Las organizaciones sociales encargadas de prestar servicios para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Cali han encendido las alarmas por una grave situación económica que amenaza con paralizar la atención a miles de beneficiarios en la región.
Organizaciones sociales del ICBF en Cali enfrentan crisis económica: Llamado urgente al Gobierno
Según denuncian estas entidades, el incremento presupuestal del 3% asignado para los contratos del próximo año es insuficiente frente al aumento del salario mínimo, que para 2025 será del 9,54%.
Cerca de 86 organizaciones sin ánimo de lucro, que trabajan de la mano con el ICBF en la atención de menores, personas en situación de vulnerabilidad y ciudadanos con discapacidad, emitieron un comunicado donde advierten que la falta de ajustes significativos en los contratos pone en riesgo la continuidad de sus servicios.
Stella Rubiano, directora del Instituto Tobías Emanuel, especializado en la atención de personas con discapacidad, expresó su preocupación. Según Rubiano, los recursos actuales no solo son insuficientes para cubrir los gastos operativos, sino que dificultan el pago de salarios acorde al nuevo incremento salarial.
«El ajuste del 3% simplemente no compensa los costos operativos que siguen creciendo, especialmente con el aumento del salario mínimo. De esta manera, es imposible garantizar un servicio de calidad para nuestros beneficiarios», indicó la directora.
Las organizaciones han intentado buscar soluciones a nivel regional, pero hasta el momento no han obtenido respuestas concretas. Rubiano señaló que han elevado sus inquietudes a la dirección regional del Valle del Cauca del ICBF, donde se les informó que las decisiones sobre el presupuesto son competencia exclusiva del Gobierno Nacional en Bogotá.
El posible colapso de los servicios no solo afectaría a las organizaciones, sino principalmente a miles de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad que dependen de estas entidades para recibir atención integral.
Si bien estas organizaciones no lucrativas son fundamentales para la implementación de los programas sociales del ICBF, su sostenibilidad depende de un presupuesto adecuado. «Es indispensable que el Gobierno revise esta situación para evitar que los más vulnerables sufran las consecuencias de una mala planeación económica», insistió Rubiano.
Las organizaciones hicieron un llamado al Ejecutivo para que reconsidere el presupuesto asignado y aumente significativamente los recursos destinados a los contratos con el ICBF. «Estamos dispuestos a dialogar y buscar soluciones, pero el tiempo apremia. Si no se actúa ahora, en 2025 será imposible garantizar el servicio a quienes más lo necesitan», concluyó Rubiano.
El futuro de miles de beneficiarios sigue en vilo mientras estas entidades esperan una respuesta concreta que permita evitar la paralización de sus actividades, esenciales para la población más vulnerable de Cali y sus alrededores.