Como dice un viejo refrán económico: no hay almuerzo gratis. La realidad es que nada en la vida es gratis; siempre alguien tiene que pagar. Y en Colombia, generalmente, los mismos de siempre son quienes asumen el costo. El problema, como hemos señalado en numerosas ocasiones, es que la «fiesta» se ha vuelto insostenible en los últimos 15 años. Más personas, especialmente aquellas entre los 18 y 30 años, que nacieron en épocas significativamente mejores que las de Colombia entre los años 70 y 90, han comenzado a exigir una serie de derechos que consideran deben ser completamente financiados por el Estado colombiano.
Por supuesto, han existido politiqueros, que, para captar votos y hacerse con un nicho electoral, han alimentado esta narrativa, promoviendo la idea de que el Estado debe proveer todo, que las personas lo merecen todo y que es inaceptable que no se les otorgue nada.
Se ha llegado al extremo de justificar actos vandálicos contra universidades, estaciones de transporte público como TransMilenio, el MIO, el Metrocable o TransCaribe; incendiar paraderos, atacar bancos, entre otros. Muchos de los responsables no son jóvenes indignados, sino terroristas utilizados por células urbanas de guerrillas como las FARC y el ELN. Sin entrar en esos detalles, surge una nueva exigencia: que la educación superior, incluso a nivel de pregrado, sea completamente gratuita. Esto amerita un debate sobre si la universidad pública debe ser un derecho adquirido financiado exclusivamente por los contribuyentes colombianos.
Lo que sí debe hacer el Estado es facilitar el acceso a la educación, por ejemplo, mediante alianzas con la empresa privada o entidades como el ICETEX, ofreciendo tasas competitivas, flexibles y enfocadas en beneficiar al estudiante, no en generar dividendos. Pretender que el Estado colombiano asuma todos los costos universitarios es fiscalmente irresponsable y carece de sustento. Este mismo debate se extiende a otros temas como la salud, la alimentación, las pensiones y un amplio espectro de derechos que se han puesto sobre la mesa en los últimos años.
Se ha instaurado la idea de que el Estado debe cubrir todo, lo cual es insostenible. Cuando el Estado no logra hacerlo, se genera una confrontación social bajo la premisa de que simplemente no quiere.
En el caso de la salud, es necesario reconocer que debe ser un negocio. Sin un modelo que motive la innovación, la investigación, la inversión y el cuidado del sistema, este colapsa. Algunos políticos han demonizado a los privados, lo que ha afectado la alianza público-privada más grande de América Latina. Aunque la reforma a la salud no haya pasado, el sistema está siendo debilitado deliberadamente. Era un sistema funcional, aunque no perfecto, reconocido internacionalmente, con costos mínimos para los usuarios y atenciones que muchos países envidiarían, pero al afirmar que la salud no debería ser un negocio y que los actores privados son los villanos en esta ecuación, inevitablemente corremos el riesgo de terminar bajo el control de un Estado paquidérmico, ineficaz, con limitados recursos, politizado, y deficiente en su capacidad de gestión, lo que nos retrocedería a las épocas del antiguo seguro social.
A nivel pensional, ¿por qué se ha instaurado la idea de que el Estado debe costear las pensiones? ¿Cómo se permitió la construcción de una narrativa tan irresponsable en este país? El Estado colombiano no puede seguir financiando, a través de los impuestos, pensiones que, en muchos casos, las personas simplemente no se han ganado. Aunque este es un debate impopular y parece perdido, es fundamental generar conciencia: el Estado no tiene la obligación de garantizar una pensión considerable a quienes no han contribuido lo suficiente para obtenerla.
En cuanto a los impuestos, aspiramos a vivir con los estándares de los países nórdicos o escandinavos, pero sin la disposición de pagar los impuestos necesarios para sostener un sistema similar. La realidad es que aproximadamente el 30% de los habitantes del país cargan con el peso fiscal de mantener a un 70% que no contribuye. Esta situación es insostenible y constituye uno de los principales factores detrás de los constantes déficits fiscales que obligan a implementar reformas tributarias cada año y medio.Finalmente, es necesario comprender que todo subsidio, beneficio o ayuda que el Estado otorga tiene un costo que alguien debe asumir. Nada es realmente gratuito.
Cada colombiano debe enfocarse en su propio progreso: trabajar, construir un patrimonio, emprender, innovar y estudiar. Es cierto que Colombia enfrenta grandes dificultades económicas, como la informalidad, la falta de competitividad y el limitado crecimiento económico. Sin embargo, la solución no radica en trasladar las cargas de quienes atraviesan dificultades al bolsillo de los demás ciudadanos.
El papel del Estado debe centrarse en atraer más empresas, fomentar la inversión, crear oportunidades, desregular, flexibilizar la contratación laboral y reducir los impuestos corporativos. Además, debe trabajar en alianza con el sector privado para que la riqueza y el valor generados en este ámbito contribuyan a transformar el país, como ocurrió durante al menos 15 años en las últimas dos décadas.
Este es un mensaje duro, difícil de digerir, pero necesario. Aunque hoy no se quiera escuchar, en el futuro será agradecido.
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