Un balance crítico sobre el manejo del sector agropecuario durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro presentó el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ante la Comisión Quinta del Senado. El informe expone un panorama marcado por un incremento presupuestal histórico que no se tradujo en productividad, graves retrasos en la reforma agraria y un crecimiento desmedido en la contratación de asesores y personal externo.
Panorama general: Durante su intervención, el jefe de la cartera agropecuaria, que sucedió a las gestiones de Cecilia López, Jhenifer Mojica y Martha Carvajalino, señaló que la administración pasada contó con una asignación presupuestal sin precedentes para el campo, alcanzando los 22,6 billones de pesos. Esta cifra superó por amplio margen el ritmo de inversión de la última década, periodo en el que los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque sumaron 42 billones de pesos de manera conjunta.
Sin embargo, el alto volumen de recursos contrastó con una ejecución deficiente y una nula transformación estructural en las regiones productoras.
Ministro de Agricultura revela balance crítico de la gestión pasada con millonarios recursos sin ejecutar
De acuerdo con el balance oficial, la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional se mantuvo estancada alrededor del 3%. Mientras el área cultivada por pequeños productores apenas creció en unas 400.000 hectáreas, los cultivos ilícitos experimentaron una expansión superior y las importaciones de alimentos escalaron hasta los 16 millones de toneladas.
En materia de restitución y acceso a la tierra, el cumplimiento de las metas oficiales quedó profundamente rezagado. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tenía proyectado entregar 1,5 millones de hectáreas a los productores rurales, pero apenas logró adjudicar 99.477 hectáreas, lo que equivale a un escaso 6,6% del objetivo inicial.
En cuanto a la formalización de predios, de una meta de 3,9 millones de hectáreas, solo se alcanzó el 41%. Esto dejó pendientes de registro 19.256 títulos, equivalentes a unas 714.000 hectáreas. Para el ministro Dangond, estas cifras reflejan que durante el mandato anterior se «engañó a la gente», adquiriendo predios «sin papeles y desnudas», es decir, sin saneamiento jurídico, paquetes tecnológicos, capacitación ni créditos productivos para los campesinos.
El informe también puso la lupa sobre el gasto burocrático al interior del ministerio y sus adscripciones. Dangond denunció que la exministra Martha Carvajalino dejó en funciones a 25 asesores con honorarios mensuales individuales de 12 millones de pesos, una situación que calificó de «irresponsable» frente a las necesidades del campo.
Por qué es importante: En la misma línea, el senador Juan Espinal (Centro Democrático) alertó sobre la presencia de otros 18 asesores con remuneraciones superiores a los 16 millones de pesos, un listado que incluía la contratación de una pastora para la prestación de «servicios espirituales».
Por su parte, la directora de la ANT, Lina Garrido, reveló que la entidad disparó su planta de contratistas de 692 personas en 2022 a 1.698 en 2026. Tan solo entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2026, se suscribieron contratos de prestación de servicios por más de 114.000 millones de pesos.
El ministro relató además las tensiones institucionales vividas durante el empalme. Según su testimonio, el pasado 8 de agosto debió ingresar escoltado por la Policía Nacional a las instalaciones de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para frenar actuaciones de última hora del director saliente, César Pachón.
Dichas maniobras, realizadas durante un fin de semana a pesar de estar prohibidas por el Consejo de Estado, pretendían finiquitar convenios por montos que oscilaban entre los 190.000 millones y los 292.000 millones de pesos, los cuales fueron bloqueados a tiempo por la nueva administración.