Colombia debe liberar una gran cantidad de recursos para aliviar la difícil situación social que nos deja la pandemia y promover el emprendimiento y la innovación. Aquí una propuesta de cómo conseguirlo.
Por: Andrés Julián Rendón
Aunque el país atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia, por cuenta de la pandemia y del narcotráfico, la situación se ha agravado gracias al manejo que el Gobierno nacional le ha dado a uno y otro tema. Resolver eso es lo urgente, pero no debemos olvidar asuntos importantes para la Nación que aún no hemos atendido como se debería.
Ya se calientan los motores para las elecciones del Congreso y de Presidencia, por lo que es útil esbozar aquí algunos de los temas cuyo abordaje se hace imperativo. Arranco por enumerar en esta ocasión unas cuantas iniciativas institucionales y económicas. Las primeras moldean la política y ésta, a su vez, como lo sugieren Robinson y Acemoglu, determina lo económico.
En primer lugar, se requiere una reforma política que le dé el gusto a los colombianos de contar en esta actividad con más líderes comprometidos con el bien común y menos políticos negociantes de intereses particulares. Para esto, en mi criterio, será necesario implementar un régimen semipresidencialista, un Congreso unicameral; así como modificar el actual esquema de descentralización.
Es importante destacar que la evidencia empírica internacional, al estudiar cuál régimen favorece más el desarrollo, ha encontrado que los sistemas de gobierno parlamentarios o semiparlamentarios, por ser más democráticos, facilitan más que los presidencialistas la consecución de bienestar.
En Colombia, la crítica a un cambio de régimen ha estado asociada a la debilidad de los partidos políticos. Sin embargo, como en su momento lo afirmó el expresidente Alfonso López Michelsen, esta es la discusión del huevo y la gallina. Es probable que sea precisamente el semipresidencialismo lo que requiera la democracia colombiana para tener partidos fuertes.
La implementación de un régimen de este tenor debería asociarse con un Congreso unicameral. El esquema bicameral colombiano no tiene ningún sentido, además de ser una afrenta, por su costo, a los millones de colombianos que hoy la pasan mal. Tanto la Cámara como el Senado tienen las mismas funciones y sólo difieren en número y en el origen de su elección. También comparten el mal ejercicio de representación que hacen de los electores, pues en sus amplias circunscripciones representan a todos y a nadie a la vez.
Esto último obliga a pensar en la forma en que elegimos a los miembros del Congreso y de las corporaciones públicas. Será útil transitar hacia una forma de elección mixta, que combine el actual sistema proporcional con uno de mayorías. Así, buena parte de los miembros del Congreso, las asambleas y los concejos representarían a un número específico de ciudadanos, fortaleciendo la rendición de cuentas y transparentando la política.
De otro lado, es preciso que estas reformas lleguen también a los demás niveles de gobierno: departamentos y nuestros nuevos municipios/provincias. Los gobiernos en unos y otros deberían conformarse fruto de las mayorías logradas en las respectivas Corporaciones Públicas. Éstas, a su vez, habrían de ser elegidas bajo la modalidad mixta, fortaleciendo el papel de la representación y la rendición de cuentas. Por su puesto, será igualmente útil revisar el esquema de competencias en función de las economías de escala de los bienes y servicios públicos a ofrecer. Por ejemplo, los temas de policía, espacio público y convivencia ciudadana deberían quedar en mano de las alcaldías menores. Los asuntos de transporte público, educación, vivienda, salud, entre otros, en manos de las provincias.
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Por otra parte, donde no se implemente el catastro multipropósito será importante revisar la competencia provincial de manejar el impuesto predial. Este impuesto no sólo debe servir para darle más autonomía fiscal a los nuevos municipios/provincias, sino para dinamizar el mercado de tierras rurales (vía venta o arrendamiento), gravando la propiedad con tarifas que premien la utilización de la tierra en línea con la vocación de uso del suelo. Mucho se haría en materia de distribución del ingreso procurando un mejor uso del impuesto a la propiedad en Colombia. En Estados Unidos y Canadá se logró no sólo una mejor utilización de la tierra rural; sino que posibilitó, a finales del siglo XIX, que estos países alcanzaran altas tasas de cobertura en su educación básica.
Finalmente, se requiere una reforma a la justicia que la acerque al ciudadano; elimine sus facultades electorales que la han sumido en la más profunda corrupción; se pase de cuatro altos tribunales -constitucional, supremo, de estado y superior de la judicatura- con decenas de magistrados a una sola corte que de verdad sea suprema y no tenga más de 9 togados vitalicios, y se les exija a ellos y a la Fiscalía una estricta rendición de cuentas. También será útil impedir la puerta giratoria hacia la política o el sector privado. Una de las cosas que más daño ha hecho a la judicatura es verla llena de políticos frustrados sin votos, que llegan a liquidar a sus adversarios con la cárcel por no haber sido capaces de superarlos en las urnas. Y es necesario revisar el papel del llamado Ministerio Público (Procuraduría y Defensoría del Pueblo) y de otros órganos de control. De cualquier forma, urge acabar con las contralorías territoriales, verdaderas oficinas de extorsión.
Todo esto liberaría gran cantidad de recursos para aliviar la difícil situación social que nos deja la pandemia y para promover el emprendimiento y la innovación.