El pulso institucional y ambiental en torno al complejo de páramos Santurbán-Berlín acaba de dar un nuevo giro. El Ministerio de Ambiente decidió echar atrás la medida adoptada en los estertores de la administración de Gustavo Petro que blindaba, mediante una ampliación temporal, unas 75.000 hectáreas ubicadas en el área de influencia de este ecosistema estratégico en la provincia de Soto Norte (Santander).
Con esta determinación, la zona de reserva temporal, que el anterior Ejecutivo había prorrogado hasta 2029, recortará su vigencia y mantendrá sus restricciones únicamente hasta marzo de 2027. A partir de esa fecha, los títulos mineros vigentes en la región podrían reactivarse, siempre y cuando sus titulares acrediten el cumplimiento estricto de la normatividad ambiental y cuenten con los permisos de ley requeridos.
Panorama general: El trasfondo de esta controversia jurídica se remonta a los movimientos de cierre de la administración pasada. El pasado 6 de agosto, en los últimos compases del gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 0970, un acto administrativo con el que se modificaba el cronograma inicial y se extendía por dos años adicionales la zona de reserva temporal, llevándola de marzo de 2027 a marzo de 2029.
Ahora, con la revocatoria de dicha resolución, el escenario temporal regresa al esquema trazado en 2025, cuando se estableció el primer bloqueo temporal a nuevas actividades extractivas por un periodo de dos años, con caducidad en marzo de 2027.
En términos prácticos, esto significa que el compás de espera para la minería en esas 75.000 hectáreas externas al núcleo del páramo se acorta. Cumplido el plazo en marzo de 2027, los proyectos amparados por títulos mineros preexistentes podrán volver a operar, a condición de sortear las exigencias técnicas y regulatorias que exige un entorno ambiental tan frágil.
MinAmbiente echa atrás prórroga en Santurbán: restricciones irán hasta 2027
El núcleo de la discusión radica en los métodos utilizados para avanzar en la protección del territorio. Bajo el gobierno Petro se implementó el concepto de delimitación progresiva.
En su momento, la cartera ambiental defendió esta herramienta argumentando que permitía blindar de manera anticipada aquellos municipios donde los procesos de concertación y participación comunitaria ya habían concluido, sin necesidad de frenar todo el proceso a la espera de los territorios más rezagados.
Sin embargo, esta metodología despertó fuertes reparos jurídicos e institucionales. La nueva administración determinó que no era viable adoptar decisiones definitivas o extensiones generalizadas sobre una parte del territorio mientras persistían fases de concertación pendientes en otros municipios de la provincia de Soto Norte.
Esta visión sintoniza de cerca con los mandatos de la histórica Sentencia T-361 de 2017, un fallo de la Corte Constitucional que ordenó rehacer la delimitación del páramo tras concluir que la norma de 2014 vulneró derechos fundamentales como la participación ambiental, el acceso a la información y el debido proceso de las comunidades locales. Dicha providencia judicial exige que cualquier decisión territorial esté precedida por un proceso participativo amplio, riguroso y uniforme.
Por qué es importante: A pesar de este pulso normativo y de la reversión de la prórroga hasta 2029, las autoridades ambientales recalcan que el proceso de fondo para delimitar definitivamente el complejo de Santurbán continúa su marcha.
La discusión sobre el futuro del páramo acumula ya más de una década de tropiezos técnicos, disputas jurídicas y tensiones socioeconómicas entre la conservación del agua y la tradición minera de la región. El propio Ministerio de Ambiente reconocía a mediados de 2026 que el proceso completaba cerca de ocho años de trabajo continuo, una complejidad que explica, en buena medida, por qué las diferentes comunidades y municipios involucrados no han avanzado al mismo ritmo en las mesas de concertación.
Con el horizonte fijado en marzo de 2027, el reloj corre tanto para el Gobierno como para las comunidades y el sector minero, en una carrera por definir las reglas de juego definitivas que garanticen la sostenibilidad de una de las fábricas de agua más importantes del país, sin fracturar el tejido social ni desatender los mandatos de la justicia constitucional.
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