El Gobierno Nacional oficializó que radicará un proyecto ante el Congreso de la República, que buscan cambiar las reglas de la minería. Se trata de la nueva Ley Minera, un articulado que promete transformar de fondo la manera en la que se desarrolla esta actividad en el país.
La iniciativa será presentada este jueves, 1 de octubre de 2025, la cual llega después de un proceso de construcción participativa que el Ejecutivo calificó como “histórico” por la amplitud de voces y sectores involucrados.
Según el Ministerio de Minas y Energía, más de 20.000 personas y 500 organizaciones de todo el territorio nacional hicieron parte de los diálogos que permitieron construir este proyecto, a través de foros, mesas técnicas, audiencias públicas y consultas previas con comunidades étnicas. Para el ministro Edwin Palma, este ejercicio demuestra que la minería no se seguirá defendiendo en una oficina en Bogotá, sino desde los territorios, “Queremos recuperar la soberanía sobre los minerales, ordenar la minería desde el territorio y superar el modelo extractivista, en línea con la transición energética”, sostuvo
La participación incluyó 266 aportes formales de diversos sectores económicos, sociales y ambientales, además de la voz de 13.000 personas pertenecientes a 115 pueblos indígenas y cerca de 400 organizaciones afrocolombianas. De acuerdo con el Gobierno Nacional, este insumo fue de gran importancia para darle legitimidad a este proyecto que será debatido en el Congreso de la República.
Minería en Colombia, Gobierno Petro radicará proyecto con enfoque ambiental, participación ciudadana y transición energética
El articulado plantea una serie de cambios estructurales que van desde la planificación del territorio hasta las reglas económicas de la actividad minera. Uno de los puntos centrales es la creación de Zonas Excluidas de Minería (ZEM) y Zonas Aptas de Minería (ZAM), en las primeras quedarán prohibidas las actividades mineras, especialmente en espacios marinos, costeros y en el caso del carbón térmico, mientras que en la segunda se habilitarán exploraciones y explotación bajo condiciones estrictas.
En materia Social, el proyecto establece un régimen diferencial para pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, a las cuales se les reconoce un derecho de prelación en procesos mineros y contratos especiales. El Gobierno también plantea un registro abierto durante tres años para pequeños y tradicionales mineros puedan formalizarse y así poder acceder a beneficios, además medidas de reconversión productiva hacia otras actividades
En lo ambiental, el articulado incluye la obligación de tramitar licencia ambiental desde la etapa de exploración, además de exigir planes de cierre progresivo integral en los proyectos. A esto se suma un fortalecimiento de la fiscalización, con causales de caducidad que van desde daños graves a fuentes de agua hasta el uso de mano de obra infantil.
El competente económico también presenta modificaciones relevantes, se ajustan las regalías y el canon superficiario, se incluyen pagos sobre ganancias bursátiles y se introducen contraprestaciones ligadas a la producción y a los precios internacionales. Asimismo, se contempla que al menos el 50 % de la mano de obra contratada en los proyectos mineros provengan de la región donde se estén llevando a cabo, fomentando encadenamientos productivos y transferencia tecnológica.
Un debate decisivo en el Congreso
Aunque el Gobierno defiende que la propuesta es fruto de consensos y la participación, admite que existen diferencias en algunos puntos del articulado. “Queremos que este sea un instrumento para las comunidades, para los territorios y para el país”, recalcó el ministro Palma.
El proyecto ya fue socializado con congresistas de las Comisiones Quintas de Senado y Cámara, quienes deberán abrir el debate que promete ser uno de los intentos en el año legislativo. En juego no solo están las reglas mineras, sino la relación entre desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y justicia social.
