El hecho: La Fiscalía imputó a José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, por prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público en caso de pasaportes.
¿Por qué es importante? Porque el caso está vinculado a uno de los procesos de contratación más polémicos de los últimos años dentro de la Cancillería.
¿Cuál es el contexto? La investigación se centra en decisiones que reactivaron la licitación para la expedición de pasaportes después de que esta hubiera sido declarada desierta.
¿A quiénes afecta y cómo? A los involucrados en el proceso contractual y a las entidades encargadas de garantizar la transparencia en la contratación pública.
El dato que no se puede perder: La Fiscalía también investiga un presunto incremento patrimonial injustificado relacionado con la adquisición de predios rurales durante el tiempo en que Salazar ocupó el cargo.
La investigación sobre el controvertido proceso de contratación para la expedición de pasaportes en Colombia sumó un nuevo episodio judicial. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra José Antonio Salazar, quien se desempeñó como secretario general de la Cancillería, por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
El caso está relacionado con el contrato para la elaboración, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes, un proceso cuyo valor superaba los 559.000 millones de pesos y que ha estado rodeado de controversias desde su etapa de licitación.
Fiscalía investiga decisiones sobre contrato de pasaportes
Según la hipótesis del ente acusador, Salazar habría participado en la expedición de tres resoluciones firmadas en febrero de 2024 mediante las cuales se dejaron sin efecto decisiones previas adoptadas por el entonces canciller Álvaro Leyva. Dichas determinaciones habían declarado desierta la licitación adelantada en 2023.
De acuerdo con la investigación, las resoluciones permitieron restablecer el proceso contractual, poner fin a la urgencia manifiesta que había sido decretada y abrir el camino para la adjudicación del contrato al único oferente que permanecía en competencia.
Para la Fiscalía, uno de los aspectos centrales del caso es determinar si el exfuncionario tenía la facultad legal para adoptar ese tipo de decisiones. El organismo sostiene que las funciones asignadas a la Secretaría General estaban orientadas principalmente a labores administrativas y de coordinación institucional, por lo que habría excedido el alcance de sus competencias al intervenir directamente en el rumbo de una contratación de esa magnitud.
La investigación también puso el foco sobre la evolución patrimonial de Salazar durante el período en el que ocupó el cargo, entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Según expuso el fiscal del caso durante la audiencia, se identificó un incremento patrimonial que estaría representado, principalmente, en la adquisición de varios predios rurales ubicados en el municipio de Puerto López, Meta.
De acuerdo con la Fiscalía, los bienes habrían sido adquiridos por cerca de 950 millones de pesos. Los investigadores sostienen que, hasta el momento, no se han encontrado soportes financieros suficientes que permitan establecer con claridad el origen de los recursos utilizados para esa operación.
Con la imputación formal de cargos, el proceso entra en una nueva etapa judicial en la que las autoridades buscarán establecer si existieron conductas irregulares tanto en las decisiones relacionadas con la contratación de pasaportes como en el presunto incremento patrimonial del exfuncionario.