En su cuarto informe de seguimiento a los recursos destinados para el posconflicto, la Contraloría dio a conocer que, con excepción a lo dispuesto en el presupuesto general de la Nación, las otras fuentes de financiación para el acuerdo final ejecutaron menos recursos de lo estipulado.
Por: Redacción 360 Radio
Por este motivo, se retrasaría la ejecución de la implementación en lo pactado. Se logró apreciar una asignación del gasto concentrada en los puntos 2 al 6 del acuerdo, sin embargo, no se ha tenido en cuenta que debería ser de más inversión, con base en el Plan Marco de Implementación, es decir, la Reforma Rural Integral.
Menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del Sistema General de Participación, sin cumplir las expectativas del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020.
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También ha habido una ausencia de normatividad y lineamientos que permitan el uso de esa fuente en la implementación.
De acuerdo con la Contraloría, se podría presentar un déficit en la financiación para implementar la Reforma Rural Integral, ya que de los más de $110 billones del Marco Fiscal que se requieren se necesitan $54 billones adicionales, sin dejar de lado las demoras en procesos para que sean adjudicadas las tierras para el desarrollo de programas y proyectos con fines de reincorporación.
Durante todo el 2019 y lo corrido del 2020 no se evidenció que alguna entidad de derecho público solicitara la adjudicación de tierras para el desarrollo de los programas.
“Prevalece el retraso de la aprobación y adopción del Plan Nacional de Educación Rural (PERR), se reitera el riesgo de planeación y sostenibilidad financiera de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), toda vez que el proceso de formulación de iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se surtió sin la aprobación de la mayoría del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”.
La Contraloría agregó que hay “ausencia de recursos para la implementación de los mecanismos de participación electoral”.