La Gobernación de Cundinamarca asegura que las deudas acumuladas por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con los hospitales del departamento ya superan los 1,3 billones de pesos, poniendo en riesgo la continuidad de la atención médica, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
Según información suministrada por la entidad, entre el 70% y el 80% de los servicios prestados por los hospitales no están siendo reconocidos ni pagados por las EPS, lo que significa que apenas se recibe entre el 20% y el 30% del giro corriente mensual.
Esta grave situación ha provocado que, cada mes, los centros hospitalarios pierdan entre 12.000 y 15.000 millones de pesos por concepto de no recaudo, una cifra que funciona como un “taxímetro” financiero que corre sin detenerse.
Jorge Rey: Gobernación de Cundinamarca implementa medidas ante crisis hospitalaria por deuda de EPS
Del total de la deuda, el 40% corresponde a obligaciones impagas de EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, entre ellas Famisanar, Sanitas y la Nueva EPS.
Estas entidades, que han sido objeto de medidas especiales por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, están actualmente en mora con los hospitales del departamento, lo cual agudiza la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de salud pública.
Medidas implementadas por la gobernación como mitigación
Uno de los ejes principales de esta estrategia ha sido el diseño e implementación de un plan de sostenibilidad financiera personalizado para cada hospital, elaborado en conjunto con la firma consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).
Asimismo, se ha puesto en marcha un programa de compras conjuntas con ocho Empresas Sociales del Estado (ESE), con el fin de consolidar la adquisición de medicamentos y material médico-quirúrgico.
Esta estrategia, que incluye hospitales clave como La Samaritana y el hospital de Soacha, ha generado ahorros por $10.772 millones para 2025, y se espera que, durante el actual periodo de gobierno, esa cifra alcance los $34.962 millones, gracias a economías de escala.
Pese a los esfuerzos realizados, las autoridades advierten que el desbalance financiero no se podrá resolver sin un flujo estable y oportuno de recursos por parte de las EPS.
El riesgo de cierres en cadena de servicios e incluso de hospitales enteros no es una amenaza lejana. Si la situación persiste, podría desembocar en una crisis nacional que afecte no solo a Cundinamarca, sino a otros departamentos del país que enfrentan problemas similares.
La Gobernación ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que se pronuncien con claridad sobre el futuro de las EPS intervenidas y el cumplimiento de sus compromisos financieros.
La falta de respuesta podría socavar el propio modelo de medicina predictiva del Gobierno Nacional, que actualmente canaliza una creciente demanda de servicios desde los hogares más pobres hacia los mismos hospitales que hoy se encuentran al borde del colapso.
La situación pone en tela de juicio la viabilidad del sistema de salud pública tal como está estructurado.
Desde la Gobernación afirman que, de no tomar decisiones de fondo, miles de pacientes podrían quedar sin acceso a atención médica oportuna, mientras las instituciones hospitalarias enfrentan el dilema de seguir prestando servicios sin garantía de pago o cerrar sus puertas para evitar el colapso total.
Lea también:Antioquia, Cali y Cartagena: así avanza la infraestructura en las regiones