En una decisión que alivia temporalmente los gastos de los ciudadanos pero reabre el debate sobre la regulación del tránsito en el país, el Ministerio de Transporte ordenó suspender la puesta en marcha de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). La medida, oficializada mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026, busca someter a una revisión exhaustiva la estructura financiera y operativa de un modelo que amenazaba con encarecer drásticamente la obtención de la licencia de conducir.
Los CALE habían sido concebidos como entes independientes encargados de verificar, de manera objetiva, si los aspirantes a una licencia o a su recategorización poseían realmente las destrezas necesarias para conducir. Bajo este esquema, la premisa fundamental consistía en separar la fase de formación, a cargo de las escuelas de conducción, de la fase de evaluación final. Sin embargo, la arquitectura del proyecto y sus implicaciones económicas encendieron las alarmas en el Gobierno Nacional.
- $1,4 Millones: Costo actual promedio estimado para la obtención de la licencia de conducción.
- $2,2 Millones: Costo proyectado con la entrada en operación de los CALE, representando un incremento de hasta 800.000 pesos adicionales para el bolsillo de los ciudadanos.
Ministerio de Transporte suspende implementación de los CALE para proteger el bolsillo de los ciudadanos
El argumento central del Ministerio para frenar el proceso radica en la protección del poder adquisitivo de los colombianos. Actualmente, los costos asociados para obtener el pase rondan los 1,4 millones de pesos; con la entrada en vigencia de los CALE, las tarifas habrían escalado por encima de los 2,2 millones.
Frente a este panorama, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, fue enfática al señalar que, si bien el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras es innegociable, esto no puede hacerse a costa de imponer cargas financieras desproporcionadas sin un respaldo técnico riguroso.
«Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo.»: Elsa Noguera, Ministra de Transporte.
La suspensión ordenada por la cartera de Transporte no responde únicamente a razones de índole económica. El modelo estructurado bajo un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), cuya proyección financiera estimaba un movimiento cercano a los 20 billones de pesos durante las próximas dos décadas, había estado envuelto en una fuerte controversia institucional.
Por qué es importante: Uno de los puntos más álgidos fue la selección de la UNAD como único operador contratado, a pesar de que diversas universidades públicas manifestaron cumplir plenamente con los requisitos y solicitaron su participación en el esquema. Dicha exclusividad dio lugar a una oleada de disputas legales que incluyeron acciones de tutela, denuncias formales y solicitudes de revocatoria.
Asimismo, la entidad ministerial evaluará minuciosamente la capacidad real de los centros registrados por la institución académica, la estricta legalidad del contrato y la verdadera efectividad de dichos costos en la seguridad vial.
Desde el Ministerio se aclaró de manera enfática que la Ley 2251 de 2022 continúa plenamente vigente y será cumplida con rigor institucional. La medida adoptada mediante la Circular 0317 no constituye una derogatoria de la ley, sino un compás de espera estratégico.
Una vez concluida la revisión y garantizando el debido proceso y la seguridad jurídica, la cartera de Transporte dará a conocer las decisiones definitivas sobre el futuro del modelo en el país.
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