El Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha firmado un decreto crucial que establece los criterios para la declaración y delimitación de reservas de recursos naturales de carácter temporal. Esta medida es parte del plan de ordenamiento minero-ambiental que lidera el gobierno y tiene implicaciones directas para los títulos mineros en el país.
¿Qué dice el Decreto minero sobre la protección ambiental?
El decreto, que entró en vigor el 30 de enero de 2024, define que las reservas de recursos naturales se identificarán y delimitarán basándose en la información proporcionada por las autoridades ambientales y otros datos oficiales disponibles. Entre los criterios clave para la declaración de estas reservas se incluyen:
- Presencia de ecosistemas de importancia ambiental o con valores de conservación significativos.
- Áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos esenciales para los acueductos municipales, distritales y regionales, o que soportan la disponibilidad de agua para la seguridad alimentaria.
- Procesos de degradación que requieren acciones de restauración para mantener o recuperar servicios ecosistémicos.
Durante la vigencia de la declaratoria de reserva temporal, las autoridades ambientales no podrán otorgar permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales. Esto significa que, tras la declaración de reservas de recursos naturales temporales, se deben realizar estudios técnicos y procesos sobre las áreas susceptibles de ser declaradas como áreas protegidas o estrategias de conservación, adoptando un enfoque participativo.
En el caso de que existan títulos mineros o contratos de concesión minera dentro de las áreas de reserva, las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias y orientarán, cuando proceda, el cierre definitivo de las operaciones mineras, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código de Minas.
Los programas de cierre definitivo pueden enfocarse en la rehabilitación, la transición energética o productiva de uso sostenible, entre otros fines. Además, se deberá cumplir con las obligaciones ambientales pendientes y las que surjan con la nueva destinación de las áreas.
El Ministerio de Ambiente comunicará a la autoridad minera la declaratoria de las reservas de recursos naturales temporales, que será incorporada en el Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM). Una vez finalizada la vigencia de las reservas, el Ministerio actualizará la situación en el Sistema.
Observemos el Decreto:
Mientras el gobierno defiende la medida como un paso hacia la sostenibilidad ambiental, críticos advierten de posibles consecuencias económicas adversas.
Los detractores del decreto señalan que la restricción a la actividad minera legal podría tener impactos socioeconómicos significativos. Argumentan que cerca de 1.100 municipios, que actualmente reciben regalías de la actividad minero-energética, podrían verse afectados negativamente, lo que a su vez impactaría la calidad de vida de sus comunidades.
Además, se menciona que industrias como la del cuero y la construcción, que dependen de minerales, podrían enfrentar dificultades si la medida conduce a una reducción en la disponibilidad de estos recursos. Esto podría resultar en la necesidad de importar minerales, exacerbando la contracción en el sector de la construcción.
Otra preocupación es la pérdida potencial de empleo. Se estima que la minería genera casi un millón de empleos directos e indirectos en Colombia, y el decreto podría poner en riesgo estas fuentes de trabajo. Esto es particularmente preocupante en un contexto de desempleo de dos dígitos en el país.
El sector minero es también un contribuyente significativo a la economía colombiana, aportando 16 billones de pesos en impuestos, regalías y compensaciones, además de una inversión en compra de bienes y servicios de 18 billones de pesos en 2023. Los críticos del decreto se preguntan cómo el gobierno planea reemplazar estos ingresos y si esto podría llevar a una nueva reforma tributaria.
Además, el sector minero ha realizado inversiones sociales significativas, con un aporte de 334 mil millones de pesos en 2022. Existe preocupación sobre cómo se compensarán estos recursos para la inversión social en el futuro.
Los críticos también señalan que, mientras se persigue la economía lícita con este tipo de medidas, podría haber menos supervisión sobre la minería ilícita, que no cumple con los estándares ambientales. Argumentan que el sector minero legal, sujeto a estricta supervisión, intenta minimizar su impacto ambiental y contribuye a la prosperidad del país.
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