El hecho: Desde el 20 de julio entrará en vigor el decreto que reduce el salario de los congresistas de $32 millones a $22 millones mensuales.
¿Por qué es importante?: Es la primera vez que se concreta una reducción salarial para los congresistas, tras varios intentos fallidos en años anteriores.
¿Cuál es el contexto?: La medida fue expedida por el Gobierno de Gustavo Petro y enfrenta varias demandas ante el Consejo de Estado, donde se cuestiona su legalidad.
¿A quiénes afecta y cómo?: A los congresistas y otros altos funcionarios que podrían verse impactados por el decreto, así como al Estado por el ahorro que generaría.
El dato que no se puede perder: El Consejo de Estado deberá decidir si mantiene o anula el decreto que reduce el salario de los congresistas.
El salario de congresistas ha sido uno de los puntos que más a entrado en debate en la política actual colombiana. Varios políticos han intentado rebajar el salario de estos funcionarios públicos, sin embargo Gustavo Petro, actual mandatario colombiano, consiguió este reducción salarial.
Varios miembros de la política colombiana han intentado este mismo objetivo, tal fue el caso de Álvaro Uribe en 2003 o Claudia López y Angélica en 2018, con la consulta anticorrupción. Pero estos intentos fracasaron, hasta el decreto de Petro el cual entrará en vigencia el próximo 20 de julio.
Antes del decreto, los congresistas colombianos tenían uno de los mejores salarios de la región sudamericana. Desde el 20 de julio, estos servidores públicos dejarán de recibir $32 millones de pesos, a $22 millones, esto representa un ahorro para el Estado de $62 millones.
Varios sectores se oponen al decreto
En respuesta al decreto, varios congresistas y sus alrededores han presentado demandas para que la medida se caiga, algunos argumentan que esta es un tipo de venganza política al Congreso. En el Consejo de Estado hay seis demandas de esta clase, las cuales avanzan ágilmente debido a que el decreto podría también afectar a magistrados de esta entidad.
Uno de los personajes más destacados en que el decreto caiga es el Procurador General, Gregoria Eljach, quien de acuerdo con información del medio La Silla Vacía, habría llegado al puesto gracias a senadores a quienes afecta el decreto.
Eljach afirma que el Gobierno Nacional habría sobre limitado sus competencias al hacer este decreto. La palabra final esta en el Consejo de Estado, donde el proceso avanza rápidamente.
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