El pulso por el incremento del salario de empleados públicos 2025 sumó este martes 29 de abril un nuevo episodio que, lejos de cerrar la brecha, la hace más visible. Tras varias sesiones sin acuerdo, el Gobierno nacional presentó una segunda propuesta de incremento: Índice de Precios al Consumidor (IPC) 2024 + 1,45 puntos porcentuales, lo que equivale a un alza del 6,65 % tanto para 2025 como para 2026.
La cifra llega apenas tres días después de que la primera oferta —IPC + 1,3 %— fuera tachada de insuficiente por las centrales obreras. La reacción sindical no se hizo esperar: la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo (CTU Usctrab) calificó el planteamiento como una “estrategia de turqueo que no se concilia con el aumento de la canasta básica y con mayor gravedad de pérdida adquisitiva discriminatoria frente a 9,5 % frente al salario mínimo”.
Incremento del salario de empleados públicos 2025: Un panorama cada vez más tenso
Desde que la negociación arrancó, el Ejecutivo ha defendido lo que llama una postura “realista” en función del espacio fiscal disponible. El IPC de 2024 se calcula en 5,2 %, de modo que la oferta inicial de IPC + 1,3 % implicaba un aumento cercano al 6,5 %. Los sindicatos, sin embargo, llegaron con un mandato claro de sus bases: IPC + 5 %, equivalente a 10,2 %. La diferencia de casi cuatro puntos porcentuales marcó el tono de la discusión.
Hoy, con el nuevo planteamiento de 6,65 %, el Gobierno apenas eleva la apuesta 0,15 puntos y mantiene intacta la filosofía de no romper la regla fiscal. “Cualquier incremento salarial debe ajustarse al marco fiscal del país”, insisten los delegados oficiales. El problema, apuntan las centrales CUT, CTC, CGT, Fecode, Fecotraservipúblicos, Utradec, Únete y Fenaltrase, es que ese marco fiscal no contempla la erosión del poder adquisitivo que han sufrido más de 1,3 millones de trabajadores públicos.
La respuesta sindical a la nueva propuesta del Gobierno
Para la CTU Usctrab, la nueva cifra “no se concilia con el aumento de la canasta básica”, cuyo encarecimiento —argumentan— supera con creces la inflación promedio. En un comunicado conjunto, las centrales obreras reiteraron que la oferta “no cumple las expectativas de los trabajadores a pesar de ser más positiva que la de los gobiernos anteriores”.
El énfasis está puesto en la pérdida de capacidad de compra acumulada en los últimos dos años de alta inflación y en el contraste con el salario mínimo del sector privado, que para 2025 ya se proyecta en 9,5 % según sus ellllllllstimaciones.
¿Qué está en juego además del incremento salarial?
Más allá de la cifra final del salario de empleados públicos 2025, el pliego sindical incluye elementos de alto costo fiscal:
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creación de una prima técnica del 40 % sobre el salario básico,
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aumento de la bonificación por servicios al 50 %,
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incremento de la prima de antigüedad en cinco puntos,
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un decreto que unifique el pago de horas extras y recargos dominicales,
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y la presentación de un proyecto de ley que restablezca la retroactividad de las cesantías.
La mesa de negociación fue citada nuevamente para el 30 de abril y la expectativa es si lograrán un acuerdo para anunciar en el marco del Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo.
Allí se espera que el Ejecutivo responda formalmente al pliego completo y que las centrales definan acciones de presión. De fallar el diálogo, no se descartan paros sectoriales—especialmente en educación y salud—ni la posibilidad de que el Gobierno imponga el aumento vía decreto, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.
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