Organizaciones y Plataformas de derechos humanos que conforman la Mesa por la Reforma Policial aseguran que el proceso de reforma del ESMAD se tornó “endógeno y cosmético” sin transformaciones integrales y debates reales sobre la función policial.
Por: Redacción 360 Radio
El día de ayer, la Mesa por la Reforma Policial emitió un comunicado en el que expresa su descontento frente a la manera en la que se está estructurando la reforma policial con la transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- a Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden -UNDMO-
#LoÚltimo🌷Mesa por la Reforma Policial: Transformación del ESMAD en UNDMO no fue estructural ni contó con verdadera participación
Las organizaciones y plataformas de DDHH exigimos un diálogo amplio y orientado a transformaciones reales e integrales.https://t.co/qyAtECiLj5 pic.twitter.com/3ydxW3grBp— ColectivoDeAbogad@s (@Ccajar) June 14, 2023
Dividen sus inconformidades en cuatro grupos:
El primero tiene que ver con el incumplimiento hasta ahora del plan de gobierno del presidente. Desde la campaña, Petro prometió excluir la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y trasladarla al Ministerio de carácter civil. Esta discusión no se ha dado y por el contrario “la institución policial avanza en reformas que no han sido discutidas amplia y democráticamente, como la expedición de la Resolución 1091 del 2023, con la cual se pasa del ESMAD al UNDMO y se establece el procedimiento de actuación.
La Mesa es explicita en cuanto a que “no se ha dado la discusión completa y de fondo” que permita llegar a consensos que recojan las experiencias de las organizaciones que hacen parte. Con la nueva UNDMO se “amplía el margen de actuación de esta Unidad a procedimientos de erradicación de cultivos ilícitos, control de la minería informal, control externo a motines penitenciarios y carcelarios, sin que se tenga en cuenta, de manera clara, la aplicación de reglas de tratamiento diferenciado a grupos de especial protección como población campesina, carcelaria, pueblos indígenas y afrodescendientes y las personas privadas de la libertad”, dice el comunicado.
En el segundo punto se encuentra el componente de diálogo. En la nueva resolución, según la Mesa, la inclusión de los equipos de mediación es insuficiente porque “no hay claridad en el procedimiento, creación y utilización de las armas”. Hay una inclusión de apenas “dos personas a los Equipos de Diálogo frente a 25 agentes que integrarían los Equipos Móviles de Intervención EMI,” y se carece de “canales de facilitación más allá de los establecidos”. Falta integrar la representación de las organizaciones sociales y veedurías civiles. Concluyen que se mantiene el énfasis “en una noción reactiva pero no facilitadora y asertiva en la gestión de conflictos sociales.”
En tercer lugar, expresan que hay una ineficiente regulación del procedimiento de las Unidades de la Policía en cuanto al derecho a la reunión y a la manifestación pacífica. En la resolución se incluyen las etapas de anticipación y preparación dentro de las cuales se prevén acciones de inteligencia que busquen prevenir la comisión de delitos.
Esto “implica legitimar prácticas de hostigamiento y persecución a través de la criminalización arbitraria de quienes promueven y participan en las manifestaciones públicas, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC-7641 del 22 de septiembre de 2020”, dice el comunicado.
Por último, la cuarta inconformidad tiene que ver con La falta de agenda del Gobierno frente a la reforma policial del ESMAD, asunto que ya se había mencionado anteriormente sobre la falta de espacios de discusión entre sociedad civil y Estado, el cual sigue basando su doctrina militar con una “noción de enemigo interno”.
Las organizaciones y plataformas le exigen al gobierno que tenga en cuenta los derechos de las víctimas de la violencia policial, cambie la doctrina militar a una basada en los derechos humanos con enfoque diferencial, una reforma estructural hacia una que garantice mando civil y la creación de mecanismos de control fuera de la institución que investigue y sancione imparcialmente a los responsables de vulneraciones a derechos humanos.
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