La polémica de la propina obligatoria ha generado debates en diferentes rincones del mundo, donde muchos debaten sobre si se les debería exigir este pago más allá de lo que se cobra por los productos en un restaurante.
Es por eso que una propuesta en una importante ciudad de Florida, Estados Unidos, ha causado tanta controversia. En Miami se busca limitar la aplicación automática de propinas, dado que este escenario abre un panorama interesante en el mundo de la hostelería y la atención al cliente, donde se discute quién se beneficia realmente de estos cargos y cuál es el destino de los mismos.
Desde hace tiempo se ha observado una tendencia en algunos establecimientos de Estados Unidos de añadir automáticamente un cargo de propina, incluso en pedidos para llevar y en comidas rápidas. Durante una sesión del panel de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley HB 535, que revisa las políticas en establecimientos de alimentos y hospedaje, la representante Demi Busatta (R-Coral Gables) expresó:
«En Miami, hemos visto una situación creciente en la que todos los restaurantes incluyen automáticamente una propina del 20%.»
Este comentario refleja la preocupación de muchos consumidores, quienes se cuestionan a quién se destinan estos cobros. La misma representante agregó: «¿A dónde va esto? ¿Se lo queda el mesero? ¿Se lo queda el restaurante? ¿Se lo quedan los ayudantes? ¿A dónde va?».
Control a la propina obligatoria 
La propuesta de HB 535 introduce medidas claras: limitar la propina obligatoria a grupos de seis o más personas y basar el cálculo en el precio antes de impuestos. Además, se exige que en cada factura se especifique quién recibirá el cargo y en qué porcentaje, lo que representa un avance hacia la total transparencia en el proceso de cobro.
Sin embargo, no todos comparten esta visión. Samantha Padgett, vicepresidenta de relaciones públicas de la Florida Restaurant Lodging Association, destacó en el mismo panel la importancia de diferenciar entre una propina y un cargo por servicio. Según Padgett:
«Tienen derecho a conocer la diferencia entre una propina y un cargo por servicio. Debe estar resaltado, ser específico y no estar en letra pequeña.»
Para Padgett, estos cargos son vitales para que ciertos establecimientos puedan mantenerse competitivos y recuperar las pérdidas sufridas durante la pandemia. Muchos restaurantes han recurrido a estos cargos para compensar la reducción en ingresos y para apoyar a aquellos trabajadores, especialmente en cocina, que no son elegibles para recibir propinas conforme a la legislación estatal.
La ley HB 535 no solo afecta la aplicación de la propina obligatoria, sino que también revisa definiciones fundamentales en el ámbito del hospedaje. Se clarifica la diferencia entre huéspedes transitorios y no transitorios, lo que facilita la remoción de aquellos clientes que se comporten de manera indebida, sin tener que recurrir a complicados procesos judiciales. Esto es especialmente relevante en establecimientos de corto plazo, donde la agilidad en la toma de decisiones es crucial para mantener un servicio de calidad.
Colombia y propinas: un enfoque voluntario
Mientras en Florida se avanza hacia una regulación más estricta sobre la inclusión automática de propinas, en Colombia el marco normativo es muy diferente. En el país, las propinas son voluntarias y no pueden ser obligatorias. Los establecimientos pueden sugerir un pago de propina que no supere el 10% del valor del servicio, pero el consumidor tiene la libertad de aceptarla, modificarla o rechazarla.
Esta práctica está respaldada por la Ley 1935 de 2018, la cual regula la naturaleza y el destino de las propinas. Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio ha actualizado la Circular Única sobre propinas, y el Código Sustantivo del Trabajo establece claramente que las propinas no forman parte del salario. De este modo, se protegen tanto los derechos de los trabajadores como la autonomía del consumidor.
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En Colombia, la normativa establece que el empleador debe distribuir las propinas de manera equitativa entre el personal que interviene en la atención al cliente. Esta distribución debe efectuarse en un plazo máximo de 30 días, lo que garantiza que cada miembro del equipo reciba su parte correspondiente y que el proceso sea transparente y justo.
El enfoque colombiano destaca por su énfasis en la voluntariedad, lo que ha permitido que los consumidores tengan control sobre el monto que desean dejar como gratificación. Este modelo no solo beneficia a los clientes, quienes pueden decidir en función de la calidad del servicio recibido, sino que también fomenta una mayor satisfacción y confianza en los establecimientos.
Este contraste entre la nueva ley en Florida y la normativa establecida en Colombia ilustra diferentes enfoques culturales y económicos sobre la gestión de gratificaciones. Mientras en Estados Unidos se busca ajustar el modelo para evitar prácticas abusivas y garantizar la transparencia, en Colombia se ha optado por un sistema que prioriza la autonomía del consumidor y una distribución equitativa del ingreso extra.
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