En un giro de eventos que evidencia las crecientes tensiones en el ámbito de la salud colombiana, el Ministerio de Salud (Minsalud) y la Procuraduría protagonizan un nuevo conflicto, esta vez en relación con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los recursos pendientes para las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
En una respuesta fechada el 26 de diciembre, el Minsalud refuta contundentemente las afirmaciones de la Procuraduría, liderada por Diana Margarita Ojeda, sobre la insuficiencia de la UPC y la falta de giros de recursos para las EPS. El Minsalud defiende la regularidad de los giros de la UPC, citando el respaldo reciente de la Contraloría General, que descartó cualquier riesgo de liquidez en el sistema de salud.
El documento ministerial tacha de «errático» el pronunciamiento de la Procuraduría y critica la falta de sustento técnico, financiero y jurídico en las afirmaciones de la entidad. Además, el Minsalud cuestiona el respaldo de la Procuraduría a cifras proporcionadas por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), calificando a esta agremiación como representante de intereses particulares.
La preocupación que hay en el sistema de salud colombiano
En medio de esta disputa, los gremios de las EPS, incluyendo Acemi, Gestar Salud, Asocajas y la Cámara de aseguramiento de la ANDI, emiten un comunicado minutos antes de conocerse la respuesta del Minsalud. Expresan su inquietud por la falta de recursos de presupuestos máximos y la ausencia de una metodología clara para el pago en 2023. Alertan sobre la posibilidad de una crisis de atención sanitaria si el ajuste de la prima se sitúa por debajo de la inflación proyectada.
Las contradicciones entre el Minsalud y la Procuraduría, respaldadas por las preocupaciones planteadas por las EPS, arrojan incertidumbre sobre el futuro financiero del sistema de salud colombiano. La falta de consenso en temas cruciales como la suficiencia de la UPC y la metodología de pago para el próximo año genera preguntas sobre la capacidad del sistema para garantizar una atención adecuada a la población afiliada. La situación deja a la vista la necesidad urgente de una resolución y cooperación entre las entidades involucradas para salvaguardar la salud de los ciudadanos colombianos.