A partir del segundo año de gobierno, se creía que los presidentes perdían algo de poder. Este poder se difuminaba en el Congreso de la República, donde era necesario tramitar lo que se quería y lograr buenos resultados. En el caso especial del presidente Petro, se esperaba que, a partir de la mitad del periodo presidencial, sus esfuerzos legislativos tendrían que ser bajo una concertación política, social y empresarial para que las reformas tuviesen éxito.
Lo cierto es que hoy el presidente Petro, a pesar de los embates, dificultades y errores propios, así como de la lamentable inestabilidad del gabinete y la pobre ejecución del gobierno en general, ha logrado mayorías en el Senado y la Cámara, incluso en el Senado donde no las tenía hasta hace poco.
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Este «Petro recargado» intentará sacar adelante su reforma laboral, reforma a la salud, una eventual reforma a la justicia y una nueva reforma a la educación. También se ha hablado de una nueva reforma tributaria, continuando con la costumbre de tener una cada año y medio o dos años.
Sin embargo, estos proyectos, a pesar de su importancia, son los hermanitos menores del gran objetivo del gobierno: la Asamblea Constituyente. No hay que dejarse confundir con eufemismos cuando se habla de poder constituyente. La intención clara es hacer una Asamblea Nacional Constituyente.
La pregunta que surge es: ¿para qué una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Es acaso el único camino a través del cual el presidente Petro considera que puede hacer sus reformas? ¿Será la Asamblea Constituyente un resultado de las mesas de negociación con los grupos terroristas? ¿Busca esta asamblea brindarle más facultades, autonomía y alivio de controles al Ejecutivo? Otra pregunta válida es si el gobierno intentará introducir en una eventual asamblea un cambio en el periodo presidencial, promoviendo una reelección o alterando el periodo constitucional actual.
Creemos, como conclusión, que no se trata de una herramienta que vaya a generar mayores cambios en el país en estos momentos. Consideramos que es más producto de la impotencia de lograr ciertos cambios a través de los canales establecidos, buscando un «reset» del sistema para barajar las cartas a favor del gobierno.
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