez Martínez de impulsar un ajuste cercano a los 60 billones de pesos —equivalente a unos 3 puntos del PIB— es, en principio, la respuesta que la ortodoxia fiscal y el sentido común exigen: controlar el gasto antes de pensar en subir impuestos. El ministro designado ha sido explícito en que la primera medida, desde el 7 de agosto, será un decreto de congelamiento del gasto, y que solo después de ordenar la casa se evaluará una reforma tributaria centrada en simplificar un Estatuto Tributario que hoy sostiene exenciones y deducciones por cerca de 140 billones de pesos al año y una evasión que la propia DIAN calcula en 35% del IVA y 40% del impuesto de renta. Esa es una agenda que cualquier defensor de la disciplina fiscal y la libertad económica debería respaldar sin ambages: antes de exigirle más al contribuyente que cumple, hay que cerrar las goteras de un sistema que premia la evasión y castiga la formalidad.
Los expertos consultados por distintos medios económicos, sin embargo, son prudentes sobre la magnitud del recorte. Mientras la Mesa Fiscal conformada por Los Andes, la Universidad Nacional, la Javeriana y Fedesarrollo calcula que el ajuste necesario ronda los 53 billones —cifra cercana a la meta oficial—, Corficolombiana estima que, con voluntad política real, sería factible eliminar hasta 40 billones mediante la racionalización de una planta estatal que creció en más de 60.000 cargos durante este Gobierno hasta llegar a 945.000 servidores públicos, la reducción de los contratos de prestación de servicios —523.000 firmados solo en enero, por 33 billones de pesos, en medio de una opacidad que el propio ministro designado calificó de alarmante— y el ajuste de subsidios energéticos mal focalizados. Esa brecha entre lo deseable y lo probable es, precisamente, el terreno en el que se jugará la credibilidad del nuevo Gobierno: anunciar una cifra ambiciosa es fácil; sostenerla frente a un Congreso con intereses regionales, frente a gremios de servidores públicos y frente a la inercia de un presupuesto que, según el propio Gobierno saliente, es «inflexible» en un 93%, será la verdadera prueba de si esta administración gobierna con disciplina o solo con anuncios.
Lo que está en juego
No se trata de un debate abstracto entre tecnócratas. La inversión extranjera cayó 30% en los últimos dos años y la formación de capital del país se desplomó al 17% del PIB, muy por debajo del 24% de hace apenas una década, en buena medida porque los capitales no pueden —ni quieren— pagar impuestos que el propio Gómez Martínez ha calificado de «confiscatorios», como el impuesto al patrimonio que anuncia eliminar. Sin corregir el desorden fiscal no hay condiciones para que regrese la inversión privada, no hay margen para financiar a la Fuerza Pública frente a un ELN que ataca estaciones de Policía con drones cargados de explosivos, y no hay forma de que Colombia recupere el acceso a financiamiento en condiciones razonables. La disciplina fiscal no es una obsesión ideológica de la derecha: es la precondición material para que cualquier otra prioridad del Estado —seguridad, justicia, salud— sea sostenible en el tiempo.
El gobierno entrante hereda, en materia fiscal, la cuenta de cobro de cuatro años de gasto sin control y de cifras oficiales que no resistieron el contraste con la evidencia técnica. Acierta al poner la austeridad por delante de una nueva reforma tributaria, y hace bien en resistirse a tramitar la reforma de 30 billones que el Gobierno saliente pretende dejarle al Congreso entrante el 20 de julio, apenas unos días antes de entregar el poder. Pero el país no puede conformarse con el diagnóstico correcto ni con las buenas intenciones: exigirá, desde ya, que ese ajuste de 60 billones se traduzca en resultados verificables, con cifras públicas y auditables, y no en otro capítulo de promesas fiscales que terminan, como tantas veces en la historia reciente de Colombia, aplazadas hasta el próximo gobierno.
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