La Procuraduría General de la Nación lanzó una nueva advertencia sobre la contratación asociada a la producción de pasaportes en Colombia, al señalar que los acuerdos firmados en los últimos meses ya comprometen recursos públicos por un monto superior al billón de pesos. El organismo de control puso el foco en la acumulación de contratos con un objeto similar y en los riesgos fiscales que esto implica.
El pronunciamiento se dio tras la firma de un nuevo contrato interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, destinado a garantizar la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte. El acuerdo, publicado recientemente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), tendrá vigencia hasta finales de 2026.
La Procuraduría alerta sobre el alto impacto fiscal de los contratos de pasaportes en Colombia
Para el Ministerio Público, este nuevo instrumento jurídico despierta preocupaciones adicionales debido a que no establece con claridad la fecha exacta de inicio de su ejecución, pese a que sí fija un plazo de terminación. A esto se suma que no es un hecho aislado: se trata del cuarto contrato suscrito entre las mismas entidades con un objeto contractual prácticamente idéntico.
La Procuraduría recordó que esta situación ya había sido objeto de observaciones previas. De hecho, meses atrás presentó una demanda para buscar la anulación del convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, al considerar que en dicho proceso podrían haberse presentado irregularidades. Ese proceso continúa en curso.
Según el análisis del ente de control, al sumar los diferentes contratos interadministrativos y acuerdos de cooperación celebrados para poner en marcha el nuevo modelo de producción de pasaportes, el monto total de los recursos comprometidos supera el billón de pesos. Este paquete contractual incluye convenios firmados en 2025 y 2026, así como acuerdos con actores extranjeros orientados a la transferencia de conocimiento y a la implementación del proyecto.
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que la reiteración de contratos con el mismo propósito y el alto nivel de recursos públicos involucrados obligan a un seguimiento estricto. En su concepto, estos factores incrementan los riesgos administrativos y fiscales, por lo que requieren controles reforzados.
Ante este panorama, la Procuraduría anunció que abordará la revisión del nuevo contrato desde dos frentes: las acciones preventivas que viene adelantando para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes y las investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran abiertas por este caso.
El Ministerio Público reiteró que su interés no es frenar la prestación del servicio, sino asegurar que los procesos de contratación se ajusten a la ley, se manejen con transparencia y protejan adecuadamente los recursos del Estado, en un trámite que resulta clave para miles de ciudadanos en el país.
También puede leer: La Universidad de Antioquia solo tiene recursos asegurados hasta noviembre