El reciente fallo del Tribunal Superior de Santa Marta, que reactivó las labores en el pozo Uchuva 2, invita a replantear una pregunta fundamental para Colombia: ¿cómo logramos un equilibrio entre desarrollo energético y sostenibilidad ambiental? Esta decisión se produce tras una suspensión ordenada previamente por un juez en Magdalena, en respuesta a las preocupaciones de algunas comunidades locales. Si bien el Ministerio de Ambiente tiene un papel crucial en la protección de nuestros ecosistemas, el país también necesita de una hoja de ruta clara que permita el desarrollo de los sectores que impulsan nuestra economía.
Ecopetrol no es solo una empresa, es el respaldo económico de millones de colombianos y, junto con socios internacionales como Oxy, ha demostrado ser clave para la estabilidad del país. Más allá del valor económico, estas alianzas reflejan confianza y una voluntad de inversión que no solo asegura nuestro suministro energético, sino que, en un país en transición como el nuestro, permite que se financien proyectos vitales en educación, salud y desarrollo social.
El Ministerio de Ambiente, bajo el liderazgo de la ministra Susana Muhamad, ha sido un defensor de la sostenibilidad y de un enfoque más verde, algo vital en un mundo afectado por el cambio climático. Sin embargo, esta visión debe ir de la mano con la realidad del país, que requiere avanzar en su independencia energética mientras construye una economía sostenible. No podemos darnos el lujo de estancar proyectos que cumplen con regulaciones y estándares ambientales. La transición energética puede –y debe– ser una oportunidad de innovación y desarrollo, sin llegar a convertirse en una barrera para el progreso económico y social que Colombia necesita.
Colombia no solo necesita mantener su seguridad energética, también debe ofrecer confianza a los inversionistas, quienes buscan certezas al poner sus recursos en sectores de alta demanda y riesgo. Mensajes de freno o ambigüedad frente a proyectos como Uchuva 2 generan dudas en el mercado y, si persisten, podrían afectar la imagen del país como un destino confiable para inversiones a largo plazo. La exploración energética, cuando se realiza con responsabilidad y compromiso ambiental, no solo beneficia a quienes invierten, sino a cada colombiano que se ve beneficiado por la estabilidad económica.
El reto es claro, pero la oportunidad también lo es. Colombia tiene el potencial para construir una economía verde que sea competitiva y sostenible, con una política energética que impulse el cambio sin frenar el desarrollo. Este equilibrio es posible y necesario para el país. La ministra Muhamad tiene la responsabilidad de liderar una transición que considere todas las voces y que vea a empresas como Ecopetrol no como adversarios, sino como aliados en la creación de un futuro mejor.
Colombia necesita soluciones y, sobre todo, un diálogo transparente entre todos los sectores.
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