El Hecho: El Gobierno nacional delineó una estrategia macroeconómica que incluye radicar una nueva reforma tributaria integral en el Congreso el próximo 20 de julio, con el propósito de mitigar el déficit fiscal global.
¿Por qué es importante?: La iniciativa busca cubrir con urgencia un bache financiero que sobrepasa los 30 billones de pesos en las arcas públicas y estabilizar el rumbo económico del país, fijando una meta de déficit fiscal del 4,5% para 2027.
¿Cuál es el contexto?: La propuesta se presenta tras el hundimiento de la ley de financiamiento que dejó un faltante de 16,3 billones de pesos y en medio del proceso electoral del 21 de junio, aunque se radicará independientemente del resultado en las urnas.
¿A quiénes afecta y cómo?: Afecta a personas naturales de mayores ingresos con tasas progresivas en patrimonio y renta. También gravará combustibles y licores, pero blindará los bienes de primera necesidad de la canasta familiar y excluirá a la cerveza.
El dato que no se puede perder: Pese a los tropiezos, la Dian registra un recaudo bruto de 140 billones de pesos (un crecimiento del 9,4%) en lo que va de 2026, y proyecta recaudar 289 billones de pesos al cierre del año.
Con el propósito de mitigar el déficit fiscal global y situarlo en un 4,5 por ciento para el año 2027, la administración de Gustavo Petro delineó una estrategia macroeconómica basada en la reorganización de los egresos y la optimización de los ingresos corrientes. El eje central de este planeamiento radica en la aprobación de una nueva e integral reforma a las cargas impositivas del país.
La iniciativa surge como respuesta a la urgencia de cubrir un bache financiero que sobrepasa los 30 billones de pesos en las arcas públicas. Este panorama constituirá el reto económico más apremiante para el mandatario entrante, cuya elección se definirá en las urnas este próximo 21 de junio entre las opciones de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Frente a esta coyuntura, el máximo directivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Carlos Emilio Betancourt, anticipó a la prensa que la propuesta legislativa será llevada formalmente al Congreso de la República el 20 de julio, coincidiendo con la apertura de las sesiones legislativas y de manera totalmente ajena al veredicto electoral del fin de semana.
Reforma tributaria incluirá tres escalas para el impuesto al patrimonio de personas naturales
En lo que respecta al comportamiento de las finanzas en el transcurso de 2026, Betancourt expuso que los ingresos brutos por impuestos totalizan 140 billones de pesos, lo cual se traduce en un progreso del 9,4 por ciento en contraste con los 128 billones consolidados en el mismo ciclo del periodo previo. Paralelamente, los recursos netos percibidos alcanzaron los 129 billones de pesos, denotando una expansión interanual del 10,7 por ciento.
A pesar del dinamismo positivo en el indicador bruto, el jefe de la entidad recaudadora admitió un leve desfase en los montos netos, atribuyendo esta diferencia a un rezago inercial causado por las elevadas proyecciones tributarias instauradas hace tres años. Para el cierre del presente año, las estimaciones globales de la Dian le apuntan a recolectar una cifra de 289 billones de pesos.
El camino hacia estas metas ha tropezado con dificultades jurídicas y técnicas. Por un lado, el hundimiento de la ley de financiamiento en el legislativo propició un faltante de 16,3 billones de pesos. Por el otro, se prevé un debilitamiento de las recaudaciones cercano a los 6 billones de pesos debido a un beneficio tributario heredado del periodo gubernamental previo, el cual exime del impuesto sobre la renta a las ganancias liquidadas en el exterior por parte de las sociedades holding domiciliadas en Colombia.
De acuerdo con el análisis de Betancourt, el saneamiento de las finanzas públicas no puede fundamentarse en recortar el gasto social y operativo del Estado, dado que el 93 por ciento de estos recursos corresponde a transferencias hacia los territorios y a mandatos legales amparados en más de 165 normativas vigentes, convirtiéndose en obligaciones estatales inmodificables. Bajo esta premisa, la alternativa para un crecimiento duradero de los ingresos fiscales es la consolidación de una estructura tributaria donde los ciudadanos con mayores ingresos asuman una contribución proporcionalmente más alta.
Por qué es importante: La reforma que se entregará al parlamento el 20 de julio rescatará diversos postulados técnicos de la fenecida ley de financiamiento. En primer lugar, incorporará un modelo progresivo de tres escalas tarifarias para el impuesto al patrimonio de las personas naturales, con el fin de incrementar la tributación en los rangos superiores. Asimismo, se reajustarán de forma ascendente los tramos del impuesto de renta para personas físicas y se limitarán los beneficios y deducciones fiscales ligadas sustancialmente al IVA.
Frente a la revisión del IVA, la Dian ofreció un parte de tranquilidad al aclarar que se blindarán por completo los bienes de primera necesidad que componen la canasta familiar. Las nuevas cargas impositivas o incrementos en evaluación se orientarán hacia los combustibles, los juegos de suerte y azar, los licores y bebidas alcohólicas, excluyendo taxativamente a la cerveza, y, de modo preliminar, los envíos postales o de mensajería de bajo costo económico. Por el contrario, se descartó reajustar los dividendos, imponer cargas impositivas a las iglesias o fijar impuestos patrimoniales a las corporaciones y empresas.
El directivo de la entidad también se refirió al inicio de la temporada de la declaración de renta para personas naturales que se avecina en el próximo mes de agosto. Las previsiones institucionales señalan que un volumen mínimo de 7 millones de contribuyentes formalizarán su trámite entre el 11 de agosto y el 26 de octubre, con una meta de recaudación proyectada que sobrepasa los 6 billones de pesos. Las autoridades tributarias exhortaron a la ciudadanía a vigilar las fechas límites y actualizar sus soportes para eludir recargos o penalizaciones.
De manera simultánea, el fisco busca potenciar sus finanzas mediante la aplicación del recién diseñado estatuto sancionatorio para aduanas. Esta herramienta busca tipificar con precisión los castigos económicos ante fallas en los procesos de importación y exportación, combatiendo especialmente el contrabando técnico. Este flagelo ocurre cuando se declaran de manera fraudulenta subpartidas arancelarias falsas para mitigar el pago de los aranceles correspondientes y del IVA en mercancías extranjeras.
Finalmente, el plan de fiscalización contempla el fortalecimiento de la factura electrónica, un mecanismo que hoy cuenta con un ecosistema de 1,6 millones de agentes emisores dentro del territorio nacional. Con el objetivo de optimizar la infraestructura digital para estas transacciones, la Dian avanza en la ejecución de la primera etapa de una renovación tecnológica respaldada por un financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual dispone de un presupuesto inicial de 19 millones de dólares.