Cuando Gustavo Petro llegó al poder en agosto de 2022, su propuesta más ambiciosa tenía un nombre tan seductor como impreciso: «paz total». La idea era simple en su enunciación: dialogar con todos los grupos armados simultáneamente, tratarlos como actores con agenda política, y construir una paz comprehensiva que el país nunca había logrado. Cuatro años después, la Fundación Ideas para la Paz presentó el balance. Y el balance es demoledor.
Los grupos armados ilegales suman hoy 27.121 integrantes. Un año atrás eran 22.000. El crecimiento fue del 23%. El Clan del Golfo —la organización criminal más poderosa del país— creció un 30% en un solo año. El Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, creció un 23%. El desplazamiento forzado aumentó un 85%. El secuestro —que Colombia había logrado reducir de manera sostenida durante dos décadas— creció un 133% y se urbanizó. Se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que el año anterior.
La pregunta que el gobierno nunca respondió con claridad es esta: ¿cómo se explica que cuatro años de paz total hayan producido más guerra?
La respuesta está en el diagnóstico de partida. La «paz total» partió de una premisa ideológica —no empírica— que equiparaba a todos los grupos armados con movimientos de resistencia política, víctimas de la exclusión social y el abandono estatal. Bajo ese marco, negociar era la respuesta correcta y la fuerza era el error. Lo que ese diagnóstico ignoró —o eligió ignorar— es que el grueso de la violencia en Colombia no es política: es económica. El Clan del Golfo no combate porque tenga un proyecto de sociedad alternativo. Combate porque controla el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y las rutas de contrabando. Darle mesas de diálogo y ceses al fuego a una organización así no la convierte en interlocutor político: la hace más fuerte, le da tiempo para crecer y le otorga una legitimidad que nunca mereció.
Cuatro años de esa política dejaron a Colombia con grupos más numerosos, mejor armados, con tecnología de drones que antes no tenían, con más territorios bajo su control y con más colombianos desplazados, secuestrados o amenazados.
La Fuerza Pública hizo su parte: aumentó sus acciones un 34%. Pero operar con una mano atada —cuando las negociaciones congelaban operaciones, cuando los ceses al fuego beneficiaban solo a un lado— hizo que ese esfuerzo no se tradujera en resultados.
El próximo gobierno heredará esta realidad. No puede simplemente declarar que el experimento fracasó y seguir adelante como si nada. Necesita una política de seguridad construida sobre hechos, no sobre deseos: reconocer que el crimen organizado es crimen organizado y no movimiento social; recuperar los territorios con presencia estatal real —no solo militar, sino institucional—; y devolverle a la Fuerza Pública la certeza de que cuando actúa dentro de la ley tiene el respaldo del Estado, no la desconfianza.
Colombia merece la paz. Pero la paz no se construye regalándole tiempo y espacio a quienes hacen de la guerra su negocio. Esa lección costó cuatro años y un precio humano que no debió pagarse.
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